Activistas piden a Tribunal de BC sentencia absolutoria
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 15 mar 11 (CIMAC).- El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres exigió que las 25 mujeres que se encuentran presas por abortar en Baja California sean liberadas de manera inmediata, así como todas aquellas que están encarceladas en la República Mexicana por la misma causa.
En conferencia de prensa, realizada en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México, integrantes del Pacto exigieron a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para elaborar un diagnóstico de las mujeres presas por interrumpir su embarazo en las entidades federativas.
Psyche Calderón Vargas, de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, señaló que en las próximas semanas se resolverá el caso de una joven de 21 años originaria de Mexicali, sentenciada a 23 años de prisión por aborto espontáneo, toda vez que la sentencia se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, por lo que convocó a los magistrados a que dicten una sentencia absolutoria.
En este caso, la mujer -presa desde 2008- fue procesada por el delito de homicidio agravado por parentesco. Su caso se suma a otros en la entidad en los que se han transgredido las libertades y los derechos fundamentales de las mujeres al ser encarceladas injustamente.
“La joven sentenciada injustamente no es la primera mujer penalizada por sufrir un accidente; 14 más fueron sentenciadas por el mismo delito en el estado y no sabemos si alguna de ellas está en la misma situación que la joven de 21 años”, explicó Psyche Calderón.
Marixtel Calderón Vargas, también integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, precisó que según datos recabados a través de una solicitud de acceso a la información, en Baja California 14 mujeres fueron sentenciadas por el delito de homicidio agravado por parentesco y 10 más se encuentran en espera de su sentencia bajo el mismo cargo.
Exigió al gobernador de BC, José Guadalupe Osuna Millán, la liberación inmediata de la joven de 21 años; al Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, que su sentencia sea absolutoria; y al sistema de salud estatal, que no se vuelva a repetir ninguna violación a los derechos de las mujeres.
Agregó que esta semana se reunirán con Alan García, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para entregarle el expediente de la joven que está a dos meses de cumplir tres años en prisión y notificarle que existen otros 24 casos que podrían ser similares.
Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la organización Las Libres de Guanajuato, afirmó que en la República Mexicana existen mujeres detenidas en las mismas condiciones que en BC, encarceladas y sentenciadas por el delito de homicidio agravado por parentesco cuando sufrieron un aborto espontáneo.
Informó que debido al trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil en Guanajuato, hasta el momento no existe ninguna mujer encarcelada por estos motivos y no hay ningún proceso penal al respecto.
Sin embargo, apuntó, el problema no ésta resuelto de fondo ya que en cualquier momento cualquier mujer es tratada como criminal, y lo más grave es que sea por las instancias de salud que olvidan su obligación de salvaguardar la vida de las mujeres y, por el contrario, las denuncian.
A su vez, denunció, las instancias de procuración de justicia las tratan como si fueran las peores criminales.
Cruz Sánchez llamó a la Cámara de Diputados a que haga un diagnóstico nacional de todas las mujeres que están en estas condiciones en todo el país, ya que es muy difícil ubicar caso por caso.
Destacó que de septiembre del 2010 hasta la fecha han recibido solicitudes de apoyo a mujeres en casos similares en Guerrero, Querétaro, Aguascalientes, Campeche y Veracruz.
El Código Penal de Baja California estipula que a la mujer que se practique un aborto o consienta que otra persona la haga abortar, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, e igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con el consentimiento de ella.
El código considera como excepciones para castigar la interrupción del embarazo los casos de violación, o cuando estén en peligro la vida de la mujer o el producto.
Mientras que por el delito de homicidio agravado por parentesco se establece una sanción de 20 a 50 años de prisión, sin derecho a fianza.
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