La
designación de Norma Lucia Piña Hernández y Javier Laynez Potisekayer
como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por
los próximos 15 años, además de que no fue trasparente, podría volver al
supremo tribunal más moderado en temas sobre salud sexual y
reproductiva, alertaron organizaciones civiles.
Tampoco se trató de un proceso abierto y democrático, porque Enrique Peña Nieto no argumentó sus propuestas y el Senado no explicó los motivos para elegir a la ministra y ministro, aseguró a Cimacnoticias Samuel Kenny, coordinador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
En todas las candidaturas hubo duda y señalamientos de conflictos de interés y hasta de violaciones a Derechos Humanos, además de desconocimiento de las resoluciones del alto tribunal y de referencias en materia de justicia. No sabemos si los elegidos son progresistas o conservadores, lo que se conocerá hasta su desempeño.
TERNA DE MUJERES, DOBLE SIMULACIÓN
Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, aseguró que en la propuesta de la terna de mujeres para sustituir a Olga Sánchez Cordero existió una doble simulación, pues “queriendo jugar con una postura de hacerle caso a la sociedad civil”, que exigía que llegaran dos mujeres para garantizar presencia femenina en la Corte, se presentó una terna en donde ninguna de las candidatas representaba una solidez o fortaleza para llevar la perspectiva de género.
“Es sumamente lamentable lo que sucedió, dijo, porque en este país hay juristas con muchas mayores capacidades y conocimiento”, dijo y advirtió que con la designación de Piña Hernández y Laynez Potisekayer paulatinamente la Corte podría transitar a posturas más moderadas en temas que son de urgente discusión como el acceso al aborto legal y otros servicios sexuales y reproductivos.
PIÑA HERNÁNDEZ
En su comparecencia, la nueva ministra Piña Hernández, quien lleva 27 años en el Poder Judicial de la Federación, fue señalada por evadir preguntas en torno a la posible legalización de la mariguana, la eutanasia, el aborto, las candidaturas independientes, y por evitar dar su opinión sobre la tortura en México y la corrupción en el Poder Judicial.
Ante las y los legisladores, se pronunció a favor de la regularización de la mariguana pero no de la despenalización; sobre la eutanasia dijo que habría que analizar los casos concretos; y señaló que las y los ministros están legitimados al ser propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores y luego por las sentencias que emiten.
Cuando se le pidió opinión del informe sobre tortura en México, realizado por la Relatoría Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dijo que su informe se sustentó “en estadísticas y documentos” y no podía opinar ni decir si era verídico.
Sobre el principio “pro persona” y los Derechos Humanos, destacó que la SCJN determinó que cuando algún tratado internacional establezca algún derecho que se encuentre restringido por la Constitución, debe prevalecer la Constitución.
Dijo también que uno de los temas que faltaban en la Suprema Corte era “en relación a los derechos del embrión” porque desde su punto de vista podían existir problemáticas en función de los avances de la ciencia.
LAYNEZ POTISEKAYER
En su comparecencia, Javier Laynez habló de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y de las legislaciones que protegen la vida desde la concesión. Declaró que el tema no está cerrado y como ministro lo afrontaría. “Yo creo que este tema tendrá que abrirse, desgraciadamente tendrá que ser con otros amparos, es decir, con nuevas situaciones”, dijo.
El ahora ministro también dijo que, en su consideración, los efectos de la sentencia de la SCJN sobre la mariguana fueron correctos y posibilidad de ampliar los efectos de esa sentencia. También mencionó que ministro privilegiaría y protegería efectivamente los derechos de niñas y niños.
En cuando al nuevo sistema de justicia por medio de juicios orales, Laynez Potisekayer dijo que el reto será que la Suprema Corte vaya sentando criterios y jurisprudencia al respecto, y se pronunció a favor de que el alto tribunal celebre audiencias públicas, como un experimento democrático y de pluralidad.
También fue cuestionado sobre su participación en el litigio que mantuvo el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de desaparición forzada a manos del Ejército mexicano del líder Rosendo Radilla Pacheco en 1974, donde él fue parte de la defensa del Estado, tema que negó, pese a que una síntesis curricular en la Corte Penal Internacional así lo demuestra.
