Imagen retomada de la conferencia
Ciudad de México. Integrantes de organizaciones no
gubernamentales se pronunciaron en contra de la propuesta de la Ley
General de Salud Mental impulsada por la senadora del Partido del
Trabajo por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, por ser violatoria de los
Derechos Humanos, y la cual podría ser aprobada mañana 30 de julio por
el Senado de la República.
En conferencia de prensa virtual, el integrante de la organización
“Documenta”, y también coordinador del Programa de Prevención de la
Tortura, Ángel María Ferrer, recordó que la propuesta de ley fue
presentada en noviembre de 2019 y precisó que su contenido es violatorio
de los Derechos Humanos, entre los que destaca el derecho a la
igualdad, a la seguridad e integridad personal, así como derecho a la
salud.
Ángel María Ferrer señaló que dicha iniciativa contiene un modelo de
atención con recursos altamente discriminatorios, “con una óptica de
atención a la salud mental de manicomial, que apuesta por un modelo de
tratamiento biofarmacológico para las personas usuarias”, lo que en su
opinión, es un enfoque completamente obsoleto que seguirá provocando
sufrimiento a los pacientes con internamientos involuntarios y
tratamientos farmacológicos forzados.
El especialista dijo que estos tratamientos han sido denunciados
internacionalmente, y el Grupo de Trabajo sobre Intervenciones
Voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha
establecido que los Estados tienen la obligación de no permitir los
internamientos involuntarios por razón de existencia de una discapacidad
real mental o percibida, y agregó que la Relatora sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad Mental, ha mencionado que recluir en
espacios de salud mental a personas que representen un supuesto peligro
para sí mismas, por necesidad de recibir cuidados o por una necesidad
médica, es una medida ilegal y arbitraria.
Del mismo modo, Ferrer puntualizó que someter a tratamientos forzados
contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y recordó lo que al respecto ha señalado el Relator sobre
la Tortura de las Naciones Unidas, quien dijo “que someter a tratamiento
forzado en instituciones psiquiátricas genera condiciones comparables a
la tortura y malos tratos.”
Ferrer manifestó también que esta iniciativa es contraria a los
derechos suscritos por el Estado mexicano, las organizaciones civiles,
defensoras y personas preocupadas por la buena salud mental.
Por otra parte, la integrante de “Sin Colectivo” y de la “Colectiva
Dignas Hijas”, Gabriela Aragón Zamorano, aseguró que la iniciativa no
sólo afectará a personas con discapacidad psicosocial, sino a toda la
ciudadanía al verse violados sus Derechos Humanos.
En su participación, el integrante del “Programa de Discapacidad
Psicosocial de Justicia” en la Organización Documenta e integrante de
“Sin Colectivo”, Víctor Lizama, denunció la discriminación que ha
padecido por ser una persona con discapacidad psicosocial, al haber
sufrido internamiento involuntario y por ser medicado en exceso.
Actualmente, aseguró que no toma medicamentos, vive con salud a pesar
de que los médicos ya le habían diagnosticado un mal crónico mental,
por lo que también se pronunció en contra de la ley de la senadora
Bañuelos y señaló que es necesaria la reforma del capítulo de la Ley
General de Salud en el apartado de salud mental, porque su propuesta
tiene una naturaleza discriminatoria y carente de Derechos Humanos.
Por su parte, la integrante de “Sin Colectivo” y de “Grupo Loco
México”, Rebeca Gutiérrez Ramírez, explicó que la primera asociación es
un grupo plural mexicano de personas expertas en salud mental que
trabajan por las personas con discapacidad psicosocial. Relató que ella
fue diagnosticada con discapacidad psicosocial por lo que le fue negado
su derecho a la educación por parte de las autoridades de su
universidad, condicionándola a que sólo podría realizar sus estudios si
tomaba fármacos; por lo que tuvo que mentir sobre su condición para
desarrollar actividades académicas.
Agregó que la asociación “Orgullo Loco México” se dedica a
reivindicar la locura y sus diversas manifestaciones, y se pronunció
contra la iniciativa.
La periodista y cofundadora de la asociación civil “Yo También”,
Katia D´Artigues informó sobre las reuniones que han tenido con
senadores de diversos partidos para tratar de contener la ley que está
por aprobarse, entre los que destaca Ricardo Monrreal, Emilio Álvarez
Icaza, además de varios panistas que no votarán por el dictamen, así
como Claudia Ruíz Massieu y Miguel Ángel Mancera.
Coincidió que la ley no garantiza los Derechos Humanos de las
personas que padecen alguna condición mental, y agregó que la pandemia
será un detonante para que aumenten las crisis de salud mental,
considerando que por este motivo uno de cada cuatro mexicanos
manifestará algún padecimiento mental.
Las y los participantes, coincidieron en tomar en cuenta a las
personas con discapacidad mental antes de aprobar la iniciativa y
consideraron pertinente revisar la Ley General de Salud y los tratados
internacionales, que el seguimiento a las y los pacientes sea a través
de mejores políticas públicas y servicios de salud de calidad pues
señalaron que la salud mental sólo cuenta con 2 por ciento del
presupuesto, por eso se cuenta con pocas instalaciones hospitalarias e
insumos.
Por último, Gabriela Aragón relató que cuando “La Castañeda” estuvo
de pie, si un hombre decía que su esposa estaba loca, de inmediato la
encerraban en este manicomio; por lo que también se pronunció en poner
atención en el tema de perspectiva de género en la ley y en los recursos
que tiene el patriarcado para someter a las mujeres, por lo que
recomendó empezar a hacer intersecciones para mejorar las condiciones de
las mujeres en este rubro.
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