Hospitalizan a mujer indígena en huelga de hambre

Pide libertad de “preso político” en Chiapas

Por Sandra de los Santos, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, 16 mar 11 (CIMAC).- Después de 21 días en huelga de hambre, Agretina Gutiérrez Núñez, de 27 años de edad, fue trasladada la madrugada de este martes al Hospital Regional de esta capital por su grave estado de salud.

Agretina, junto con Violeta Cruz, de 29 años; Orbelina Méndez Cruz, de 13, y Pedro Méndez Núñez, inició un ayuno en las puertas de Palacio de Gobierno del estado de Chiapas para exigir la liberación de sus familiares Amílcar y Armando Méndez Núñez.

Sin embargo, la indígena tzeltal decidió continuar con su huelga de hambre en el hospital. Violeta Cruz, Orbelina Méndez y Pedro Méndez, quienes también ya presentan problemas por no ingerir alimentos, mantienen su protesta.

César Méndez Núñez, hermano de los detenidos, confirmó ayer que el pasado viernes Armando Méndez Núñez fue liberado, pero que Amílcar continúa en la cárcel.

Las ayunantes solicitan el desistimiento de la denuncia en contra de los hermanos por homicidio, así como el castigo a los responsables de la violación sexual que sufrieron Agretina Gutiérrez y Violeta Cruz cuando fueron desalojadas de sus tierras.

Los hermanos Amílcar y Armando Méndez Nuñez, quienes son militantes de La Otra Campaña (simpatizante del EZLN), fueron detenidos el 16 de diciembre del 2008 y recluidos en el Cereso 17 del municipio de Playas de Catazajá, acusados del delito de homicidio de un integrante de la OPDDIC, organización que ha sido señalada como paramilitar.

Las mujeres también demandan que les sean restituidas sus tierras, luego de que ellas, junto con otras familias militantes de La Otra Campaña, fueron desplazadas del ejido Cintalapa tras la detención de sus esposos.

Las mujeres tzeltales, que hablan poco español, manifestaron que desde que sus compañeros fueron detenidos, tuvieron que irse del ejido Cintalapa por las amenazas constantes que recibían, y por el temor de ser atacadas. Agretina y Violeta fueron desalojadas de sus tierras y sufrieron violación sexual de manera tumultuaria.

Los terrenos ahora están en posesión de la OPDDIC, y a pesar de que ya se entablaron las denuncias por violación sexual y despojo hasta ahora las autoridades no han castigado a los responsables.