La
ONU no respondió de manera apropiada a las denuncias de abusos sexuales
por parte de su misión de paz en República Centroafricana, según una
comisión investigadora. Crédito: ONU/Albert González Farran.
El Examen independiente sobre la explotación sexual y el abuso de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en República Centroafricana, encargado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reveló considerables fallas en su respuesta a las denuncias de abuso sexual en el país asolado por el conflicto armado.
“La
información sobre las acusaciones se pasó de escritorio a escritorio,
de bandeja de entrada a bandeja de entrada, por numerosas oficinas de
la ONU, y nadie estaba dispuesto a asumir la responsabilidad para
abordar las graves violaciones a los derechos humanos": Comisión
investigadora.
“El informe indica una (Organización de las) Naciones Unidas que no respondió de manera significativa cuando tuvo ante sí la información sobre crímenes condenables contra niños vulnerables”, declaró Ban el jueves 17, al recibir la investigación.
“Expreso mi profundo pesar de que estos niños hayan sido traicionados por la misma gente que se envió a protegerlos”, añadió.
En 2014 surgieron acusaciones contra las fuerzas internacionales que prestan servicio en la misión de paz de la ONU en República Centroafricana (Minusca) por abusos sexuales a niñas y niños del campamento de desplazados M’Poko, a cambio de comida o dinero.
Aunque los presuntos responsables, en gran medida de una fuerza militar francesa conocida como las fuerzas sangaris, no estaban al mando de la ONU, el informe revela que el foro mundial no investigó a fondo ni denunció los casos.
Por ejemplo, la sección de Derechos Humanos y Justicia de Minusca no llevó a cabo un examen a fondo de las acusaciones ni avisó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos o al gobierno francés sobre los casos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y personal de derechos humanos de la ONU en el país africano tampoco se aseguraron de que las niñas y niños afectados recibieran la atención médica adecuada y no protegieron a otras posibles víctimas.
“En cambio, la información sobre las acusaciones se pasó de escritorio a escritorio, de bandeja de entrada a bandeja de entrada, por numerosas oficinas de la ONU, y nadie estaba dispuesto a asumir la responsabilidad para abordar las graves violaciones a los derechos humanos”, según el informe.
La investigación, realizada por una comisión presidida por la exjueza de la Corte Suprema de Canadá, Marie Deschamps, también concluyó que numerosos funcionarios de la ONU no actuaron cuando se les brindó información sobre las acusaciones.
Entre los funcionarios aludidos se encuentra el ex representante especial del secretario general ante Minusca, Babacar Gaye, quien renunció en agosto de 2015 a petición de Ban, y la ex representante especial para los niños en conflictos armados, Leila Zerrougui.
En sus comentarios sobre el informe, tanto Gaye como Zerrougui negaron haber recibido información verificada, así como que su respuesta a los casos haya sido insuficiente.
“Si la representante especial para los niños en conflictos armados hubiera recibido información verificada sobre las violaciones a través de los canales formales apropiados, o si hubiera sido alertada por entidad alguna que se estaban produciendo violaciones en algún momento del período de intervención, le habría avisado al Grupo de Trabajo de Campo y a las autoridades francesas para analizar las opciones”, afirmó Zerrougui.
Para recuperar la confianza de las víctimas, las poblaciones locales y la comunidad internacional, la ONU y los países que aportan fuerzas de paz deben tomar medidas inmediatas, recomendó la comisión investigadora.
Una de esas medidas es el reconocimiento de que la explotación sexual y el abuso por parte de las fuerzas de paz, ya sea que estén o no al mando de la ONU, deben tratarse como una grave violación de derechos humanos que puede exigir el proceso penal.
Entre otras recomendaciones, la comisión también pidió la creación de una unidad de coordinación en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que supervise, denuncie y haga un seguimiento de las denuncias de abuso sexual, así como una política de notificación obligatoria e inmediata.
La comisión también sugirió la creación de un fondo fiduciario para prestar servicios especializados a las víctimas de la violencia sexual derivada de los conflictos armados, y la negociación con los países que aportan contingentes para que investiguen los antecedentes de sus soldados y procesen los delitos de violencia sexual.
Si bien aceptó las conclusiones del informe, el secretario general de la ONU declaró que tiene la intención de actuar “sin demora” para abordar los problemas sistémicos, la fragmentación y otras cuestiones relativas a los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de paz.
“A las víctimas no les importa el color del casco o del uniforme que usan aquellos que vienen a protegerlos”, destacó Ban.
“La explotación sexual y el abuso de poder no tienen lugar en las Naciones Unidas o en el mundo de la dignidad de todo aquello que intentamos”, concluyó.
Desde principios de la década de 1990, se registraron casos de abusos sexuales cometidos por las fuerzas de paz de la ONU en todo el mundo, desde Haití hasta Camboya, pasando por Kosovo.
Aunque el secretario general adoptó una política de tolerancia cero en 2003, y esta se reiteró en 2015, la misma tuvo poco efecto.
Solo en 2014 hubo 79 casos de explotación y abuso sexual, 51 de los cuales correspondieron a misiones de paz y misiones políticas especiales.
Teniendo en cuenta las fallas concernientes a la investigación y la denuncia de estos casos, la comisión investigadora señala que es probable que su incidencia sea muy superior a los que se denuncian.
Traducido por Álvaro Queiruga
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