En sus considerandos se identifica la carencia de reconocimiento integral y efectivo en México de los derechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes en la Constitución, así como las reiteradas violaciones a los principios y derechos que establece la jurisprudencia internacional en estos ámbitos. Se considera que los aparatos de seguridad y justicia del Estado mexicano, permeados como están por la corrupción (y añadiría, por sus intereses de clase), no sólo son incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo sino –por el contrario– utilizan de manera facciosa estos aparatos a fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar su voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista.
Se asienta, asimismo, que no obstante ser los pueblos originarios los primeros pobladores de este continente y de participar en los procesos sociales que dieron origen a México como nación y en la permanente lucha por mejores condiciones de vida, hasta la fecha no se valora ni se toman en cuenta sus aportes, soslayando sus derechos elementales al territorio, a ser sujetos de derecho público, a la autonomía y libre determinación. Peor aún, se denuncia la sistemática violación a los derechos colectivos, sociales e individuales establecidos en la Constitución, mientras las leyes y los aparatos de justicia son utilizados para acallar las voces de quienes reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Con exactitud se caracteriza al actual gobierno como de los multimillonarios que han convertido el derecho a la protesta en un delito, dando trato de criminales a los luchadores sociales, mientras los verdaderos delincuentes gozan de la protección e impunidad del Estado.
La política entreguista de este gobierno convierte en negocio privado los derechos elementales a la educación, salud, vivienda, producción y alimentación, para exentar al Estado de su responsabilidad social, lo que también representa una flagrante violación a la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Se identifica a los programas sociales del gobierno más que como solución a la pobreza y marginación como una herramienta de cooptación y manipulación política, que destruye la identidad y organización comunitarias. Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue instrumentando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios ignoran la decisión y la existencia misma de los pueblos, justifican el despojo y constituyen otra de las formas de violación de los instrumentos jurídicos internacionales.
Con una clara perspectiva de género, que rompe con los estereotipos y las perspectivas estáticas en torno a los pueblos indígenas, el pronunciamiento denuncia la cultura patriarcal impuesta en nuestro país, que en los últimos cinco siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las mujeres y de manera racista las discrimina en lo político, económico y social por ser mujeres, pobres e indígenas. Esta concepción discriminatoria que desvaloriza los aportes de las mujeres –asienta el documento– ha permeado todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los movimientos sociales y los partidos.
El pronunciamiento denuncia la criminalización de las radios comunitarias que intentan romper el monopolio de los medios masivos de comunicación, desde los cuales se ejerce el control político. El documento concluye –en sus considerandos– con una importante tesis en torno al Estado-nación mexicano, mismo que se constituye como la expresión de las clases poderosas y no del pueblo pobre, y mucho menos de los pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados históricamente. La clase política que ejerce el poder en este país no representa los intereses del pueblo trabajador, carece de legitimidad y ha conducido a México a un desastre económico, a una guerra de exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organización y gobierno de los pueblos originarios, desde donde se construye una nación en la que quepamos todas y todos.
En su parte programática, el pronunciamiento propone –entre sus principales puntos– seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución. Seguir en el ejercicio de su autonomía y libre determinación por la vía de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos se construya la nueva patria: fortalecer y reivindicar sus propios sistemas de seguridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo, como es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, honestidad y reducación; recuperar la memoria histórica de los héroes borrados por la historia oficial; reconocer todos los movimientos que luchan por mejores condiciones de vida, solidarizándose con ellos ante la represión.
En suma, este documento muestra la visión estratégica que los pueblos indígenas aportan para construir desde aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda, una nación de todas y todos.
Jorge Camil
un verbo menos agresivo, como desmantelar, pero eligió el más fuerte,
desguazar:
El desguace del
Estado mexicano. Así tituló el sociólogo español Ignacio Sotelo su artículo del viernes pasado en El País. Y no es sorprendente que los usos del verbo en los diccionarios del español se refieran al desmembramiento de coches viejos. Tal vez así nos ven los intelectuales europeos, como un coche desvencijado listo para el desguace. Es la impresión que damos. Lo sorprendente aquí es que al interior del gobierno seguimos esperando que la patética “guerra contra el narco”, recientemente festejada por Obama, y el vistoso pero inútil aparador de los
Diálogos para la seguridad, nos hagan el milagro.
