Drogarse es un derecho

Eduardo López Betancourt

elb@unam.mx

Cada vez hay más voces a favor de instaurar en un marco legal para la producción, comercio y consumo de las drogas; de hecho su uso es permitido en casi todo el mundo, particularmente en el occidental. Un punto importante es dejar en claro, legalizarlas no significa despenalizar.

Cabe señalar que no sólo la criminalidad e impresionante inseguridad han ocasionado la falta de reglas jurídicas en este rubro, sino aún más, drogarse es un derecho intrínseco del ser humano, contra el cual nadie, y menos el Estado, tiene derecho a atentar. Las drogas no son buenas, pero no por ello se puede impedir su consumo; en este renglón es conveniente insistir, el problema de las adicciones se debe combatir desde las aulas, usando como punta de lanza la educación, y así existirán mucho más posibilidades de superar con éxito el daño irreversible que los psicotrópicos causan a la humanidad.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que en México la lucha contra el llamado “crimen organizado” ha sido un rotundo fracaso; lejos de remediar el mal de la inseguridad, irresponsablemente lo han agravado; es por ello que darle una normativa reglamentaria al tópico de los narcóticos, constituye un avance fundamental.

Felipe Calderón desde que llegó al poder, se ha empecinado en combatir a las mafias, los resultados son desalentadores, se han producido 30 mil de muertos; es palpable, el michoacano ha equivocado el camino. Un presidente no puede convertirse en jefe de policía, mucho menos en violador de leyes, particularmente de la Constitución mexicana, la cual prometió cumplir y hacer cumplir; sin embargo, de manera flagrante y con alevosía ha sacado al Ejército de sus cuarteles para literalmente adueñarse de ciudades enteras y zonas estratégicas, como aeropuertos y carreteras, donde son comunes los atropellos a los derechos humanos, sin dejar de lado cruentos amén de cobardes asesinatos de niños, jóvenes, estudiantes, y en general, de personas de buen vivir.

Precisamente Calderón, aunque tibiamente, reconoció la posibilidad de legalizar el tráfico y elaboración de enervantes, lo hizo ante la presión de diversas voces autorizadas, las cuales hacen eco de lo que se debe considerar como salida viable para tan terrible mal.

El jefe del Ejecutivo, después de expresar su posición, desde Los Pinos aclaró que está de acuerdo en que se debata sobre el asunto de la legalización de estupefacientes; obviamente, en este sentido, el presidente exhibe una posición mucho más cuerda; sin duda, sobre el particular, don Felipe debe tener mucho cuidado; por ejemplo, escuchar todas las voces, no sólo aquellas que se han vuelto “institucionales”, algunas de buena fe, empero otras de gente que sólo busca el protagonismo, cuyos intereses son nefastos y vergonzantes; caso concreto el de un sujeto calvo, hijo de un torturador, quien ambiciona el poder con desesperación y que forma parte de un grupo de entes impresentables, salinistas todos ellos, que se encuentran implicados en crímenes de toda jaez, además de inmoralidades, donde la vejación sexual de menores de edad está presente.

Retomando nuestro tema, la legalización de los alucinógenos es un reclamo mundial, la cuestión más bien se orienta a cómo hacerlo, de qué manera puede iniciarse y cuáles deben ser los parámetros. Nuestro gobierno no debe orientar sus pasos por el camino de la violencia; volvemos a subrayar, el campo educativo resulta preponderante; es urgente en las escuelas concientizar a niños y jóvenes sobre los efectos nocivos de las drogas, para inculcarles una conducta de rechazo a su consumo; ésa es la tarea principal, nunca sacando a la inculta soldadesca de los cuarteles, quienes obligadamente provocan molestia y perjuicio a la ciudadanía, con argumentos imbéciles como “estamos aplicando la ley de armas de fuego y explosivos, por eso revisamos el vehículo, su equipaje y su persona”; nos preguntamos ¿qué saben los “sardos” de la palabra “aplicar”? Lo cierto es que resulta intolerable la militarización que se vive, de forma primordial por el peligro que conlleva.

¡Cuidado!, se está jugando con fuego; los militares carecen de la mínima capacidad policiaca; por ello, nuestra Constitución es sabia al señalar que el Ejército debe permanecer en los cuarteles; enviarle a la calle es una violación flagrante a la Carta Magna, hecho que amerita sanciones severas, pero como bien sabemos, vivimos en un país, e inclusive en un mundo, donde las leyes son pisoteadas.