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| Arturo Escobar, exdirigente del PVEM. Foto: Octavio Gómez Jenaro Villamil |
MÉXICO,
DF (apro).- Es tan cínico todo en el caso de Arturo Escobar,
exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
exsubsecretario de Gobernación desconocido por las propias
organizaciones sociales, que uno vuelve a la tiránica conclusión: el
sistema político mexicano está podrido.
No es una anécdota más el caso de Arturo Escobar. Es el modus operandi de una cleptocracia que se enquistó con Peña Nieto en medio de la ilusa idea de que el retorno del PRI a la Presidencia de la República permitiría un gobierno más eficaz.
Lo más indigno de este episodio es la evidente utilización de un medio impreso, El Universal,
para inducir una campaña de desacreditación del fiscal especial para
asuntos electorales, Santiago Nieto Castillo, quien ahora resulta ser
desconfiable por no haber revelado que trabajó como asesor de la bancada
del PRD en el Senado y porque pidió reservar sus declaraciones ante la
Secretaría de la Función Pública.
Ahora la SFP es una gran institución heroica que vigila a los funcionarios, pero sólo a los incómodos para los intereses del peñismo. Es la misma SFP que después de seis meses de pésima investigación exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de tener “conflictos de interés” por adquirir mansiones del contratista consentido del Grupo Atlacomulco, el dueño del Grupo HIGA.
El pasado 8 de diciembre, los dirigentes del PVEM presentaron una denuncia contra Nieto Castillo por “revelar información de una averiguación previa y mantener un conflicto de interés en el cargo”.
Con agilidad inusitada, la juez de Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes Mejía, determinó que no procedía la orden de aprehensión contra Escobar y ayer 14 de diciembre la PGR decidió no impugnar la resolución de esta juez y “subsanar” los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional.
La presunta revelación irregular de una averiguación previa es una patraña. Los hechos delictivos de Arturo Escobar por la expedición de 10 mil tarjetas Premia Platino y otras irregularidades de esa mafia verde están en los estrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Han sido ventilados públicamente todos los días.
Como bien señala el senador panista Javier Corral, “resulta vergonzoso que la primera vez que un fiscal se toma en serio su papel, le venga una andanada para desanimar el ejemplo”. Es un mensaje mafioso no sólo al fiscal sino a todas las autoridades electorales o responsables de combatir la corrupción.
Escobar y el Partido Verde constituyen la omertá del peñismo. Su corrupción forma parte del pacto de silencio que permitió al Grupo Atlacomulco llegar al poder en el 2012 y mantener esa frágil y maquillada mayoría legislativa en el 2015 a costa de las trapacerías y flagrantes violaciones electorales del Verde.
El Verde, como bien han señalado muchos analistas, es una negación en todos sus términos. No es un partido, es una franquicia al servicio de los mejores postores. No es Verde porque la ecología es sólo una utilización facciosa de una causa. Es el único partido medio ambientalista del mundo que defiende ideas tan retrógradas como la pena de muerte y a ningún juez se le ocurre por eso negarle el registro. Es un club de Mirreyes o de Juniors de la política que tiene una mano puesta en la telecracia y la otra en la cleptocracia.
A través del Partido Verde el peñismo y el priismo que lo acompaña experimentaron todas las jugadas sucias posibles. Se lavaron las manos de sus abiertas violaciones a la ley electoral en 2015 diciendo “es el Verde”. El típico juego: ellos hacen el trabajo sucio para que nosotros mantengamos el poder y, a cambio, les brindamos dinero, impunidad, negocios.
El presunto lavado de dinero que se deduce en cada una de sus descaradas actividades no es exclusivo de ellos. De hecho, carecen de imaginación propia. Es una extensión de las prácticas peñistas en el Estado de México y que se extendieron a otras entidades. Es un reciclaje de la corrupción y los negocios del Grupo Atlacomulco.
Le sirven a quien invierte y paga para mantenerlos constantes: sean las televisoras, el Grupo Atlacomulco, los jefes de facción priistas, los gobernadores que los usan, incluyendo a no pocos panistas, los grupos empresariales que cabildean las ideas más delirantes a través de ellos.
El Partido Verde es el modelo de decadencia opositora que el peñismo quisiera imponer en los otros partidos. Es un maquillaje de oposición y disidencia. Es una simulación total. Todos pueden formar parte de la mafia, de la omertá, siempre y cuando garanticen silencio y docilidad, y no les pasa nada.
Lo más grotesco es que el supuesto periodismo realizado para “desenmascarar” al fiscal Nieto Castillo documente que fue asesor del PRD, pero ignoran que todos los senadores lo sabían, fue pública su participación como asesor de la reforma político-electoral.
