En las procuradurías de justicia del país persiste una
negativa a indagar los feminicidios. La mayoría de las carpetas de
investigación por esos casos se abren por homicidios dolosos, lo que
constituye una alerta en el acceso a la justicia, señala la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el Diagnóstico de acceso a la justicia y violencia feminicida
–elaborado por el organismo nacional y por la Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa– se informa que en 2016 se cometieron mil 662
homicidios de mujeres en el país, y sólo 3.39 por ciento (84 casos) se
reportaron como feminicidios; 69.43 se clasificaron como homicidios
culposos y 25.61 como dolosos.
El porcentaje tan bajo de carpetas abiertas por feminicidio representa la resistencia de las instancias de justicia para investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, como establecen los estándares internacionales, advierte la CNDH en el texto.
El estudio se hizo con base en información que se solicitó a las
instancias de procuración de justicia de las 32 entidades y a la
Procuraduría General de la República, a fin de obtener datos
cuantitativos y cualitativos sobre cómo se registran los homicidios
dolosos y los feminicidios.
Según el diagnóstico, entre 2015 y 2018 se redujo la diferencia entre
las carpetas de investigación abiertas por feminicidio y homicidio
doloso, al pasar de 60.91 a 52.44 puntos porcentuales de diferencia.
Sin embargo, en algunas entidades la situación se agudiza, en
particular Baja California Sur, que no remitió información sobre
feminicidios al señalar que no cuenta con ese tipo penal. Al contrario,
en 2018, sólo Sinaloa y Yucatán reportaron la totalidad de asesinatos de
mujeres como feminicidios y no como homicidios dolosos.
La CNDH enfatiza que muchas procuradurías del país no cumplen con el
Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que dispuso investigar
las muertes violentas de mujeres bajo protocolos de feminicidio,
lo que por sí mismo constituye una alerta en el acceso a la justicia.
Advierte que hay vacíos alarmantes en las instancias de procuración
de justicia para recabar información relacionada con los perfiles y
edades de las víctimas, así como las circunstancias en las que se
cometió el delito, lo que convierte en regla la impunidad.
Cuando se cuenta con información incompleta se pudo advertir que
82.42 por ciento de las mujeres asesinadas en 2016 en México eran
mayores de 18 años y 11.53 fueron niñas y adolescentes.
Un dato significativo es la relación con el agresor. En 144 casos,
10.64 por ciento era su pareja, y en 74 casos, 5.47, algún familiar. Sin
embargo, 69.54 de las entidades de procuración de justicia, no dieron
información sobre este punto.
Además, 28.11 por ciento de ellas eran empleadas (457 casos), 22.39
amas de casa (364 casos), 49.51 (805) son reportadas con ocupaciones
como cajeras, enfermeras, meseras, obreras, profesionistas
independientes, edecanes, servidora pública, entre otras.
Los resultados revelan que 21.42 por ciento de las víctimas
pertenecían a un estrato socioeconómico bajo, 17.54 al medio bajo y 20
por ciento al medio.
La mayoría de víctimas en 2016 eran de estrato socioeconómico baja a media.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
No hay comentarios.:
Publicar un comentario