Urge garantizar salud reproductiva: GIRE
Para
avanzar hacia condiciones que permitan a las mexicanas decidir sobre su
salud reproductiva el Estado debe orientar sus esfuerzos para atender
el embarazo adolescente y la violencia obstétrica, prevenir las muertes
maternas, garantizar el acceso de las mujeres a la seguridad social y
despenalizar el aborto, consideró el Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE).
En el contexto de cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel
López Obrador a la Presidencia de México, en noviembre de 2018 la
organización GIRE publicó el informe “La pieza faltante. Justicia
reproductiva”, donde delinea cinco temas que deben ser prioritarios por
el Estado para garantizar la salud sexual y reproductiva de las
mexicanas.
EMBARAZO ADOLESCENTE
La atención a los elevados números de casos de niñas y adolescentes
embarazadas es una de estas urgencias toda vez que México mantiene la
tasa más alta de fecundidad adolescente entre los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 73.6
nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 a 19 años de edad.
Según el informe, únicamente en 2017 más 390 mil niñas y adolescentes
se convirtieron en madres, lo que equivale a uno de cada seis
nacimientos ocurridos en el país. Además, en promedio al día, hubo dos
nacimientos de madres entre 10 y 11 años de edad.
GIRE indica que este número elevado de embarazos en niñas y
adolescentes en México no sólo debe asociarse con el inicio temprano de
la vida sexual o falta de información sobre uso y acceso a
anticonceptivos, también se tienen que considerar los altos índices de
violencia sexual que hay en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, 10
por ciento de las mujeres que reportaron haber tenido un embarazo
adolescente vivieron violencia sexual.
Por ello la agrupación civil considera necesario que el personal de
salud de todo el país cumpla con su obligación de proporcionar
información y servicios de interrupción del embarazo producto de una
violación sexual, como estipula la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046).
Esto porque de 2012 a septiembre de 2018 GIRE ha acompañado 38 casos
de negación de servicios de aborto, 26 de los cuales corresponden a
mujeres menores de edad a quienes las autoridades les ha obstaculizado
este derecho.
Otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en las que
incurren las autoridades es la negación de métodos anticonceptivos. GIRE
señala que realizó solicitudes de información a centros de salud
públicos sobre si las personas menores de 18 años deben cubrir algún
requisito para solicitar información relacionada con anticonceptivos, a
lo que, por ejemplo, el Hospital de la Mujer que depende la Secretaría
de Salud, respondió que los menores de edad deben contar con “la firma
de consentimiento de sus padres”.
Ello a pesar de que desde 2015 la Norma Oficial Mexicana 047 define
que las y los adolescentes pueden solicitar al personal de salud
consejería en materia de planificación familiar acompañados o no por su
madre, padre, tutor o representante legal.
“La respuesta enviada por el Hospital de la Mujer evidencia total
desconocimiento del marco normativo que prevé la obligación del Estado
de garantizar a las y los adolescentes el derecho a la información y
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”, indica la
organización en su informe.
VIOLENCIA OBTÉTRICA
En relación a la violencia obstétrica, que es la violencia
institucional que viven las mujeres durante el embarazo, parto y
puerperio, la organización señala que el Estado debe transformar las
condiciones estructurales del sistema de salud y no individualizar el
problema al penalizar al personal de salud, considerando los obstáculos
que enfrentan para realizar su trabajo en óptimas condiciones.
Apenas en 2017 se tuvo conocimiento de la dimensión de la violencia
obstétrica en México, fue en el último censo de la Endireh que se
incorporó por primera vez preguntas destinadas a evaluar la experiencia
de las mujeres durante su último parto. La encuentra reveló que de las
8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y
2016, un 33 por ciento sufrió maltrato por el personal que la atendió.
Asimismo por medio de peticiones de información a las instituciones
de salud federales y locales, GIRE reporta que de 2012 a septiembre de
2018 la Secretaría de Salud recibió 11 quejas por violencia obstétrica;
el Instituto Mexicano del Seguro Social recibió de 427; el ISSSTE unas
239, los servicios de salud Pemex y la Secretaría de Marian tuvieron,
respectivamente, seis y una.
En las instituciones de salud locales la organización contó un total
de 867 quejas por violencia obstétrica, resalta que en Chiapas,
Guerrero, Campeche, Morelos Colima Tamaulipas, Yucatán y Coahuila no
hubo ninguna denuncia. En tanto, Baja California con 200 denuncias y la
Ciudad de México con 101 son las entidades con el mayor número de casos.
En el mismo periodo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
recibió 567 quejas por violencia obstétrica, la mayoría concluidas
durante el trámite, por no existir materia o por falta de interés,
indicaron. Sólo se emitieron 40 recomendaciones en las que se prevé
medidas de reparación por violaciones a Derechos Humanos de las mujeres.
MUERTE MATERNA
Otro esfuerzo que debe realizar el Estado es la atención a las
muertes maternas, GIRE cree que se puede lograr a partir del acceso
universal a servicios de salud obstétrica de calidad sin importar la
derechohabiencia.
Según el informe, de 2012 a 2016 en México se han registrado 4 mil
283 muertes maternas, es decir, en promedio mueren 857 mujeres al año y
dos al día por causas prevenibles durante el proceso obstétrico. Estas
fallas en el sistema de salud tienen un impacto particular para las
mujeres de comunidades indígenas, en 2015 un 11 por ciento del total de
muertes maternas en el país correspondieron a esta población.
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
En los primeros meses de la nueva administración uno de los temas que
ha avanzado son las propuestas que buscan despenalizar el aborto en
todo el país. Actualmente cada entidad federativa establece en qué
circunstancias se puede abortar y las sanciones qué podría generar de no
cumplirlas, únicamente en la Ciudad de México la interrupción del
embarazo es voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, desde 2007.
Ante este contexto GIRE defiende que la despenalización del aborto es
una deuda que tienen el Estado mexicano con las mujeres, pues señala
que mientras “se siga considerando como un delito en lugar de un
servicio de salud” las mujeres seguirán colocando sus vidas en riesgo.
Las propuestas legislativas actuales que se discuten sobre la
despenalización del aborto han generado que los grupos conservadores
impulsen reformas a las constituciones estatales para “proteger la vida
desde el momento de la concepción”. GIRE recuerda que la última
modificación de este tipo ocurrió en septiembre de 2018 en Sinaloa y
recientemente, en diciembre, la presión social logró vetar una propuesta
similar en Aguascalientes.
No obstante, hasta ahora 19 constituciones estatales tienen esta
disposición que si bien no constituye un obstáculo para que las mujeres
aborten por medio de las causales existentes en cada ley local, sí
genera un clima de incertidumbre sobre el acceso a la interrupción del
embarazo tanto en el personal de salud como en la población en general.
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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