Y Nieto Castillo fue aprobado como titular de la FEPADE con 79 votos a favor, de todas las bancadas, incluyendo la del PRI, ninguno en contra y una abstención.
Ahora, los priistas en el Senado se rasgan las vestiduras por órdenes de un poder muy superior al que siempre han servido. No quieren asumir que en esta decisión ellos se vuelven responsables de la falta de legitimidad de todo el sistema electoral y de partidos.
Twitter: @JenaroVillamil
www.homozapping.com.mx
No es una anécdota más el caso de Arturo Escobar. Es el modus operandi de una cleptocracia que se enquistó con Peña Nieto en medio de la ilusa idea de que el retorno del PRI a la Presidencia de la República permitiría un gobierno más eficaz.
Ahora la SFP es una gran institución heroica que vigila a los funcionarios, pero sólo a los incómodos para los intereses del peñismo. Es la misma SFP que después de seis meses de pésima investigación exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de tener “conflictos de interés” por adquirir mansiones del contratista consentido del Grupo Atlacomulco, el dueño del Grupo HIGA.
El pasado 8 de diciembre, los dirigentes del PVEM presentaron una denuncia contra Nieto Castillo por “revelar información de una averiguación previa y mantener un conflicto de interés en el cargo”.
Con agilidad inusitada, la juez de Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes Mejía, determinó que no procedía la orden de aprehensión contra Escobar y ayer 14 de diciembre la PGR decidió no impugnar la resolución de esta juez y “subsanar” los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional.
La presunta revelación irregular de una averiguación previa es una patraña. Los hechos delictivos de Arturo Escobar por la expedición de 10 mil tarjetas Premia Platino y otras irregularidades de esa mafia verde están en los estrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Han sido ventilados públicamente todos los días.
Como bien señala el senador panista Javier Corral, “resulta vergonzoso que la primera vez que un fiscal se toma en serio su papel, le venga una andanada para desanimar el ejemplo”. Es un mensaje mafioso no sólo al fiscal sino a todas las autoridades electorales o responsables de combatir la corrupción.
Escobar y el Partido Verde constituyen la omertá del peñismo. Su corrupción forma parte del pacto de silencio que permitió al Grupo Atlacomulco llegar al poder en el 2012 y mantener esa frágil y maquillada mayoría legislativa en el 2015 a costa de las trapacerías y flagrantes violaciones electorales del Verde.
El Verde, como bien han señalado muchos analistas, es una negación en todos sus términos. No es un partido, es una franquicia al servicio de los mejores postores. No es Verde porque la ecología es sólo una utilización facciosa de una causa. Es el único partido medio ambientalista del mundo que defiende ideas tan retrógradas como la pena de muerte y a ningún juez se le ocurre por eso negarle el registro. Es un club de Mirreyes o de Juniors de la política que tiene una mano puesta en la telecracia y la otra en la cleptocracia.
A través del Partido Verde el peñismo y el priismo que lo acompaña experimentaron todas las jugadas sucias posibles. Se lavaron las manos de sus abiertas violaciones a la ley electoral en 2015 diciendo “es el Verde”. El típico juego: ellos hacen el trabajo sucio para que nosotros mantengamos el poder y, a cambio, les brindamos dinero, impunidad, negocios.
El presunto lavado de dinero que se deduce en cada una de sus descaradas actividades no es exclusivo de ellos. De hecho, carecen de imaginación propia. Es una extensión de las prácticas peñistas en el Estado de México y que se extendieron a otras entidades. Es un reciclaje de la corrupción y los negocios del Grupo Atlacomulco.
Le sirven a quien invierte y paga para mantenerlos constantes: sean las televisoras, el Grupo Atlacomulco, los jefes de facción priistas, los gobernadores que los usan, incluyendo a no pocos panistas, los grupos empresariales que cabildean las ideas más delirantes a través de ellos.
El Partido Verde es el modelo de decadencia opositora que el peñismo quisiera imponer en los otros partidos. Es un maquillaje de oposición y disidencia. Es una simulación total. Todos pueden formar parte de la mafia, de la omertá, siempre y cuando garanticen silencio y docilidad, y no les pasa nada.
Lo más grotesco es que el supuesto periodismo realizado para “desenmascarar” al fiscal Nieto Castillo documente que fue asesor del PRD, pero ignoran que todos los senadores lo sabían, fue pública su participación como asesor de la reforma político-electoral.
Y Nieto Castillo fue aprobado como titular de la FEPADE con 79 votos a favor, de todas las bancadas, incluyendo la del PRI, ninguno en contra y una abstención.
Ahora, los priistas en el Senado se rasgan las vestiduras por órdenes de un poder muy superior al que siempre han servido. No quieren asumir que en esta decisión ellos se vuelven responsables de la falta de legitimidad de todo el sistema electoral y de partidos.
Twitter: @JenaroVillamil
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