PANORAMA DESALENTADOR
Miguel Moguel Valdés, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación, sostuvo que tras lo ocurrido ayer en el Senado no se vislumbra un “panorama alentador” sobre las futuras decisiones de la SCJN, pues se esperaba que ante el contexto actual del país, se requería que llegan personas que contaran con formación académica y conocimiento de derecho penal y constitucional.
“Lo que hace falta son estructuras mentales que incluso sean criticas del Derecho y que hagan interpretaciones más progresivas y más igualitarias, ante las nuevas realidades que enfrentan las y los mexicanos, pero ahora lo que vamos a tener es una Corte con los mismos retos de independencia y autonomía que tenía con la designación de Medina Mora”, dijo.
Afirma el investigador: se puede pensar, de entrada, por la forma como se dio el proceso, que no serán el contrapeso del Poder Ejecutivo como se requiere.
SOCIEDAD CIVIL PODRÍA APORTAR CAMBIOS
Adelantó que desde la sociedad civil se impulsarán los cambios legislativos necesarios para tratar de quitar el privilegio que actualmente tiene el Ejecutivo en el proceso de designación de las y los ministros de la SCJN y para asegurar que en 2018 haya un proceso que cumpla con los más altos estándares de independencia y autonomía.
Humberto Guerrero enfatizó en que el Senado de la República incumplió su responsabilidad de garantizar que llegaran los mejores perfiles a la SCJN y que no se volviera a dar un escenario como el ocurrido en la cuestionada designación del ahora ministro Medina Mora.
“Al evaluar todos los perfiles, sus criterios debieron haber sido los de la más alta calidad, pero ya en el ejercicio vemos que se limitaron a ver que las y los candidatos cumplieran con los mínimos”, dijo Guerrero.
Denunció que, de entrada, ambas ternas no eran viables y que el dictamen de la Comisión de Justicia del Senado “es una mera formalidad”, ya que se redujo a informar cosas básicas, como si se entregaron los documentos completos por parte de las y los candidatos.
Concluyó que, con su decisión, las y los senadores quisieron perpetuar la lógica de simulación que se sigue a nivel nacional acerca de que se acepta la visión de la sociedad civil y que uno de los pilares del Estado mexicano es la defensa amplia de Derechos Humanos (DH).
Norma Lucia Piña Hernández y Javier Laynez Potisekayer tomaron protesta como ministros para los próximos 15 años.
Tampoco se trató de un proceso abierto y democrático, porque Enrique Peña Nieto no argumentó sus propuestas y el Senado no explicó los motivos para elegir a la ministra y ministro, aseguró a Cimacnoticias Samuel Kenny, coordinador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
En todas las candidaturas hubo duda y señalamientos de conflictos de interés y hasta de violaciones a Derechos Humanos, además de desconocimiento de las resoluciones del alto tribunal y de referencias en materia de justicia. No sabemos si los elegidos son progresistas o conservadores, lo que se conocerá hasta su desempeño.
TERNA DE MUJERES, DOBLE SIMULACIÓN
Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, aseguró que en la propuesta de la terna de mujeres para sustituir a Olga Sánchez Cordero existió una doble simulación, pues “queriendo jugar con una postura de hacerle caso a la sociedad civil”, que exigía que llegaran dos mujeres para garantizar presencia femenina en la Corte, se presentó una terna en donde ninguna de las candidatas representaba una solidez o fortaleza para llevar la perspectiva de género.
“Es sumamente lamentable lo que sucedió, dijo, porque en este país hay juristas con muchas mayores capacidades y conocimiento”, dijo y advirtió que con la designación de Piña Hernández y Laynez Potisekayer paulatinamente la Corte podría transitar a posturas más moderadas en temas que son de urgente discusión como el acceso al aborto legal y otros servicios sexuales y reproductivos.
PIÑA HERNÁNDEZ
En su comparecencia, la nueva ministra Piña Hernández, quien lleva 27 años en el Poder Judicial de la Federación, fue señalada por evadir preguntas en torno a la posible legalización de la mariguana, la eutanasia, el aborto, las candidaturas independientes, y por evitar dar su opinión sobre la tortura en México y la corrupción en el Poder Judicial.
Ante las y los legisladores, se pronunció a favor de la regularización de la mariguana pero no de la despenalización; sobre la eutanasia dijo que habría que analizar los casos concretos; y señaló que las y los ministros están legitimados al ser propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores y luego por las sentencias que emiten.
