UN GOBIERNO FALLIDO

Tomás Oropeza Berumen

México, 11.XI. 2010.- A pesar de las declaraciones triunfalistas del gobierno de derechas encabezado por Felipe Calderón, el país sigue inmerso en una espiral de violencia provocada por la estrategia militarista para combatir a la llamada delincuencia organizada, sin tocar sus finanzas y sin una política social que erradique la pobreza de millones de mexicanos que viven una interminable crisis económica y social.

A casi cuatro años de iniciada la guerra del gobierno de facto panista contra algunos carteles del narcotráfico que ha costado más de 39 mil muertes, el gobierno reconoce que no tiene control cuando menos en 400 municipios de los 2438 que tiene el país y los ataques de las narcobandas contra las fuerzas castrenses y policíacas no cesan y han escalado en violencia y uso de armamento sofisticado.
No es exagerado por ello decir que el gobierno calderonista no tiene capacidad para garantizar la seguridad de los mexicanos ni tampoco su progreso y bienestar.

El de Calderón es un gobierno fallido y lejos de resolver los graves problemas nacionales los está aumentando conforme a un plan que busca desestabilizar y generar condiciones para el establecimiento de un Estado de excepción a nivel nacional.
En estos días aciagos México vive una situación absurda donde el ejército ayuda a que habitantes de pueblos amenazados por uno de los cárteles de la droga huyan hacia otras ciudades, en lugar de protegerlos. O que una banda ofrezca su auto disolución y retiro a cambio de que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes del estado de Michoacán. Del que es originario el presidente de facto Felipe Calderón y donde pretende imponer a su hermana, Luisa Maria, como gobernadora el próximo año.

La primer situación del mundo al revés que se vive en México se presenta en Mier y Camargo, dos municipios de Tamaulipas entidad que desde la muerte del jefe del cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen alias Tony Tormenta, a manos de la Marina Armada de México, se ha convertido en una plaza ambicionada por varias bandas, entre ellas Los Zetas, integrada por ex militares de tropas entrenadas en la Escuela de las Américas para combatir el levantamiento zapatista de 1994.

Horas después de la caída del hermano del fundador del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen, preso desde 2007 en Estados Unidos, la violencia que se vivió en Matamoros el pasado viernes se extendió a más de diez municipios tamaulipecos y aparecieran narcomantas en todos los estados del Golfo de México con mensajes de Los Zetas, burlándose de sus rivales y amenazándolos con apropiarse de sus mercados y rutas de la droga rumbo a Estados Unidos, consumidor insaciable de todo tipo de basura enervante.

El segundo caso para Ripley es el que se presenta en el estado de Michoacán, donde mediante mantas y volantes una banda de delincuentes llamada La Familia, una de las agrupaciones más perseguidas por Calderón, le ofrece autodisolverse siempre y cuando su gobierno se comprometa a garantizar la seguridad de los michoacanos e impedir que se asienten en esa entidad grupos delictivos de otras entidades. Como Los Zetas o el Cártel del Pacífico, del Chapo Guzmán, hoy por hoy uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes.

No es nuevo el intento por negociar de La Familia Michoacana. En julio del año pasado le envió un mensaje a Felipe Calderón a través de un noticiero de la televisión local dirigido por el periodista Marcos Knapp. Servando Gómez, alias La Tuta, habló al aire con el comentarista y acusó a la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal) y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de apoyar a Los Zetas en su proyecto de apropiarse de la plaza michoacana. Señalando como responsable de esa alianza al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En aquella ocasión, como ahora, su oferta fue rechazada públicamente. Pero ahí queda el intento de esa banda que al parecer cuenta con una amplia base social tanto en Michoacán como en varios estados del país donde opera no solo en el trasiego de narcóticos, sino en varios rubros delictivos.

En el aspecto económico la situación esta tan mal que hasta personajes como el ex secretario de Hacienda del gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo reconoce que no se registrará una recuperación en el corto plazo y que la violencia es un obstáculo para el crecimiento económico.

Para el también ex gobernador del Banco de México y ex representante de México en el Fondo Monetario Internacional que será el próximo presidente del consejo de administración de Banorte, uno de los poquísimos bancos en manos de capitalistas mexicanos, la violencia imperante en el país está impidiendo la recuperación.

Opinión contraria a la que sostiene el actual secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien asegura que la narcoguerra no obstruye el buen despeño de los negocios aunque las cifras digan que el turismo se ha desplomado, el desempleo sigue creciendo y el año próximo el Producto Interno Bruto descenderá más aún.

Otros absurdo aparente, detrás de los cuales se oculta la lógica represiva del gobierno, es el ataque contra la oficinas del diario El Sur, en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, por un grupo de pistoleros que disparó contra redactores y reporteros sin lesionar de gravedad a ninguno. Esto a unos días de que Felipe Calderón se comprometió a respetar la libertad de expresión en México.

El director de El Sur, Juan Angulo, señaló que el ataque pudo ser originado por la hostilidad que el gobernador Zeferino Torreblanca mantiene con el rotativo que desde su fundación hace 12 años ha sido voz de las luchas sociales y defensor de los derechos humanos en Guerrero. Amén de sostener una actitud crítica e independiente frente al mandatario que llegó al ejecutivo estatal como candidato del Partido de la Revolución Democrática. Hace unos días El Sur hizo públicos varios videos donde se muestran a varios jefes de la policía de Acapulco en tratos con delincuentes.

Pero el desconcierto y el miedo comienzan a ser superados poco a poco por los jóvenes y académicos. El domingo pasado con una manifestación en CD. Juárez, a una semana de la agresión policíaca contra el estudiantado de la Universidad y en la capital del país con dos pequeñas manifestaciones de estudiantes de la UNAM y otras instituciones educativas bajo el los lemas Si le pegan a uno, nos pegan a todos y Ni uno más, ni una más.