CONTRA REFORMA LABORAL QUE
LEGALIZA LA VIOLACION DE DERECHOS LABORALES
· Es iniciativa producto de contubernio entre priistas, panistas y gobierno
· Deja a millones de empleados a merced de los patrones
· Urge informar y crear conciencia para movilizar y parar este nuevo golpe
El pueblo mexicano es, nuevamente, víctima de una negociación turbia. En contubernio y haciéndole el juego sucio a Felipe Calderón, Javier Lozano y Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha presentado una iniciativa de reforma laboral propatronal que abarata la mano de obra y pone fin a la estabilidad en el empleo, por lo que se hace urgente que las y los trabajadores, especialmente los jóvenes, que son los más afectados, se movilicen y rebelen de forma masiva contra quienes buscan legalizar la violación de su derechos laborales.
Resulta muy significativo, y sospechoso, que un día antes de entregar su propuesta, el presidente del PRI, Humberto Moreira, se haya reunido con Felipe Calderón. ¿Qué negociaron? Ahora, en coro, empresarios, políticos panistas y hasta el secretario del Trabajo, Javier Lozano, la avalan y aplauden con bombo y platillo, luego de esperar por ella más de 20 años.
Con el documento presentado por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se pretende echar abajo —de un plumazo, y en aras de una productividad que sólo beneficia a la patronal—, el último resquicio de defensa legal de las y los trabajadores. Es aberrante que esta iniciativa cuente con la anuencia y la traición de mafias como las dirigencias de la Central de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quienes, supuestamente, deberían defender a las y los trabajadores.
De la iniciativa priista destacan enmiendas a la Ley Federal del Trabajo que dan manga ancha a la flexibilización y precarización total de la mano de obra: contratación por capacitación y a prueba, lo que facilita a los patrones la contratación y el cese de personal a su arbitrio, evitándoles el pago de las indemnizaciones mínimas que marca la ley.
De este modo se promueve la inestabilidad en el empleo y se niega el derecho a la seguridad y prestaciones sociales; también se propicia la impunidad en casos de despido injustificado al limitar el pago de salario caídos a un año, cuando sabemos que esos juicios, aun cuando sean ganados por la o el trabajador, pueden prolongarse más allá de cinco años.
Con el pretexto de definir y normar el outsourcing, lo que en realidad hace la propuesta priista es explicitar en la ley —legalizar—, la tolerancia a esta práctica perversa de la subcontratación que, de facto, arrebata a las y los empleados sus prerrogativas a un salario justo, beneficios sociales y al derecho de organización.
En realidad, en este apartado, el documento no es más que una simulación que diluye las responsabilidades de la empresa beneficiara de la subcontratación, lo que significa la burla de los derechos de las y los trabajadores, puesto que no se establecen de manera clara y concreta las garantías básicas para evitar el abuso y la indefensión contra éstos.
En su conjunto, la iniciativa presentada por el priismo es atentatoria contra el sindicalismo y la contratación colectiva auténticas al dar pie a la negociación de condiciones de trabajo de manera individual.
Al hacer caso omiso a la democratización, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito gremial y al no plantear la eliminación de la toma de nota garantiza para el PRI y el gobierno el control corporativo de los sindicatos.
De aprobarse esta iniciativa de reforma laboral la sociedad mexicana en su conjunto, quienes viven de su trabajo asalariado, tendría que enfrentar un escenario peor al que de por sí han tenido que soportar en décadas, con mayor precarización y sin perspectiva de un trabajo digno.
Es necesario dejar muy en claro que la iniciativa presentada por los priistas el pasado 10 de marzo es una reforma que bajo la mentira de promover el empleo lo que hace, en realidad, es repartir el poco empleo que hay entre trabajadores que estarán todavía más precarizados.
Es cierto que desde hace mucho tiempo se ha precarizado el empleo y se han avasallado los derechos laborales con la complicidad de patrones y autoridades laborales, pero de aprobarse esta norma la violación del concepto de trabajo decente sería ya avalada jurídicamente, en contraposición de lo que la reforma quiere hacernos creer en su exposición de motivos.
De consumarse esta reforma se estaría asestando el golpe más demoledor contra el futuro de millones de jóvenes mexicanos. Si en los hechos las y los jóvenes son ya las principales víctimas de abusos salariales y laborales de todo tipo, con la aprobación de esta iniciativa se anularía para ellos cualquier perspectiva de encontrar un trabajo digno.
Ante esta situación el movimiento sindical independiente tiene la obligación de asumir el reto de difundir ante toda la clase obrera las consecuencias que habrá de traer esta reforma. Hay que ir ahí, donde están las y los trabajadores no organizados, a informar y hacer conciencia de este nuevo ataque.
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