El ciclo del terror y la intervención

Víctor M. Quintana S.

Guerra binacional en la que un país toma las decisiones principales y el otro carga con la mayoría de los costos. Como señalan los cables de la embajada estadunidense filtrados por Wikileaks y analizados en un espléndido reportaje de Blanche Pietrich y Arturo Cano (La Jornada, 15 de marzo), el intenso compromiso de Estados Unidos con México se ha traducido en un experimento fracasado, lo reconoce la propia Janet Napolitano, en una estrategia que se les fue de las manos, como el multicitado Rápido y furioso, y tan sólo en Ciudad Juárez ha generado más de 7 mil muertos, millares de huérfanos, 230 mil desplazados y un desastre humanitario aún no dimensionado.

Sin embargo, además de las intervenciones oficiales desde arriba del gobierno estadunidense, además de que importantes decisiones de la llamada guerra contra el narco hayan sido consultadas por el gobierno federal con autoridades estadunidenses, incluso sin haber tomado en cuenta a gobernadores de los estados, hay otros hechos que nos revelan que Estados Unidos interviene de otras formas en nuestro país. Algunos de ellos:

La penetración a México de armas vendidas en Estados Unidos. Lo de menos son las 2 mil armas de asalto de la operación Rápido y furioso. Algunas fuentes señalan que cada año se introducen a México cerca de 13 mil armas de este tipo. La aprehensión del alcalde de la localidad fronteriza de Columbus, Nuevo México, Eddie Espinoza, y parte de su equipo, acusados de introducir ilegalmente armas a nuestro país, así como la operación antes citada, no dejan duda sobre la participación de diversas instancias del gobierno estadunidense en el contrabando de armas.

El hecho de que importantes mandos de Los Zetas, quienes, previamente a desertar del Ejército Mexicano, hayan sido entrenados en tácticas de contrainsurgencia en Fort Bragg, Carolina del Norte, por el ejército de Estados Unidos.

Las continuas incursiones en territorio mexicano, sobre todo en Ciudad Juárez, de sicarios pertenecientes a la banda de Los Aztecas, originada en Los Ángeles, California, y El Paso, Texas, ciudad donde residen.

La operación de facto de Los Zetas como una especie de policía migratoria informal, “una migra de la muerte” para contener y regular perversamente el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

El que importantes capos de los cárteles, como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, sean de nacionalidad estadunidense. Además, la presencia y operación con toda impunidad de cientos de narcos mexicanos en las ciudades de aquel país. La vertiginosa aprehensión de 600 de ellos luego del asesinato del agente estadunidense Jaime Zapata en San Luis Potosí no hace más que revelar que en Estados Unidos hay una amplia base operativa del narco que es tolerada mientras no transgreda ciertas reglas.

Entonces, Estados Unidos interviene con doble cara en México en este contexto de guerra al narcotráfico: por un lado, agudizando el terror que vive la población mediante la introducción de armas que van a parar a los grupos de sicarios; la operación de grupos paramilitares que matan a gente inocente; el servir de base y retaguardia estratégica para sicarios como Los Aztecas o Los Zetas. Por otro lado, en la medida en que lo anterior genera más violencia y más terror, interviniendo más y más en las decisiones estratégicas y hasta tácticas del gobierno mexicano en esa guerra para lograr incluso el envío de una fuerza de tarea del ejército estadunidense para ayudar al débil, indeciso y corrupto sistema mexicano a combatir al crimen organizado.

Si a pesar de todas estas formas de intervención no se ha logrado ganar la guerra contra el narco; si el propio gobierno de Estados Unidos reconoce su aparente fracaso, esto quiere decir que tal vez el objetivo final de dicho gobierno no sea precisamente aniquilar al crimen organizado.

En este contexto merece reflexionarse la hipótesis que plantea Andrew G. Marshall en un trabajo publicado por Global Research, titulado: “Perpetrar terror, para provocar terror… y reaccionar ante el terror”. Según Marshall, luego del 11 de septiembre tanto la CIA como el Pentágono le habrían presentado al gobierno de George Bush Jr. sendas propuestas para prevenir ataques terroristas por medio de labores de inteligencia y grupos paramilitares encubiertos. Esto se basaría en experiencias utilizadas en Irlanda del Norte por el gobierno británico y en El Salvador en los años 80 por la administración Reagan. La operación de esos grupos encubiertos consistiría en lanzar ataques terroristas y asesinar personas inocentes, sobre todo de la oposición política, para generar un ambiente de terror que permita la intervención ya formal de Estados Unidos en el país en cuestión.

¿El propósito? Mantener la ya muy debilitada hegemonía estadunidense en la región. Si en lo económico el avance de China, India y Brasil ya les causa problemas; si en lo político el ascenso de gobiernos de izquierda en Sudamérica desafía su dominio regional, es necesario cuando menos extender su manumisa sobre el patio trasero, hasta Centroamérica.

Así, el ciclo intervención-terror-intervención sería la única forma de mantenernos adheridos al decadente imperio americano. Ante esto, el gobierno mexicano se ha mostrado como todos lo sospechábamos: lento y temeroso.

