En Sonora, la iniciativa para armonizar el marco legislativo que
protege los derechos y libertades de las mujeres en materia de violencia
digital de género se presentó en marzo pasado. Fue la gobernadora del
estado, Claudia Pavlovich, quien personalmente la entregó en un acto
protocolario al congreso estatal, a representantes de diversas
comisiones de la 62 legislatura.
En el acto había también invitados especiales como la fiscal general
de Justicia del estado, Claudia Indira Contreras, y el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez. Así de importante era
la iniciativa que aparentemente unía a todas las bancadas partidistas,
pues era un tema en el que todas y todos estaban de acuerdo. Después
vimos que no fue así.
“Se trata de una ley que protegerá a las mujeres de ciberacoso, ciber
violencia y ciber chantaje, entre otras”, se leía en los medios el 5 de
marzo del 2020. Todos estaban felices, era una fiesta de unidad en
torno a una propuesta, que como pocas, parecía que saldría pronto y
entraría en vigencia inmediatamente.
No solo eso, para las feministas esto era por fin el reconocimiento
de que las mujeres somos dueñas de nuestra intimidad sexual, rompiendo
con la imposición histórica de que nuestra sexualidad es de y para los
demás. La “Ley Olimpia” es una reapropiación nada menos que de la
sexualidad de las mujeres para sí mismas, de ahí la sanción si no hay
consentimiento.
Cuatro meses han transcurrido, mismos que han coincidido con la
vivencia de la pandemia. Las condiciones de confinamiento y
distanciamiento social han favorecido la imposibilidad de reuniones,
manifestaciones, y actos de análisis presencial entre ciudadanas y
quienes legislan.
La iniciativa de la gobernadora coincidía con la convocatoria al
Parlamento de Mujeres organizado por la Comisión de Igualdad de Género
que preside la diputada Alicia Gaytán, y con algunas propuestas
ciudadanas que se presentaron en ese foro para legislar la violencia
digital.
La propuesta gubernamental pretende reformar el Código Penal, el
Código Civil, la Ley Estatal de Responsabilidades y la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos para el estado de
Sonora.
Mientras toda la atención estaba en la pandemia, el congreso
sesionaba en periodo extraordinario, y fue así que, en un desafío
inusitado, el jurídico del congreso, afín al Partido Revolucionario
Institucional, incluyó en el dictamen del 12 de junio un artículo que a
todas luces llevaba como objetivo acallar las voces que monitorean a las
personalidades políticas y las exhiben en situaciones relacionadas con
su quehacer político.
El jurídico se atrevió a incluir algo que no estaba en la iniciativa y
que ninguna diputada o diputado había solicitado. El dictamen estaba
sucio, manchado por la manipulación de una facción política en lo que
toda la sociedad vio como un intento de aplicar la “Ley Mordaza”,
aprovechando el proceso de legislación de la “Ley Olimpia”.
En el dictamen del 12 de junio se pretendía sancionar a: “Quien por
cualquier medio relacionado con Tecnologías de la Información y/o de la
Comunicación, sin el consentimiento de la persona que legalmente deba
proporcionarlo, publique, revele, divulgue, o difunda información
apócrifa, editada o alterada, así como amenazas, mensajes de odio, en
perjuicio de su intimidad, imagen pública o su derecho a la no
alteración de identidad personal, se le impondrá de cuatro a seis años
de prisión y de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y
Actualización. La pena se agravará en una mitad cuando:
I. La acción nuclear recaiga sobre contenido sexual, atente contra la dignidad o el libre desarrollo emocional; II. Sea cometido por alguna persona servidora pública o integrante de las instituciones de Seguridad Pública en ejercicio de sus funciones, incluyendo a los integrantes de órganos ciudadanos que reciban recursos públicos; III. La acción se cometa con el objeto de denigrar, afectar o perjudicar la imagen política o social de una persona;”.
La “Ley Olimpia” perdía su espíritu, pues lo que pretendía proteger,
la intimidad sexual de las mujeres, de pronto se convertía en una ley
para impedir la crítica, y la circunstancia del contenido sexual se
convertía solo en uno de los supuestos.
En respuesta, el “Observatorio Contra el Acoso México”, con sede en
Hermosillo, Sonora, se pronunció a través de un comunicado en contra de
cualquier acción que se aleje de la finalidad que tiene esta ley a favor
de las mujeres, adolescentes y niñas, ya que esa ley fue propuesta para
garantizar el respeto a la intimidad sexual de las mujeres, no para ser
usada a beneficio de nadie más que el de la seguridad e integridad de
las víctimas.
Por esa irregularidad en donde el jurídico se arrogó facultades que
son propias de las y los legisladores, la Comisión de Igualdad de Género
pidió que se rehiciera el documento, lo cual se aceptó.
Sin embargo, lo volvieron a hacer. El 21 de julio sesionaron las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Igualdad de Género
unidas, para dictaminar la “Ley Olimpia”, pero cuál no sería la
sorpresa, que el PRI insiste en utilizarla para aplicar sanciones a las
voces críticas.
La forma se ha sofisticado, ya no es tan burdo y claro, sino que lo
llevan a la discusión de una palabra, pero ¡Qué palabra! es el término
crucial para legislar la “Ley Olimpia”, casi podemos decir que, si no
está, es otra la ley que se está dictaminando.
El PRI insiste en hablar de “intimidad”, pero las diputadas Alicia
Gaytán, Miroslava Luján y María Dolores del Río, de Morena y Movimiento
Ciudadano respectivamente, observan que debe decir “intimidad sexual”,
pues de otra forma se pierde el espíritu de la Ley.
Esto es en el Código Penal de Sonora, al cual se está proponiendo
también retirar como delito el sexting que erróneamente se había
incluido como conducta delictiva, e incluir el delito de: “violación a
la intimidad”.
El problema ahora es que la composición de las comisiones
dictaminadoras incluye a diputadas y diputados que, a juzgar por la
sesión virtual del 21 de julio, actúan por un lineamiento establecido
afín al PRI, pues en sus intervenciones exhibieron su desconocimiento
sobre los antecedentes y objetivos de la “Ley Olimpia”, incluso
confundiendo casos mediáticos, y comentando que no eran de carácter
sexual, cuando justo el ataque fue a la intimidad sexual.
La votación no arrojó un dictamen pues hubo empate. Con esto la Ley
Olimpia en Sonora sigue en el aire, se retrasa una vez más, pues no hay
fecha para la siguiente sesión de comisiones. Votan legisladores que no
conocen el tema, otras y otros permanecen callados, solo cierran filas
con quien la está deteniendo para brindarle su voto.
Sonora sigue en rezago de armonización legislativa para garantizar el ejercicio de todos los derechos para todas y todos.
20/SNE/LGL
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