Otros, la ridícula minoría
despreciada por Felipe Calderón, se encomiendan desenfadados a la Virgen de los sicarios
de Fernando Vallejo, adoran en miles de narcocapillas clandestinas, son devotos de Jesús Malverde y se vuelven fieles de la Santa Muerte. Hay pocos países tan esquizofrénicos, donde el golpe de pecho coexista con el espiritismo y los santos seculares.
¡Cómo descansó Felipe Calderón con la derrota de la Propuesta 19! Le cambió la cara, de suyo malhumorada. Porque de haberse destapado California hubiese tenido que justificar una vez más la estrategia que no va a ninguna parte, el costo estratosférico del embate militar, las violaciones flagrantes a los derechos humanos y los 30 mil muertos sembrados en el territorio nacional: sicarios, soldados, madres y padres de familia, estudiantes, niños: todos mexicanos. En este sentido Calderón sigue fiel y religiosamente los pasos de George W. Bush en su guerra contra el terrorismo
. Está atorado como aquél en el mismo tema e insiste en continuar militarizando el país (Bush, al menos, destruyó un país que no era el suyo).
La aprobación en California (el principal mercado de la mariguana mexicana) es cosa de tiempo, de muy poco tiempo. Ahora no pasó porque no le concedieron mayor importancia: la mariguana es cosa de todos los días. Lo que sucedió es que el electorado, como en la lucha libre, se enfrentó a opciones más divertidas: Obama y los limpios del Partido Demócrata vs los enmascarados republicanos y el Tea Party. Se divirtieron con Sarah Palin.
La semana pasada, desafiando los convencionalismos, un invitado al programa de Bill Maher encendió un carrujo y lo ofreció con descaro a los demás panelistas. No se acabó el mundo. No aparecieron obispos esparciendo agua bendita ni exorcistas quemando incienso. No llegaron los marines. Cuando un par de invitados aceptó la oferta me pregunté: ¿por esto han muerto 30 mil mexicanos, para que un Estado que no vela por los pobres se dé baños de santidad? Para que la droga, que hoy está por doquier, no llegue a nuestros hijos
. Aunque les lleguen las balas…
Para Sotelo, los miles de víctimas son únicamente síntoma de algo mucho más grave: el debilitamiento del Estado. Asegura, como muchos, que el Ejército es el instrumento menos idóneo para doblegar a las mafias; no son un enemigo externo al que se deba combatir a sangre y fuego. Son, eso sí, una parte gangrenada de la sociedad, con amplias ramificaciones en el aparato del Estado
. Asegura que ante el vaciamiento y ulterior declive
del Estado mexicano la sociedad quedó a merced de las más diversas fuerzas sociales, económicas, empresariales y sindicales (¿la mafia satanizada por López Obrador?)
Del desguace del Estado mexicano Sotelo acusa directamente a Carlos Salinas, convertido en hacedor de presidentes priístas. Abrió la economía y privatizó miles de empresas del sector público, y con eso puso en entredicho al Estado corporativo del PRI
. No obstante, parafraseando la poética epístola de San Pablo sobre el amor, yo diría que en nuestro sistema político el poder todo lo sufre, todo lo disculpa, todo lo perdona.
Sotelo se pregunta perplejo: “¿cómo ha sido posible que la liberalización de la economía y la instalación de una democracia de partidos… haya traído consigo el derrumbe progresivo del Estado?” La respuesta es sencilla: nuestra supuesta democracia de partidos
(nuestra partidocracia) es sólo un espejismo perverso que socavó al Estado, envolviéndolo en una lucha de intereses mezquinos para negociar cotos económicos y de poder, mientras el país languidece sin esperanza y se hunde en una vorágine de violencia y corrupción.
En días pasados el ex procurador Eduardo Medina Mora, embajador en Gran Bretaña, habló en Escocia ante un grupo de banqueros internacionales. Las preguntas fueron sobre el narcotráfico, la violencia y los efectos de ésta en el crecimiento económico. El embajador, inteligente, se defendió lo mejor que pudo, pero es imposible ocultar lo que aparece diariamente en Internet. Imposible tapar el Sol con un dedo. El epígrafe de Rayuela en La Jornada del domingo pasado lo explica todo: quisiéramos publicar más noticias optimistas. Desafortunadamente no las hay
. Para Sotelo nada hoy importa tanto como tomar conciencia de lo que puede arrastrar el desmoronamiento del Estado
. México no podría ser mejor ejemplo.
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