Senado, ni rápido ni furioso: ¡ciego!

Jorge Camil

Un Presidente que no habla cuando y como se debe, y que pacta con Obama en lo oscurito. Un vecino poderoso que nos ha perdido el respeto, y un embajador entrometido, experto en estados fallidos. Una secretaria de Seguridad Interior imprudente, que no pierde oportunidad de denigrar a los políticos mexicanos. Y al final, por supuesto, la zanahoria de los cientos de millones de la Iniciativa Mérida, detenidos por congresistas estadunidenses preocupados por los derechos humanos. ¿A eso se reduce la relación con Estados Unidos?

Ahora sabemos a qué fue Felipe Calderón a Washington. Según The New York Times (15/03/11), a autorizar a la Defensa estadunidense para que continúe sobre el territorio nacional los vuelos con aviones no tripulados que inició en febrero pasado (¿tiene facultades?). Además, a aprobar con Obama la apertura de un segundo centro de fusión para que los dos países trabajen en medidas contra el narco. Así sí se entiende lo inesperado del viaje. Los funcionarios que hablaron con el Times aseguraron que esta ayuda se ha mantenido en secreto por las restricciones legales de México y los acalorados argumentos que surgirían en torno a las sensibilidades políticas sobre soberanía.

Se acabaron los días de la dignidad, aquellos en que la voz de México sonaba fuerte en Estados Unidos. Los días en que nos respetaban, porque teníamos una inquebrantable política exterior basada en valores nacionales; una política clara y fácil de entender para propios y extraños. Marcábamos nuestras diferencias y nos representaban cancilleres prestigiosos, conocedores del derecho internacional; diplomáticos que promovían los valores nacionales y enarbolaban las banderas de la soberanía y la autodeterminación (hoy palabras vacías). Se acabó la jurisprudencia, y llegó el pragmatismo “a la americana” de los licenciados en relaciones internacionales.

Hoy la frontera con Estados Unidos y la relación misma se han vuelto permeables: áreas grises donde oscilan indistintamente ideas, costumbres, políticas, culturas, armas, drogas y dinero, y donde México, por su falta de instituciones sólidas y la ausencia de un estado de derecho, recibe la peor parte. Tras escuchar la labia de Obama, y su falta de sensibilidad en las relaciones con México, casi extraño a George W. Bush, el ignorante que habiendo crecido en la frontera respetaba al menos la comida tex-mex y era afecto a soltar dichos en español.

La pena es que estando en Washington Calderón pactó en lo oscurito y calló. No expresó como se debe su pérdida de confianza en el embajador Carlos Pascual. Nadie sabe si tocó el tema en privado, pero fuera de la Casa Blanca lo trató entre bromas con The Washington Post. El tema no se prestaba para eso, porque sus comentarios dejaron claro que le pesaba el agravio del diplomático que denigró al Ejército y al propio Calderón en los cables de Wikileaks. Convertido en estratega militar, Pascual envió cables informando que el Ejército Mexicano “tiene una nula preparación, es lento, sufre aversión al riesgo… y no es una garantía en la lucha contra el crimen organizado”. Dijo que él se coordina mejor con la Marina. Aversión al riesgo, como se vea, es una forma no muy velada de acusar al Ejército de cobardía: ¡en medio de sus bajas en la guerra contra el narco! Y en momentos en que el mandatario lo necesita más que nunca para terminar lo mejor posible su guerra inopinada y su mandato.

Calderón recurrió a dichos folclóricos (no me defiendas, compadre), pero no planteó la remoción de Pascual ni el retiro del beneplácito. Al ser interrogado sobre su falta de confianza en Pascual, Calderón contestó con una evasiva: la confianza es difícil de conseguir y fácil de perder. Pedir el retiro de Pascual era obligado para conservar la confianza del Ejército. ¿Cómo continuar luchando (y muriendo) por un comandante en jefe que no defiende a sus tropas?

Al regreso de Washington lo esperaba el operativo Fast and Furious, un experimento intervencionista, y a todas luces criminal, de la Dirección de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que permitió y fomentó la exportación ilegal de armas a México para que las armas caminen (caminen y asesinen mexicanos, debieron añadir). ¡Tráfico vigilado, le llaman!

Más de 2 mil 500 armas, incluyendo las que perforan vehículos blindados, se pusieron en manos de contrabandistas que las vendieron al crimen organizado. La idea era seguirles el rastro y asociarlas a delitos. Aunque en un documento obtenido por CBS aparece que el Departamento de Justicia suspendió el operativo (La Jornada, 15/03/11), John Dodson, agente de ATF, asegura que Rápido y furioso sigue funcionando. Mientras tanto, la embajada del señor Pascual afirma que “el gobierno mexicano sabía del operativo”. Alguien miente.

¿Quién exigirá cuentas y defenderá el territorio, al Ejército y la soberanía, si no lo hace el Presidente, ni la buena de la señora canciller, ni nuestro embajador con su inglés impecable; ni el Senado, que tiene el deber constitucional de analizar la política exterior del Ejecutivo?