7/30/2020

Columnas y Opinión del periódico La Jornada


El proceso gourmet de Emilio Lozoya
El primer director de Pemex que fue a la cárcel
Las pérdidas en General Motors
Muy diferente trato está recibiendo Emilio Lozoya –juicio gourmet, para paladares finos– al de otro director de Pemex que fue condenado a cinco años de prisión, Jorge Díaz Serrano, aunque hay algunas semejanzas. –Lozoya huyó de México tiempo después de salir de Pemex, fue detenido por la Interpol y extraditado. Díaz Serrano, tras renunciar a Pemex, todavía fue designado embajador en la URSS e inclusive el PRI lo postuló y fue elegido senador por Sonora. Hubo de ser desaforado para someterlo a proceso penal. –Díaz Serrano fue acusado de cometer un fraude por 35 millones de dólares en la compra de dos buques a los que se cargó un sobreprecio. Todavía no conocemos con exactitud la cuantía de los delitos que se atribuyen a Lozoya, pero por lo pronto se ha determinado que el sobreprecio de la planta de Nitrogenados fue de 200 millones de dólares. –La prensa de la época publicó que Díaz Serrano fue víctima de una venganza del presidente Miguel de la Madrid porque le había disputado la Presidencia de la República; Lozoya tuvo un encontronazo épico con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ambos celosos de la preferencia del ex presidente Peña Nieto. –El proceso de Lozoya ocurre en el marco de la campaña anticorrupción del presidente López Obrador, que ya ha llevado a la cárcel a varios pollos gordos. El caso Díaz Serrano sucedió en el contexto de la política Por la renovación moral de la sociedad, que fue un fiasco, porque Díaz Serrano fue el único personaje sobresaliente enjuiciado. –Si ocurrió el fraude por el que fue a prisión Díaz Serrano, nunca dio información sobre los cómplices que pudo haber tenido. En cambio, Lozoya está negociando su libertad a cambio de hacer un embarradero.
Aun cuando apenas comienza el proceso del director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, ya se observan las diferencias, también algunas semejanzas. Díaz Serrano no fue internado en un hospital de lujo, su juicio –inclusive el desafuero en el Senado– fue público. Tampoco fue enviado a casa a pasar la Navidad con un brazalete electrónico, a la magnífica finca familiar en San Miguel Regla, como parece que sucederá con Lozoya.
Misión imposible
Es un buen propósito, inclusive, muy necesario, pero se antoja imposible. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México anuncia una campaña para que los puestos ambulantes de comida cumplan con medidas para prevenir contagios de Covid-19. Hemos iniciado junto con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el área de atención a las alcaldías el retiro de ambulantes que no cumplan con las medidas sanitarias. Esto va hacer sin excusas ni pretextos, tienen que cumplir con las medidas sanitarias, estos ambulantes dependen directamente de las alcaldías, no del gobierno federal, dice el titular, Fadlala Akabani. Ya los veremos entrar a La Merced…
Las pérdidas en la industria
General Motors registró una pérdida neta de 758 millones de dólares en el segundo trimestre del año, como resultado de la pandemia de Covid-19. Tuvo que detener la producción durante casi dos meses debido a las medidas de confinamiento pero su actividad ya ha vuelto a la normalidad en la mayoría de sus plantas. La compañía fue rescatada por el gobierno de Estados Unidos en la crisis de 2008, recibió un préstamo, entregó acciones para garantizar el pago, y cumplió.

