José Francisco Gallardo Rodríguez
La iniciativa de mando único policial, propone elevar a rango federal el concepto de “reacción inmediata” y eliminar las fronteras entre el fuero federal y común para que las policías locales no tengan pretexto para dejar de combatir actos criminales de todo tipo. También prevé la creación de la policía metropolitana que estará a cargo del gobernador.
Sin embargo, ya se les olvidó que con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 1995, se articularon todas las policías preventivas y judiciales en un solo mando. Se incorporó al Ejército al Consejo Nacional de Seguridad, organismo que define la política en esta materia y articula criterios para realizar operativos policiaco-militares, lo que permite que en última instancia la policía quede a cargo del mando militar.
La seguridad pública es uno de los problemas complejos más graves que padece México; un escenario de inseguridad pública ahora generalizado se ha constituido en condiciones inviables para el desarrollo y bienestar social. Por ello, la posibilidad de encontrar una salida, debe ser planteada desde una visión integral, que abarque todos los aspectos que en ella intervienen, e involucre en su análisis, planteamiento y solución a todos los actores sociales.
Hablamos de una convocatoria para construir un proyecto nacional con visión de Estado, de una política de defensa que abarque lo político, económico, social, cultural y militar; apartada de los vaivenes políticos y calendarios electorales, debe ser concebida desde el poder civil, para ciudadanizar las instituciones encargadas del orden, a fin de cambiar el paradigma de seguridad de su acción represiva a una social.
Es decir, donde se subordine la seguridad del Estado a la seguridad humana, entendida como: la necesidad de evitar amenazas que impidan crear condiciones necesarias para que las personas puedan vivir en circunstancias acordes a su dignidad.
De tal forma que se pueda encaminar a la solución del problema de seguridad pública, cuyo origen radica en una política económica errada, en la desigualdad social, en asuntos de justicia irresueltos históricamente, y afrontarla con medidas eficaces desde una visión estratégica integral para garantizar el desarrollo de la nación; por tanto, es necesario antes consolidar una sociedad en donde prive el orden y la paz, ausentes desde hace muchas décadas en nuestro país debido a la grave corrupción e impunidad que priva en las altas esferas del poder político –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, militar, económico y sindical.
Se trata de la corrupción e impunidad que se genera y se protege desde las cúpulas del poder, de aquellas que no sólo rompen el orden jurídico e institucional del Estado sino también el tejido social.
Así las cosas, el objetivo primordial de las políticas de seguridad debe apuntar, más que a confrontar de lleno la criminalidad de forma reactiva a través de la fuerza, a la reconstrucción del tejido social a través de la exacta aplicación de la justicia.
Desde una visión social, la seguridad interior del Estado está fundada sobre la administración exacta de la justica. El hombre está sujeto a tener disputas entre sí por sus bienes, y es una cosa dañina para la seguridad pública y la Constitución que ellos se hagan justicia por sí mismos. Al contrario, es conveniente que pongan la decisión de sus diferencias en la prudencia del soberano o en la inteligencia del encargado de sentenciarlas.
El modo en que se administra la justicia influye sobre la felicidad social. Cuando las leyes no son claras ni seguras, cuando no tienen relación con nuestros tiempos, con nuestras costumbres ni con el estado del país en que habitamos, cuando las escrituras y los procesos se dilatan, cuando la justicia no es imparcial y los jueces se corrompen, es fácil comprender que una administración semejante no puede servir sino en perjuicio del Estado y arruina a la sociedad.
Todas las leyes y las instituciones que se hacen a este objeto deben tener como fin afirmar y fortalecer al Estado y no atender otra cosa que la felicidad de los miembros que lo componen; así pues, el buen funcionamiento de los órganos encargados de la procuración y la administración de justica, radica en el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, presupuesto indispensable para el goce de los restantes derechos humanos; derecho del pueblo, que sólo puede ejercerse de forma pacífica si se garantizan y protegen debidamente los derechos y procedimientos electorales.
Por tanto, no tiene que ver nada el uso de la fuerza para atender los asuntos de inseguridad, menos aún la errática política de militarizar las instituciones destinadas al resguardo del orden, porque aparte de complicar la solución del caso por la excesiva y sistemática violación a los derechos humanos, involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, debilita al poder armado del Estado mexicano; hoy en día, México no cuenta con una fuerza militar capaz de defender la soberanía, la integridad del territorio y el orden institucional. Situación ad hoc para los enemigos y amenazas que acechan a nuestro país desde el exterior.
La administración pública, como el Estado en acción, es la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto de la persona, de los bienes y de las acciones ciudadanas que incumben al orden público para proveer el bienestar social, los impuestos, la educación, la salud, el timbre, la moneda y seguridad pública entre otras, en su accionar debe anteponer a los individuos y a los intereses privados los de la nación.
El difícil equilibrio entre un proceso de apertura y democratización por un lado, y el mantenimiento del orden y del imperio del derecho frente a los atentados contra ese proceso, por el otro, frente a nuevas formas de ilegalidad sistemática como el narcotráfico, define un marco general complejo dentro del cual debe analizarse la situación general de los derechos humanos en México, y el papel que juegan el gobierno y los poderes del Estado en su respeto y garantía.
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