Integrantes de la Misión Internacional que visitó México
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 11 nov 10 (CIMAC).- Las expertas en violencia de género, integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia para las Mujeres en la Región Mesoamericana”, estarán pendientes de que autoridades mexicanas, tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como del Consejo de la Judicatura Federal, cumplan con los compromisos asumidos para avanzar en la erradicación del feminicidio.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada guatemalteca, María Eugenia Solís, integrante de la Misión Internacional que visitó México, subrayó que las palabras de las y los funcionarios “son discursos que tendrán que ser demostrados en la práctica”.
El lunes pasado, las integrantes de la Misión Internacional, originarias de Guatemala, Costa Rica, España y México, se reunieron con Alberto Lara Rivera, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, para solicitarle la creación de protocolos de investigación criminal con perspectiva de género.
El funcionario les informó que Teresita de León, Samuel González y Efraín Nieves, cuyos perfiles no fueron detallados en la reunión, son quienes ya elaboran el protocolo, que debe garantizar que las mujeres no sean víctimas de violencia por parte de las autoridades, al momento que exigen justicia.
El martes pasado, último día de visita de la Misión Internacional en México, se reunieron con Efraín Moreno Collado y Daniel Cabeza de Vaca, consejeros de la Judicatura Federal, quienes se comprometieron a “promover” entre las y los jueces, la sentencia de Campo Algodonero, que en diciembre de 2009 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano.
Con ello, se espera que las y los encargados de emitir sentencias en casos de violencia de género y feminicidio en el país, puedan argumentar con base en la sentencia de la CoIDH.
Sumado a estos compromisos está el diagnóstico del feminicidio en el país que creará la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la modificación que hará la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la alerta de género se aplique de manera inmediata.
“Lo ofrecieron, y ahora deben cumplir”, mencionó Solís, por lo que estarán en constante monitoreo de los avances que se den a partir de su visita.
FEMINICIDIO: MÉXICO, NICARAGUA Y HONDURAS
La problemática en la región ha aumentado y continuará en esa tendencia mientras subsistan las desigualdades entre mujeres y hombres, ésta es la base fundamental de la violencia de género, el ‘caldo de cultivo’ para que cualquier hombre se crea con el derecho de terminar con la vida de las mujeres.
A pesar de que el principio de no discriminación esta por escrito en instrumentos internacionales y en las legislaciones de Mesoamérica, mientras subsista dicha desigualdad y no haya prevención de la violencia, ésta va a continuar, advirtió la especialista.
En Honduras durante los últimos dos años se han registrado 768 casos de feminicidio, de los cuales sólo 12 han sido enviados a tribunales.
En Nicaragua, el monitoreo en medios de comunicación del 2009, elaborado por la Red de Mujeres Contra la Violencia, en Nicaragua, que registra un aumento del 68 por ciento en los casos de feminicidio, de 2007 a 2008.
En ese último año, se registraron 79 asesinatos de mujeres, en 2007 hubo 54. Y hasta noviembre de 2009 se registraron 69 feminicidios.
Mientras que en México, de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados de la república, de los cuales mil 74 por sus características fueron definidos como feminicidio.
El incremento de la violencia feminicida en Ciudad Juárez, Chihuahua, es evidente, según el Observatorio de Justicia para Nuestras Hijas, el cual indica que en 1993 era asesinada una mujer cada 12 días, en 2010 se registra el homicidio de una juarense al día.
El feminicidio en esta localidad, ha sido motivo de diversos llamados internacionales y de la sentencia que el año pasado dirigió la CoIDH al Estado mexicano, por el feminicidio de tres de las ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en el predio conocido como Campo Algodonero.
SENTENCIA CAMPO ALGODONERO
María Eugenia Solís señaló que la responsabilidad del Estado mexicano es “iniciar una investigación seria, que se lleve fase a fase de forma eficaz para esclarecer el hecho y el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas en Campo Algodonero”.
“Eso es nacionalizar la sentencia de la CoIDH: investigar, formular una acusación seria, sólida, responsable, fundamentada en pruebas. En cuestiones jurídicas toca juzgar y, en su caso, sancionar. Para luego reparar el daño de las víctimas”, añadió.
A un año de la sentencia, la especialista concluyó que “está bien que la federación haga el memorial para dignificar la memoria de las víctimas y que pague la indemnización económica, pero lo que queremos es justicia: un sistema que esclarezca el feminicidio y sancione a los responsables. El mejor resarcimiento es la justicia”, concluyó la experta.