Lozoya: todo conforme al libreto
En espera de nombres
Priístas, pocos y divididos
Alito toma partido
Hasta ahora ha sido más el ruido que las nueces, aunque ello no significa que, en otro momento procesal y político, no vaya a haber nueces.
Todo bajo control y conforme al libreto: la Fiscalía General de la República aportando datos, indicios y presuntas pruebas; Emilio Lozoya, ahora rebautizado para efectos judiciales como ERLA (sus siglas: Emilio Ricardo Lozoya Austin), declarándose no responsable ni culpable e invocando un aparato organizado de poder que lo habría obligado a delinquir, y los jueces, José Artemio Zúñiga Mendoza y Juan Carlos Ramírez Benítez, sobrellevando los protocolos de actuación a sabiendas de que todo desembocará en el trato de interés mutuo que han pactado la FGR y Palacio Nacional para que Lozoya no pise la cárcel, reciba consideraciones y termine como testigo colaborador.
De España a un hangar en la Ciudad de México y de ahí a un hospital privado (¿y luego, a casita?); de Agronitrogenados a Odebrecht, ¿pasando por el calderonizado Etileno XXI?; de gran corrupto a testigo colaborador, Lozoya ha ido fijando la narrativa de su defensa (declararse un instrumento no doloso de un aparato organizado de poder alejado del derecho, de lo cual dará nombres y cargos) a la par que el aparato organizado del poder actual le ha ido cumpliendo las promesas de buen trato y futuro desahogado.
Los dardos, ciertamente, apuntan a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, con Felipe Calderón Hinojosa como fuerte aspirante a entrar a la lista negra, además de otros personajes medianos y menores, de partidismo variopinto. Ya se verá cómo vienen los capítulos de esta serie de suspenso y emociones políticas.
Son pocos los diputados federales (46) y senadores (13) del Partido Revolucionario Institucional y ni siquiera atinan a ponerse de acuerdo en votaciones clave. Este martes, los representantes priístas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dos diputados y dos senadores, sufragaron en sentido distinto. Los primeros (la yucateca Dulce María Sauri Riancho y el coahuilense Rubén Moreira Valdés; ambos, ex gobernadores de sus estados) se unieron a la propuesta de Morena para convocar a un periodo extraordinario de sesiones que permita desahogar temas, sobre todo los de interés del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los segundos (Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari y Manuel Añorve, ambos con interés político en Guerrero) se negaron a apoyar a Morena, como parte de lo que se ha llamado el bloque de contención al partido ahora en el poder. Con los votos de Sauri y Moreira se pudo convocar al citado periodo extraordinario.
El enredo no terminó ahí, el morenista Alejandro Moreno (es decir, morenista en cuanto a su apellido), quien preside en alicaídos términos el comité nacional del PRI, tomó partido dentro de su partido, al tuitear en dos entregas: “Por encima de todos los temas políticos debe estar la salud y vida de las familias mexicanas. Los diputados @DulceSauri y @rubenmoreiravdz votaron en congruencia a las necesidades de México” y “Ante la crisis de salud no hay margen de error, el verdadero costo político sería no actuar. Mi total apoyo y respaldo a @DulceSauri y @rubenmoreiravdz, como mexicano, como priísta y como presidente del @PRI_Nacional”.
Entonces, ¿la sobrina de Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, y el beltronista Añorve, son incongruentes respecto a las necesidades de México y por tanto no tienen el apoyo de su dirigente formal, Alejandro Moreno, llamado Alito? A fin de cuentas, el PRI terminó apoyando a Morena en la Cámara de Diputados para permitir el sesionar legislativo que aprobó que el gobierno obradorista pueda comprar medicinas a organismos intergubernamentales, sin licitación pública, entre otros temas.
Y, en tanto una senadora panista se lanzó ayer de manera individual a ocupar el asiento de la presidenta de la mesa directiva del Senado, para impedir la sesión, a modo de protesta que ni siquiera recibió solidaridad de sus compañeros de partido, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx

Lozoya, con el agua al cuello
Los sobornos de Odebrecht
De tiempo atrás los nombres de los involucrados en el enjuague están más que cantados, pero Emilio Lozoya y su defensa siguen con el juego de que en su momento los darán a conocer ante la autoridad judicial, aunque en los hechos son largas y más largas, en medio de la reiterada versión de sus abogados de que el ex director de Petróleos Mexicanos es inocente.
Ayer, ante el juez Juan Carlos Ramírez Benítez –quien lleva la causa penal 261/2019–, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que Lozoya recibió 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para que los asesorara, relacionara con empresarios y políticos mexicanos, y beneficiara con la adjudicación de contratos de obra pública. Además, el indiciado su madre, esposa y hermana tuvieron participación en las transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de los recursos pagados por Odebrecht, y parte de ese dinero fue utilizado para adquirir una residencia en Ixtapa Zihuatanejo ( La Jornada, Gustavo Castillo, Eduardo Murillo y César Arellano).
Existen pruebas, subrayó la FGR, para vincular a proceso a Lozoya, entre ellas, las denuncias formuladas por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, en las cuales se señala que la empresa brasileña se declaró culpable en una corte en Nueva York, Estados Unidos, de pagar sobornos, entre ellos 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano, de tal suerte que el ex director de la ahora empresa productiva del Estado violó los códigos de ética de los servidores públicos, porque no actuó con la probidad ni confidencialidad requerida, y muestra de ello fue no haber cumplido con los requisitos de licitación pública para la realización de trabajos en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, y haber adjudicado de manera directa una obra de más de mil millones de pesos (ídem).
La FGR se refiere a las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll, otrora representante de Odebrecht en México, quien reconoció al presidente de Pemex como la persona que recibía los sobornos, y que el beneficiario de las cuentas a las que se transfirieron los recursos fue Emilio Lozoya”.
Tales declaraciones fueron publicadas por el diario brasileño O’Globo y retomadas por La Jornada (14 de agosto de 2017, https://www.jornada.com.mx/2017/08/14/politica/004n1pol). Por aquellos ayeres, la procuradora general de la República era Arely Gómez, quien dos meses después dejó el cargo. Su relevo fue Raúl Cervantes Andrade, a quien suplió, como encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, y ninguno de los tres (tampoco Jesús Murillo Karam, el primero en ocupar el puesto en el gobierno de Peña Nieto) movió un dedo para investigar los sobornos de Odebrecht, a quiénes los recibieron y a dónde fueron a parar.
En aquella ocasión, el empresario brasileño declaró al citado rotativo que la constructora brasileña pagó 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya Austin; a cambio, Odebrecht ganó una licitación de 115 millones de dólares para realizar las obras en una refinería en Tula, Hidalgo.A principios de 2012 (detalló De Meneses Weyll a fiscales brasileños, en un testimonio emitido el 16 de diciembre de 2016) constaté que Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales.
De acuerdo con O‘Globo, ya en 2011 el propio Lozoya aconsejó a Odebrecht que se asociara con la empresa Construcciones Industriales Tapia, para que, juntas, participaran en la licitación para construir una nueva refinería en Tula, Hidalgo (la que anunció Felipe Calderón en 2008). En 2013, “la asociación Odebrecht-Tapia ganó la licitación (…) y los pagos para Lozoya comenzaron inmediatamente. Al asumir la Presidencia, Peña Nieto decidió no construir la refinería, pero ya como director de Pemex, Lozoya se encargó de favorecer a la dupla de empresas en una nueva licitación destinada a modernizar y ampliar la refinería Miguel Hidalgo, también ubicada en Tula”.

