MÉXICO, 4 nov (IPS) - La última vez que la mexicana Estela Domínguez vio a su hija Estela Paz fue en abril de 2006, al despedirla antes de emprender su viaje sin documentos hacia la sudoccidental ciudad estadounidense de Las Vegas.
Paz, entonces de 27 años, tenía previsto cruzar la frontera por la localidad de Altar, en el estado de Sonora y unos 2.230 kilómetros al norte de la Ciudad de México, en compañía de su hijo Emiliano, de seis años, para retornar a su trabajo de fabricación de pulseras, cuando la frontera se la tragó.
"Le hablé por teléfono poco antes de que cruzara, luego ya no supe más de ella. Lo que más deseo es que regrese y sus hijos la vuelvan a ver", dijo a IPS Domínguez, quien empaca la compra de los clientes de un supermercado en la ciudad de Córdoba, en el sudoriental estado de Veracruz. Su nieto sobrevivió.
Domínguez, de 57 años, se sumó a la caravana de 13 personas de la Red de Comités Migrantes y Familiares de Honduras (Red-Comifah), que partió el 26 de octubre de territorio hondureño y alcanzó la capital mexicana la noche del miércoles 3.
La organización no gubernamental estima en cerca de 800 los hondureños que desparecieron la última década en México en su recorrido hacia Estados Unidos.
"Encontramos a un hondureño en Tapachula (ciudad mexicana fronteriza con Guatemala) y tenemos indicios de otras cinco personas. Nuestro objetivo principal es encontrar a los desaparecidos y también crear y fortalecer el contacto con organizaciones locales de derechos humanos", declaró a IPS Ian Quiroz, secretaria ejecutiva de Red-Comifah.
Esta asociación se unió a los trabajos del Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento, que con el lema "Ningún ser humano es ilegal" comenzó este jueves en la capital mexicana y finalizará el sábado 6 con la asistencia de docenas de activistas de América, Europa, Asia y África.
La temática del foro gira en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos de los inmigrantes y su actividad estrella es las audiencias del Tribunal Internacional de Conciencia, que enjuiciará ocho casos de abusos contra extranjeros cometidos en el mundo.
Anualmente, unos 500.000 indocumentados atraviesan tierra mexicana rumbo a Estados Unidos, según estimaciones de expertos y de organizaciones no gubernamentales. En esa marcha la única certeza es que tendrán que sortear riesgos y abusos como detenciones arbitrarias, extorsiones, robos, violaciones y secuestros.
Los indocumentados saltan el poroso límite divisorio entre México y Guatemala, para encaminarse al ferrocarril que los trasladará por los sureños estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, los principales escenarios de asaltos y plagios. Luego transitarán por el centro o el este del país para tocar la ansiada frontera norteña.
Pero quizás la desaparición es el rostro más horroroso del flujo migratorio. Un informe último de la parlamentaria Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios consigna que más de 60.000 centro y sudamericanos se evaporaron entre 1998 y 2008 en su cruce hacia territorio estadounidense.
A fines de agosto, 72 extranjeros sin papeles fueron asesinados en el pueblo de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, presumiblemente por miembros de Los Zetas, una agrupación criminal que domina el secuestro de indocumentados. Esa matanza dinamitó el resto de credibilidad que le quedaba a la política migratoria mexicana.
Nombres como los de los hondureños Junior Espinoza Valerio, Carlos Valle Lazo, Jorge Osorto Sebilla y Brayan García Ferrera son algunos de los rostros que le dan forma concreta a la tragedia, en la cual al menos 49 cuerpos han sido identificados, 32 de ellos hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y el restante brasileño.
Pero nada ha cambiado luego del asesinato colectivo, según los defensores de los inmigrantes. Esta semana, un tren que circulaba entre Oaxaca y Veracruz cargado de extranjeros fue asaltado. Unas 20 personas fueron secuestradas, según lo denunció este jueves el sacerdote católico Alejandro Solalinde, uno de los más denodados protectores de emigrantes.
Solalinde, quien dirige un albergue para inmigrantes de la Pastoral para la Movilidad Humana en la ciudad de Ixtepec, en el estado de Oaxaca, aseguró que los secuestros y los asaltos prosiguen, sin que las autoridades intervengan.
Este año, 56.566 extranjeros indocumentados han sido detenidos en su intento por arribar a Estados Unidos, en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras, según datos del Instituto Nacional de Migración.
"Nuestra principal demanda es que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes. Basta ya que nos vean como la gallina de los huevos de oro, por las remesas de dinero que enviamos. Queremos soluciones", dijo a IPS la mexicana Elvira Arellano, representante de la no gubernamental Familia Latina Unida Sin Fronteras, surgida en 1987.
Arellano, de 34 años de edad y que vive en el noroccidental estado de Michoacán, se ha convertido en un icono de las migraciones luego de permanecer refugiada durante un año en la Iglesia Metodista Adalberto, en la norteña ciudad estadounidense de Chicago, hasta su deportación a México en 2007.
Su caso, como el de la matanza de Tamaulipas, compone el lote de expedientes que el tribunal internacional, compuesto por una veintena de jurados, ventilará para su fallo final. Su primera sesión ocurrió en la ciudad ecuatoriana de Quito del 7 al 9 de octubre.
"Defendemos que emigrar es un derecho y condenamos que México tiene responsabilidad en la matanza, por un acto de omisión", precisó Quiroz, cuya caravana se reunió este jueves con los miembros de la Comisión legislativa de Población.
El foro alternativo coincide con la Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, iniciado el martes 2 en la Ciudad de México y que finalizará este viernes.
Ambas actividades son previas al IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que se llevará a cabo del 8 al 11 de este mes en la localidad turística de Puerto Vallarta, al noroeste de la capital mexicana. (FIN/2010)
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