México DF, 11 nov 10 (CIMAC).- Las expertas en violencia de género, integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia para las Mujeres en la Región Mesoamericana”, estarán pendientes de que autoridades mexicanas, tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como del Consejo de la Judicatura Federal, cumplan con los compromisos asumidos para avanzar en la erradicación del feminicidio.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada guatemalteca, María Eugenia Solís, integrante de la Misión Internacional que visitó México, subrayó que las palabras de las y los funcionarios “son discursos que tendrán que ser demostrados en la práctica”.
El lunes pasado, las integrantes de la Misión Internacional, originarias de Guatemala, Costa Rica, España y México, se reunieron con Alberto Lara Rivera, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, para solicitarle la creación de protocolos de investigación criminal con perspectiva de género.
El funcionario les informó que Teresita de León, Samuel González y Efraín Nieves, cuyos perfiles no fueron detallados en la reunión, son quienes ya elaboran el protocolo, que debe garantizar que las mujeres no sean víctimas de violencia por parte de las autoridades, al momento que exigen justicia.
El martes pasado, último día de visita de la Misión Internacional en México, se reunieron con Efraín Moreno Collado y Daniel Cabeza de Vaca, consejeros de la Judicatura Federal, quienes se comprometieron a “promover” entre las y los jueces, la sentencia de Campo Algodonero, que en diciembre de 2009 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano.
Con ello, se espera que las y los encargados de emitir sentencias en casos de violencia de género y feminicidio en el país, puedan argumentar con base en la sentencia de la CoIDH.
Sumado a estos compromisos está el diagnóstico del feminicidio en el país que creará la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la modificación que hará la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la alerta de género se aplique de manera inmediata.
“Lo ofrecieron, y ahora deben cumplir”, mencionó Solís, por lo que estarán en constante monitoreo de los avances que se den a partir de su visita.
FEMINICIDIO: MÉXICO, NICARAGUA Y HONDURAS
La problemática en la región ha aumentado y continuará en esa tendencia mientras subsistan las desigualdades entre mujeres y hombres, ésta es la base fundamental de la violencia de género, el ‘caldo de cultivo’ para que cualquier hombre se crea con el derecho de terminar con la vida de las mujeres.
A pesar de que el principio de no discriminación esta por escrito en instrumentos internacionales y en las legislaciones de Mesoamérica, mientras subsista dicha desigualdad y no haya prevención de la violencia, ésta va a continuar, advirtió la especialista.
En Honduras durante los últimos dos años se han registrado 768 casos de feminicidio, de los cuales sólo 12 han sido enviados a tribunales.
En Nicaragua, el monitoreo en medios de comunicación del 2009, elaborado por la Red de Mujeres Contra la Violencia, en Nicaragua, que registra un aumento del 68 por ciento en los casos de feminicidio, de 2007 a 2008.
En ese último año, se registraron 79 asesinatos de mujeres, en 2007 hubo 54. Y hasta noviembre de 2009 se registraron 69 feminicidios.
Mientras que en México, de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados de la república, de los cuales mil 74 por sus características fueron definidos como feminicidio.
El incremento de la violencia feminicida en Ciudad Juárez, Chihuahua, es evidente, según el Observatorio de Justicia para Nuestras Hijas, el cual indica que en 1993 era asesinada una mujer cada 12 días, en 2010 se registra el homicidio de una juarense al día.
El feminicidio en esta localidad, ha sido motivo de diversos llamados internacionales y de la sentencia que el año pasado dirigió la CoIDH al Estado mexicano, por el feminicidio de tres de las ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en el predio conocido como Campo Algodonero.
SENTENCIA CAMPO ALGODONERO
María Eugenia Solís señaló que la responsabilidad del Estado mexicano es “iniciar una investigación seria, que se lleve fase a fase de forma eficaz para esclarecer el hecho y el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas en Campo Algodonero”.
“Eso es nacionalizar la sentencia de la CoIDH: investigar, formular una acusación seria, sólida, responsable, fundamentada en pruebas. En cuestiones jurídicas toca juzgar y, en su caso, sancionar. Para luego reparar el daño de las víctimas”, añadió.
A un año de la sentencia, la especialista concluyó que “está bien que la federación haga el memorial para dignificar la memoria de las víctimas y que pague la indemnización económica, pero lo que queremos es justicia: un sistema que esclarezca el feminicidio y sancione a los responsables. El mejor resarcimiento es la justicia”, concluyó la experta.
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