Ciudad de México. América Latina registró nuevos
patrones de violencia contra las mujeres durante la pandemia, como
aumento en tasa de feminicidio y violencia sexual, disminución en
denuncias y restricción de la libertad, de acuerdo con el Mecanismo de
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
La Mesecvi es un mecanismo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) cuya función es evaluar las estrategias y políticas de
cada país de la región para atender la violencia contra las mujeres.
Desde el inicio de la pandemia, este mecanismo advirtió sobre un
posible incremento de la violencia contra las mujeres derivado del
confinamiento y otras medidas adoptadas por los Estados para hacer
frente a la COVID-19.
Cinco meses después de esta advertencia, la Mesecvi identificó como
parte de su informe “La violencia contra las mujeres frente a las
medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19” que en las
Américas,algunos países y gobiernos locales dieron cuenta de un
incremento de hasta 80 por ciento en las llamadas a las líneas
telefónicas que brindan atención y orientación en casos de violencia. Al
mismo tiempo, las llamadas a líneas telefónicas por parte de hijas o
hijos o familiares de mujeres víctimas de violencia también aumentaron
con la cuarentena.
Varios países, observó este Mecanismo, identificaron que el alto
consumo de alcohol estaría relacionando con los casos de violencia en el
hogar registrados durante la cuarentena. Otros Estados reportaron que, a
pesar de la disminución general de la criminalidad, se registró un
aumento en los casos de violencia en el hogar, abuso sexual en niñas,
casos de feminicidio consumados o frustrados, y casos de agresores
liberados de prisión como medida para contener el COVID-19 que
asesinaron a sus exparejas luego de su liberación.
En Argentina, por ejemplo, la sociedad civil dio cuenta de que 25 por
ciento de los casos de feminicidio en el 2020 sucedieron en el marco de
las restricciones de circulación preventiva del contagio de
coronavirus, la mayoría ocurrieron en la vivienda de la víctima o la
compartida con el agresor.
Por otra parte, en Chile y Uruguay se registró una disminución en el
número de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, pero al
mismo tiempo hubo un aumento en casos de feminicidio, “lo que podría
indicar las limitaciones para efectuar una denuncia”, explicó el
Mesecvi.
Como parte de este cambio de patrones se identificó también un
aumento de casos de violencia física y psicológica en el ámbito privado.
En estos casos, la violencia fue perpetrada principalmente por parejas,
exparejas y familiares.
Por otro lado, en Bolivia, muchos agresores que contaban con prisión
preventiva por violencia de género fueron liberados. “Esta medida no
tuvo en cuenta el efecto o la protección debida, a las víctimas de estos
delitos”, determinó el Mecanismo.
Asimismo se identificó un aumento de violencia sexual contra las
niñas perpetrada por parientes cercanos en los hogares, así como de
denuncias de violencia contra mujeres que trabajan en el sector salud.
La violencia contra este personal fue perpetrada por sus familiares, en
el transporte público y en sus propios lugares de residencia.
El Mesecvi señaló que hubo un aumento de violencia contra las mujeres
migrantes “al verse más expuestas a diversos delitos como explotación
sexual, desapariciones y feminicidio”. En México las solicitudes de
asilo en refugios para mujeres migrantes aumentaron un 30 por ciento.
Este Mecanismo también documentó restricciones a los servicios de
atención y acceso a salud sexual y reproductiva, denuncias de violencia
en relaciones desiguales de poder por vulnerabilidad económica, así como
restricciones ilegítimas de la libertad de trabajadoras domésticas por
encontrarse en una situación de cuasi servidumbre al estar encerradas en
las casas de sus empleadores.
También hubo un aumento de casos de violencia digital y se registró
un aumento de delitos por crímenes relacionados con extorsión sexual y
pornografía infantil en línea.
De acuerdo con el Mecanismo de la OEA, durante la pandemia hubo
reportes en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú de mujeres que han sido
víctimas de violencia sexual, intimidaciones y arrestos injustificados
por parte del personal policial, a propósito de la cuarentena.
A esto se suma que las restricciones al derecho al tránsito afectaron
“de manera desproporcionada” a mujeres que no pueden salir a poner una
denuncia y carecen de acceso a herramientas telemáticas, porque no se
han facilitado estas herramientas o porque desconocen su existencia;
mujeres y niñas que requieren cuidados especializados debido a su edad o
a su condición de discapacidad.
Asimismo, estas restricciones provocaron abandono de mujeres adultas
mayores lo que, explicó el mecanismo, “exacerba su situación de
vulnerabilidad, en tanto no se dictaron medidas que pudieran garantizar
su acceso a servicios esenciales de cuidado”.
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