Acuerdan formalmente instalar mesas de trabajo para sentencias de CoIDH

Funcionarios de gobierno se reúnen con Inés y Valentina

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 15 mar 11 (CIMAC).- Aunque el Estado mexicano cuestionó las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la violación sexual ejercida por militares en perjuicio de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, hoy formalizó la instalación de las mesas de trabajo para cumplir estos fallos.

En entrevista con Cimacnoticias, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) litigaron el caso ante el sistema interamericano, confirmó que con esta reunión se da el primer paso para cumplir con las dos sentencias notificadas el 1 de octubre de 2010.

Cabe recordar que aún está pendiente la solicitud de interpretación que el pasado 29 de diciembre de 2010, el Estado mexicano hizo a la CoIDH para que explicara cómo se pasarían las investigaciones de ambos casos a la jurisdicción civil si en México la autoridad competente es el sistema de justicia militar.

En la reunión privada de hoy participaron Inés, Valentina, integrantes de Tlachinollan y de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM) –organización que apoya ambos casos– así como funcionarios de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la Consejería Jurídica de la Presidencia y las embajadas de España y Austria.

Santiago Aguirre explicó que la finalidad de este encuentro no era llegar a acuerdos porque no hay nada que negociar, las sentencias son muy claras y lo único que hay que acordar es cómo cumplirlas, qué metodología se va a utilizar y buscar la forma de que los fallos de la CoIDH se cumplan de forma expedita y cabal.

Para Inés Fernández, una de las víctimas de violación por militares, esta reunión significa una esperanza de tener justicia. Considera que es un avance para lograr restituir un poco el daño que le hicieron hace nueve años. Agrega que con esta sentencia espera que sus hijos tengan educación y que en su comunidad, Barranca Tecuani, se hagan centros de salud para las mujeres.

Por su parte, Valentina Rosendo -también víctima de violación por parte de militares- se mostró desconfiada del avance de la sentencia. Aunque reconoció que el gobierno dijo que cumplirá con todas sus resoluciones, ya no confía en las autoridades quienes siempre le han mentido y cuestionado la veracidad de sus declaraciones.

De acuerdo con Tlachinollan, las mesas de implementación comenzarán en quince días. En tanto, la Segob y la SRE ya acordaron elaborar una agenda de trabajo divida en siete áreas: justicia, reconocimiento de responsabilidad, políticas públicas y reparaciones de alcance comunitario, reformas legislativas, educación, atención médica y salud, e indemnización y capacitación.