Urge poner orden en la educación privada
La próxima bomba a estallar en la Ciudad de México se llama educación, y si bien este es un derecho que garantiza la Constitución, el periodo neoliberal lo redujo a una mínima y de mala calidad, como hizo con la salud y con otros muchos bienes de la nación que fueron a parar a manos de la iniciativa privada.
Según cifras de la Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de México hay más de 8 mil 273 escuelas de educación básica, de las cuales 3 mil 774 pertenecen a la iniciativa privada y 4 mil 499 son públicas.
Esos números advierten que buena parte de los niños en edad escolar dependen para su educación de escuelas privadas que prácticamente se rigen por sus propias reglas, muchas de ellas alejadas de la ley que obliga a la laicidad, y con orientaciones que obedecen a intereses muy alejados de las cuestiones fundamentales de México, porque son parte de algún consorcio extranjero que crea individuos divorciados de su ser nacional.
Y como en muchas otras partes del mundo donde se asentó el neoliberalismo, la educación básica en los planteles privados resulta un bien cada vez más costoso, también en términos económicos.
A raíz de la pandemia, una buena cantidad de escuelas, muchas de ellas consideradas patito –no educan, pero cobran muy bien–, no podrán seguir adelante por falta de alumnos, pero otras de mayor rango pretenden incrementar sus ganancias cargando a los padres de familia aumentos desproporcionados en las inscripciones el siguiente ciclo escolar, a los pagos mensuales, al costo de los uniformes y de los útiles escolares.
Aunque, como siempre, los lamentos y las amenazas de desaparición ya se han hecho presentes por parte de las asociaciones que protegen a esas escuelas, que durante la pandemia no dejaron de cobrar las colegiaturas aunque sus gastos se vieran disminuidos, hoy podríamos decir que seguramente esta actividad, la de ofrecer educación, podría ser una de las muy pocas que lograrán salir de la pandemia con ganancias.
Sin mayores gastos en agua y energía eléctrica, por ejemplo, los planteles privados pretenden elevar colegiaturas echando de lado que en estos tiempos los gastos de las familias en agua y luz, para hacer una comparación equitativa, se han elevado considerablemente, y que en algunos casos la situación se ha complicado porque algún miembro perdió el empleo.
El gobierno no tiene mayor injerencia en la vida de las escuelas privadas, pero el problema es que una cantidad muy interesante de niños, por circunstancias económicas, principalmente, no podrá seguir en planteles de la iniciativa privada, pero tampoco podrán asistir a escuelas públicas, porque no hay más escuelas.
Ya es hora, se diga lo que se diga, de que alguien ponga orden en los planteles privados. La dependencia que hoy tiene el gobierno de esa educación es más que preocupante. No se le puede pedir al Congreso capitalino que haga algo porque es una asamblea inútil, pero de algún lado debe salir alguna luz que anule el muy próximo y peligroso estallido de la bomba de la educación.
De pasadita
Si algo se hizo mal en la administración pasada fue ocultar una realidad que cada vez crecía más al amparo de la mentira. Nos referimos, desde luego, a las actividades del narcotráfico en la ciudad, que hoy es un problema de dimensiones importantes.
Si bien en nuestras calles no se escenifican tiroteos diarios ni se producen muchos de los actos violentos de los que nos enteramos suceden en otras partes del país, el comercio de drogas, y con ello la actividad de las bandas, ha crecido en demasía .
Por eso, cuando uno escucha al jefe de la policía García Harfuch hablar de que sólo actuó un cártel en el ataque que él sufrió hace prácticamente un mes, se debe recordar que ocultar hechos evidentes no conduce más que a complicar las cosas.
El jefe de la policía sólo culpa al CJNG del atentado, y seguramente tiene razón, pero cuando habla de que sólo esa organización actuó nos da un tufo a engaño, cosa que resulta muy peligrosa.
¿Cómo le hizo la organización criminal para obtener los datos del itinerario y la agenda del mero jefe de la policía si no es por la colaboración desde dentro?
¡Oiga, don Omar, no insulte la inteligencia del respetable con patrañas que no llevan a ningún lado! Eso no se vale.


Editorial
La gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció que logró un acuerdo con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para que Washington retire a sus agentes de la ciudad de Portland, a los cuales la mandataria estatal acusó de haber actuado como fuerza de ocupación y de haber llevado violencia a la entidad. El retiro de las fuerzas federales se dará de manera gradual, por lo que hoy saldrán del centro de la ciudad más grande del estado y poco después comenzarán su retiro definitivo. Un pequeño contingente permanecerá para resguardar el edificio del Congreso.

Pregunta urgente para Scotiabank
Necesito saber cuándo me entregará Scotiabank mi tarjeta de crédito por la cual me cobró el 6 de febrero pasado 810.84 pesos (comisión más IVA). Hago notar que el mismo banco me hizo algo similar en 2018 y tuve que acudir a las autoridades financieras para dirimir la controversia.

Una de las pocas certezas que se tienen a la fecha respecto al coronavirus es que las personas mayores de 70 años y quienes tienen un padecimiento previo han resultado ser las más vulnerables y proclives a enfermar… y a morir.

Abraham Nuncio: Parque Fundidora: ¿quién lo defiende?
Para poder cerrar la Fundidora Monterrey, en mayo de 1986, como primer paso del neoliberalismo que jibarizó al gobierno y embarneció manos privadas con bienes públicos, la prensa a favor de la nueva expansión capitalista sirvió de manera perversa a sus intereses haciendo ver a los obreros de la firma, responsables, productivos y aguerridos, como individuos entregados a la holganza y la disipación.

Mario Patrón: Estado democrático de derecho: nuevo examen
En recientes semanas, la agenda de discusión pública ha estado protagonizada por temas judiciales. Entre ellos, sobresalen la extradición de Emilio Lozoya, la detención en Estados Unidos del ex gobernador César Duarte y el seguimiento al proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo de la justicia, a quien se le ubica en Canadá, y uno de los principales autores de la llamada verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, cuyo derrumbe se ha confirmado en semanas recientes.