Cuando se le pidió opinión del informe sobre tortura en México, realizado por la Relatoría Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dijo que su informe se sustentó “en estadísticas y documentos” y no podía opinar ni decir si era verídico.
Sobre el principio “pro persona” y los Derechos Humanos, destacó que la SCJN determinó que cuando algún tratado internacional establezca algún derecho que se encuentre restringido por la Constitución, debe prevalecer la Constitución.
Dijo también que uno de los temas que faltaban en la Suprema Corte era “en relación a los derechos del embrión” porque desde su punto de vista podían existir problemáticas en función de los avances de la ciencia.
LAYNEZ POTISEKAYER
En su comparecencia, Javier Laynez habló de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y de las legislaciones que protegen la vida desde la concesión. Declaró que el tema no está cerrado y como ministro lo afrontaría. “Yo creo que este tema tendrá que abrirse, desgraciadamente tendrá que ser con otros amparos, es decir, con nuevas situaciones”, dijo.
El ahora ministro también dijo que, en su consideración, los efectos de la sentencia de la SCJN sobre la mariguana fueron correctos y posibilidad de ampliar los efectos de esa sentencia. También mencionó que ministro privilegiaría y protegería efectivamente los derechos de niñas y niños.
En cuando al nuevo sistema de justicia por medio de juicios orales, Laynez Potisekayer dijo que el reto será que la Suprema Corte vaya sentando criterios y jurisprudencia al respecto, y se pronunció a favor de que el alto tribunal celebre audiencias públicas, como un experimento democrático y de pluralidad.
También fue cuestionado sobre su participación en el litigio que mantuvo el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de desaparición forzada a manos del Ejército mexicano del líder Rosendo Radilla Pacheco en 1974, donde él fue parte de la defensa del Estado, tema que negó, pese a que una síntesis curricular en la Corte Penal Internacional así lo demuestra.
PANORAMA DESALENTADOR
Miguel Moguel Valdés, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación, sostuvo que tras lo ocurrido ayer en el Senado no se vislumbra un “panorama alentador” sobre las futuras decisiones de la SCJN, pues se esperaba que ante el contexto actual del país, se requería que llegan personas que contaran con formación académica y conocimiento de derecho penal y constitucional.
“Lo que hace falta son estructuras mentales que incluso sean criticas del Derecho y que hagan interpretaciones más progresivas y más igualitarias, ante las nuevas realidades que enfrentan las y los mexicanos, pero ahora lo que vamos a tener es una Corte con los mismos retos de independencia y autonomía que tenía con la designación de Medina Mora”, dijo.
Afirma el investigador: se puede pensar, de entrada, por la forma como se dio el proceso, que no serán el contrapeso del Poder Ejecutivo como se requiere.
SOCIEDAD CIVIL PODRÍA APORTAR CAMBIOS
Adelantó que desde la sociedad civil se impulsarán los cambios legislativos necesarios para tratar de quitar el privilegio que actualmente tiene el Ejecutivo en el proceso de designación de las y los ministros de la SCJN y para asegurar que en 2018 haya un proceso que cumpla con los más altos estándares de independencia y autonomía.
Humberto Guerrero enfatizó en que el Senado de la República incumplió su responsabilidad de garantizar que llegaran los mejores perfiles a la SCJN y que no se volviera a dar un escenario como el ocurrido en la cuestionada designación del ahora ministro Medina Mora.
“Al evaluar todos los perfiles, sus criterios debieron haber sido los de la más alta calidad, pero ya en el ejercicio vemos que se limitaron a ver que las y los candidatos cumplieran con los mínimos”, dijo Guerrero.
Denunció que, de entrada, ambas ternas no eran viables y que el dictamen de la Comisión de Justicia del Senado “es una mera formalidad”, ya que se redujo a informar cosas básicas, como si se entregaron los documentos completos por parte de las y los candidatos.
Concluyó que, con su decisión, las y los senadores quisieron perpetuar la lógica de simulación que se sigue a nivel nacional acerca de que se acepta la visión de la sociedad civil y que uno de los pilares del Estado mexicano es la defensa amplia de Derechos Humanos (DH).
Norma Lucia Piña Hernández y Javier Laynez Potisekayer tomaron protesta como ministros para los próximos 15 años.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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