Ciudad de México. La organización Internacional
“Global Witness” registró el asesinato de 212 personas defensoras de la
tierra y del medio ambiente durante 2019 y encontró que una cada 10 eran
mujeres.
El su reciente informe “Defender el mañana”, que se presentó esta
semana a nivel mundial, se indica que 4 de los 5 países más peligrosos
(entre los 21 países examinados) para la defensa del medio ambiente son
latinoamericanos. México ocupa el cuarto lugar con 18 asesinatos de
personas defensoras.
El reporte muestra que en América Latina más de la mitad de los
asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería.
También destaca que las mujeres suelen ser el pilar de su comunidad,
asumiendo una mayor responsabilidad en el cuidado de la niñez y de las
personas adultas mayores, al mismo tiempo que intentan ganarse la vida y
ejercer su labor como activistas.
En el caso de México, uno de los ataques documentados fue el que
ocurrió contra Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20 años,
Gregorio Chaparro Cruz, quienes fueron encontrados muertos fuera de su
casa el 1 de mayo de 2019, en el noroeste del país, en los límites de
Chihuahua y Sinaloa.
De acuerdo con las indagaciones de la organización, asesinos a
sueldo, supuestamente por encargo de los madereros, dispararon contra
los dos defensores indígenas tarahumaras como represalia por su lucha
para detener la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales en la
Sierra Madre.
Más de una docena de personas defensoras tarahumaras ha sido
asesinada en los últimos años, incluido otro miembro de la familia de
Otilia y Gregorio, Julián Carrillo. Su asesinato, ocurrido en 2018, se
incluyó en el informe “¿Enemigos del Estado?”.
En Colombia, donde 64 personas defensoras fueron asesinadas en 2019,
la defensora Francia Márquez y otros líderes ambientales y sociales
fueron atacados por hombres armados en la ciudad de Lomitas, en mayo del
año pasado.
Aunque el grupo que los atacó lanzó una granada, nadie murió. Francia
es una de las defensoras afrodescendiente más reconocida de Colombia.
En 2018 ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su activismo y
esa no fue única vez que fue atacada por su labor como defensora.
El documento enfatiza que las mujeres que actúan y se manifiestan
también pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la
violencia sexual. A su vez, si otros miembros de su hogar son personas
defensoras, también ellas pueden convertirse en un objetivo de los
agresores.
La organización también señala en su informe que las mujeres que
defienden su derecho a la tierra y a un medio ambiente sano se enfrentan
a amenazas específicas, además de las que enfrentan los hombres; por
ejemplo, las campañas de difamación suelen centrarse en su vida privada,
con contenido sexista o sexual explícito.
Las mujeres defensoras también son víctimas de la violencia sexual,
que normalmente no es denunciada, y que se utiliza como táctica para
silenciarlas. Además, si que ocupan puestos de liderazgo suelen ser
estigmatizadas por oponerse a los roles de género tradicionales.
En este contexto, “Global Witness” expone que la defensa de estos
derechos se puede ejercer de manera segura sólo cuando los Estados, las
empresas y los inversionistas actúen para abordar las causas
estructurales del conflicto, salvaguarden los derechos de las personas
defensoras y garanticen la rendición de cuentas cuando ocurren ataques.
Para atender la problemática la organización recomendó a los Estados
resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras a través de
medios legales; garantizar que ningún proyecto empresarial se desarrolle
sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y
exigir la evaluación previa y completa de los posibles impactos
ambientales y sociales de las operaciones comerciales y las políticas
propuestas, entre otras medidas.
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