Hace 40 años México firmó su adhesión a la Convención para Eliminar
todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, mejor conocida como
CEDAW. Uno de los instrumentos internacionales más efectivos para
promover la igualdad y no discriminación de mujeres y niñas. Esta
convención y su protocolo facultativo cuentan con un Comité de expertas
que evalúa el cumplimiento de los Estados parte y hace recomendaciones
puntuales a los informes periódicos que éstos presentan.
Este año, el gobierno deberá informar sobre los avances parciales
respecto a las recomendaciones de 2018. Si ya antes, los informes
oficiales mostraban amplias brechas entre “leyes de avanzada” y
políticas públicas deficientes, este gobierno nada podrá presumir. La
“Ley Olimpia” o la tipificación de la violencia política de género, obra
del Congreso, son otros avances legales. En los hechos, el gobierno
“paritario”, ha dado la espalda a las mexicanas.
El panorama para mujeres y niñas es, en efecto, desesperanzador. Por
sólo referirnos al 2020, según datos oficiales, en junio el feminicidio y
los homicidios dolosos de mujeres siguieron aumentando; la terrible
cifra de 11 mujeres asesinadas al día es ya una dolorosa e indignante
realidad. A la violencia machista en casas y calles, se suman la
desprotección y desprecio hacia mujeres periodistas y defensoras, la
dilación de justicia a madres de víctimas de feminicidio y desaparición
que siguen en busca de verdad. Se suman también la violencia
institucional que representan la falta de presupuesto para refugios y
CAMI, el retraso de la justicia para mujeres agredidas so pretexto de la
pandemia, y el vaciamiento de instituciones creadas gracias a la
sociedad civil, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las
mujeres (Conavim).
Esta acumulación de agravios no se debe sólo a la pandemia y
cuarentena. Desde 2018 el presupuesto efectivo para mujeres y niñas se
ha reducido y, lejos de impulsar políticas públicas integrales, las
funcionarias responsables, que deben conocer la CEDAW, han aceptado
lineamientos contrarios a ella. ¿Qué podrán argumentar ahora que deban
reportar qué medidas se han tomado para armonizar la tipificación del
feminicidio en el país, garantizar la efectividad de la alerta de
violencia de género, fortalecer la búsqueda de niñas y mujeres
desaparecidas, o resolver el caso de Pilar Argüello, joven veracruzana
asesinada en 2012 cuyo feminicida sigue libre? ¿Qué informará este
gobierno en 2022 acerca del combate a los estereotipos de género que
favorecen la discriminación y la desigualdad? ¿cómo explicará que, en
vez de aumentar los recursos al Inmujeres y “fortalecer su capacidad de
aplicar políticas de igualdad de género”, la haya desmantelado o que, en
vez de aprovechar la experiencia de las ONG, las haya descalificado y
marginado?
¿Responderá que su estrategia “para superar la cultura machista y los
estereotipos sobre funciones y responsabilidades de mujeres y hombres”
se reduce a una paridad decorativa, socavada por la exaltación de la
cartilla moral y “la familia fraterna”? ¿Argumentará, como lo ha hecho
ante la sociedad mexicana, que el tipo penal de feminicidio es tan
complicado que no se puede aplicar, aunque otros países lo copien y
adapten? ¿Explicará que “las leyes penales que restringen el acceso al
aborto legal” y la falta de aplicación de la NOM-046 en los estados
persistirán porque el partido en el poder se alió con fuerzas
confesionales? ¿Eludirá que, en vez de fortalecer “su estrategia
nacional de reducción de la pobreza” femenina, ha dejado sin recursos a
la mayoría de las mujeres pobres?
Como afirma la abogada e investigadora Ydalia Pérez Fernández Ceja,
la CEDAW “debería estudiarse en las escuelas”, y en la universidad. En
ella se define con claridad lo que es la discriminación y cómo
eliminarla para alcanzar una igualdad sustantiva en todos los ámbitos de
la vida pública y privada. Esto lo saben bien las organizaciones que
hoy preparan ya un informe sombra en que sin duda el Comité CEDAW verá
cómo en año y medio se han destruido logros que costaron décadas de
trabajo y luchas feministas.
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