Era difícil pensar que Donald Trump, a partir de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, cambiaría su estrategia contra los migrantes, en la medida en que se trata del arma que moviliza a sus seguidores para ganar adeptos en su tan anhelada relección. El nuevo ataque contra los migrantes pasa ahora por la firma de un memorándum para que el censo no incorpore a más de 10 millones de migrantes indocumentados. Resulta una enorme injusticia por parte del inestable presidente de Estados Unidos intentar borrar del mapa demográfico a esos millones de personas, quienes por diversos motivos ejercieron su derecho de buscar nuevos caminos. Una vida sin duda marcada por enormes dificultades ante la imposibilidad de enfrentar el limbo jurídico en el que el gobierno estadunidense los ha mantenido por muchísimo tiempo, podemos hablar de hasta 20 o 25 años, una estrategia que ha permitido ejercer una inescrupulosa explotación por parte de muchos patrones.

El ¿quién pompó? que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al affaire Lozoya Austin significa que, como bien dice Fabrizio Mejía, las respuestas no son el punto de llegada, sino el punto de partida. Es algo más grave que todo un proceso mayor de saqueo y transferencia de riqueza, bienes, paraestatales, territorios y recursos naturales públicos a favor de privados de dentro y fuera con firmas como Odebrecht en medio de sobornos. Es mucho más que todo eso: lo recuerda Bernardo Bátiz con el pensar de Mario de la Cueva a mano: el complejo 

La derecha se está radicalizando, sobre todo en América Latina y el Caribe y, por supuesto, en Estados Unidos. Es muy común que realice acciones cada vez más contrarias al imperio de la ley que tanto cacarea. Pero recibe duros contragolpes, como lo verificamos con el 10 por ciento de sus fondos de pensión arrancados por los chilenos al insolente Piñera; los oídos sordos, cuando no indignación, de muy amplios sectores populares mexicanos y argentinos a la feroz campaña –con ribetes claramente golpistas– de los medios e intelectuales de derecha contra los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández; la firmeza y audaces tácticas contra la brutal represión de Trump de quienes protestan en Portland y en otras ciudades. Por no hablar del heroísmo de venezolanos y cubanos ante las crecientes medidas de asfixia del magnate ocupante de la Casa Blanca, dictador de segunda, según Noam Chomsky. En esta perspectiva se inscribe el tremendo parón popular del martes pasado en Bolivia. La Confederación Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, aglutinador de las organizaciones indígenas y campesinas, convocaron a una movilización contra la dictadura de la autoproclamada Jeanine Áñez y dieron un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que anulara su decisión de posponer las elecciones generales hasta el 18 de octubre y restableciera su convocatoria para el 6 de septiembre. De no hacerlo en ese plazo, estallarían una huelga general. Pero en cabildo abierto celebrado en la combativa ciudad de El Alto los participantes en una de las mayores movilizaciones contra el régimen de facto decidieron que la huelga entrara en vigor en ese mismo instante, combinada con ayunos y bloqueo de carreteras.

AGENDA JUDICIAL
Los derechos humanos no son un juego: constituyen un tema muy serio. El popular juego de mesa jenga ayuda a explicar las implicaciones de operarlos de manera imprecisa. Los operadores jurídicos, desde sus trincheras, son los jugadores del jenga derechohumanista. Cualquier legislación, sentencia o decisión que atente o beneficie a los derechos humanos impactará directamente en la torre, es decir, coadyuvará a fortalecerla o acercarla al derrumbe.

Vilma Fuentes: Tiempo de tempestades
Cierre de librerías y baja de ventas de libros son otras tantas de las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y el confinamiento. La crisis económica es mundial y deteriora los más diversos sectores. Uno de los más afectados es la cultura y, en particular, la edición. Desde la anulación del Salón del Libro de París, en marzo, el panorama editorial francés se ha ido oscureciendo y hoy parece desolador. ¿Cuántas personas pueden aún pensar en comprar un libro cuando aumenta el desempleo y no cesa el temor del contagio al salir de nuevo a la calle? Sin embargo, un libro desafía en estos momentos los más siniestros presagios. Prensa escrita, radio, televisión y redes sociales hablan de este volumen cubierto de críticas y elogios. Se le discute y comenta. Se anuncian ventas dignas de un best seller. Los periodistas se pelean por obtener una entrevista del autor de Le Temps des Tempêtes ( El tiempo de las tempestades).

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