Halló Evidencia de violaciones de derechos
El 7 de junio de 1998 fueron masacrados 10 indígenas y un estudiante en esa localidad de Guerrero
La masacre a manos de elementos del Ejército mexicano de
11 personas –10 indígenas na savi (mixtecos) y un estudiante
universitario– en la comunidad El Charco del municipio de Ayutla de los
Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998, será analizada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a los intentos que el Estado mexicano realizó durante la
administración de Enrique Peña Nieto para que el caso no fuera revisado a
escala internacional, el organismo regional admitió hace unos días la
solicitud efectuada por algunos sobrevivientes, familiares de las
víctimas y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), al
considerar que hay elementos que podrían derivar en violaciones a las
garantías fundamentales.
El 6 de junio de aquel año, en la escuela primaria rural Caritino
Maldonado Pérez se celebró una asamblea en la que participaron unas 70
personas entre indígenas de la región y presuntos integrantes del
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Algunas versiones
señalan que se habló sobre proyectos productivos y otras afirman que se
abordó la lucha del movimiento guerrillero. En la madrugada del
siguiente día, quienes ahí pernoctaban fueron sorprendidos por el
Ejército, que de acuerdo a los pobladores fue el primero en abrir fuego,
aunque la parte oficial señaló que los militares sólo respondieron al
ataque de quienes se encontraban en el colegio.
El operativo concluyó con 10 indígenas na savi y un estudiante de la
Universidad Nacional Autónoma de México muertos, cinco personas heridas y
21 detenidos.
Tras un largo proceso por alcanzar justicia en México, algunos
sobrevivientes y familiares de las víctimas llevaron el caso ante la
CIDH en el segundo semestre de 2015. El organismo internacional solicitó
al gobierno mexicano un informe sobre los hechos, y éste respondió 13
meses después (en diciembre de 2016) y fuera del tiempo. Negó
violaciones a derechos humanos con el argumento de que
se trató de un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y soldadosy pidió que el caso no fuera admitido.
Pese a esos argumentos, la CIDH recientemente hizo llegar a la
RSDCIAC el informe de admisibilidad, por lo que ahora los comisionados
analizarán los hechos y tras conocer todas las posiciones emitirán un
informe de fondo. Mañana, en conferencia, sobrevivientes e integrantes
de la agrupación civil darán a conocer los detalles de dicha admisión.
Magdalena López, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, destacó la
importancia de que estos hechos sean analizados por la CIDH, pues se
trata del primer caso en el que directamente están implicados elementos
del Ejército en abusos contra una comunidad –en otros habían sido
paramilitares– y en el que también se reconoce la presencia guerrillera
en una comunidad na savi.
Es un caso que muestra las atrocidades en las que ha incurrido en Ejército y que hoy retoma relevancia ante el proyecto de mantener a las fuerzas armadas en las calles (con el proyecto de la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador), señaló.
Reconoció que en junio pasado varias viudas de las víctimas mortales
de El Charco decidieron no seguir con el proceso ante la CIDH debido a
que deseaban ser beneficiarias de proyectos productivos que en su
momento ofrecieron los gobiernos federal y estatal, con la condición de
que se desistieran de continuar el caso ante el organismo internacional.
Sobre los señalamientos de las esposas de algunos asesinados en el
sentido de que la RSDCIAC les habría demandando 250 mil pesos para
mantener la petición ante la CIDH, López aclaró que en efecto, las
familias aportaron 200 mil pesos, pero fue por un acuerdo y no se les
obligó, pues el costo de todo el proceso internacional ha rebasado los
900 mil pesos para la agrupación.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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