Graciela Bensusán
El 10 de marzo, el diputado Tereso Medina, dirigente de la CTM, y otros 237 diputados del PRI presentaron su iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo. Su lectura sugiere que el PRI decidió aprovechar su mayor presencia en el Congreso para reforzar el andamiaje corporativo y utilizarlo nuevamente como instrumento de gobernabilidad laboral autoritaria, si se cumple la expectativa de recuperar la presidencia. No queda duda que el principal propósito es congraciarse con el sector empresarial con miras al proceso electoral de 2012, retomando sus demandas, como son la contratación para capacitación inicial, los períodos de prueba y el tope a los salarios caídos, y eliminando una de las ventajas que una versión inicial de esta propuesta ofrecía a los trabajadores: la jornada de 40 horas, rechazada por aquel sector pero vigente ya en más de 50 países en el mundo.
Aunque en la exposición de motivos se plantea el compromiso con la modernización y la promoción del trabajo digno, la iniciativa se orienta a perpetuar una visión fracasada de la competitividad del país, basada en el control sindical y el bajo salario. Nada más lejos de las experiencias del Conosur- principalmente en Brasil, Argentina y Uruguay pero también en Chile-orientadas a mejorar los salarios, revitalizar el mercado interno y luchar contra la pobreza y la desigualdad, demostrando que estos objetivos de la política laboral no solamente son compatibles con el sostenimiento de una estrategia exportadora, sino convenientes para alcanzar altas tasas de crecimiento económico, contrarrestar los efectos de la crisis global de 2008-2009 y aumentar la cohesión social.
No hay en la iniciativa el menor interés por mejorar la situación de los trabajadores que hoy se enfrentan a uno de los mercados laborales más flexibles, con tasas de rotación del 70% anual. Por ejemplo, aunque legisladores del PRI han promovido iniciativas para adoptar un seguro de desempleo, no se vincula la aprobación de esta iniciativa a la adopción simultánea de este tipo de mecanismos que, como es sabido, ya existen en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Ecuador, entre otros. De aprobarse como está, los trabajadores mexicanos seguirán teniendo una de las jornadas más largas- comparada con la de Chile, de 45 horas y la de Brasil, 44 horas- y el período de vacaciones más corto, junto a un salario mínimo por debajo de la línea de pobreza (OIT, 2008) y entre los más bajos del continente: 134 dólares versus 475 en Argentina, 372 en Chile; 318 en Brasil y 300 en Uruguay. Entre las pocas reformas que buscan convencer de las bondades de esta iniciativa, está la obligación de registrar a los trabajadores rurales eventuales y de temporada (algo que nunca funcionó en el caso de los trabajadores a domicilio) y la que establece un descanso semanal ininterrumpido de día y medio para los trabajadores domésticos.
Ello revela, por decir lo menos, un débil compromiso con la justicia social, a pesar de que el PRI discursivamente vuelve a invocarla como meta principal del Estado.La promoción del “trabajo digno”, que de acuerdo a la OIT implica estabilidad en el empleo, salarios remuneradores, sindicatos fortalecidos y auténtico diálogo social, no puede alcanzarse con esta reforma. De poco sirve apelar a este concepto, cuando los cambios reducen el costo del despido (limitando el monto de los salarios caídos a un año) o legitiman al outsourcing (subcontratación) como “un sector dinámico, generador de empleos y de ingresos, adecuadamente regulados por la ley”, en lugar de restringirlo y fiscalizarlo a través de una Inspección del Trabajo fortalecida, como lo hicieron en Argentina y Chile, para mejorar la calidad de los empleos. Basta ver la degradación de las condiciones de trabajo en la cadena productiva de sectores como el automotriz o la electrónica para advertir la inocuidad de la regulación que se propone. Sin embargo, se trata de un cambio esperado por los empresarios mexicanos, más interesados en minimizar sus responsabilidades patronales que en buscar sus ganancias a través de la calidad, la innovación o la productividad.
Tampoco se puede avanzar hacia el “trabajo digno” promoviendo el status quo sindical ni preservando un sistema de juntas de conciliación y arbitraje que, como está más que comprobado, no permite a los trabajadores el acceso a la justicia. En suma, esta propuesta nos recuerda lo que el PRI fue y lo que nos espera en el futuro, tanto si triunfara un candidato presidencial proveniente de sus filas como si lo hiciera un candidato de cualquier partido que siguiera manteniendo una política laboral contraria al aumento de los salarios y a la emergencia y consolidación de un sindicalismo independiente capaz de imponer contrapesos a los intereses empresariales, aprovechando para ello una legislación obsoleta pero fortalecida con la ayuda de la iniciativa que comentamos.
Analista laboral
Aunque en la exposición de motivos se plantea el compromiso con la modernización y la promoción del trabajo digno, la iniciativa se orienta a perpetuar una visión fracasada de la competitividad del país, basada en el control sindical y el bajo salario. Nada más lejos de las experiencias del Conosur- principalmente en Brasil, Argentina y Uruguay pero también en Chile-orientadas a mejorar los salarios, revitalizar el mercado interno y luchar contra la pobreza y la desigualdad, demostrando que estos objetivos de la política laboral no solamente son compatibles con el sostenimiento de una estrategia exportadora, sino convenientes para alcanzar altas tasas de crecimiento económico, contrarrestar los efectos de la crisis global de 2008-2009 y aumentar la cohesión social.
No hay en la iniciativa el menor interés por mejorar la situación de los trabajadores que hoy se enfrentan a uno de los mercados laborales más flexibles, con tasas de rotación del 70% anual. Por ejemplo, aunque legisladores del PRI han promovido iniciativas para adoptar un seguro de desempleo, no se vincula la aprobación de esta iniciativa a la adopción simultánea de este tipo de mecanismos que, como es sabido, ya existen en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Ecuador, entre otros. De aprobarse como está, los trabajadores mexicanos seguirán teniendo una de las jornadas más largas- comparada con la de Chile, de 45 horas y la de Brasil, 44 horas- y el período de vacaciones más corto, junto a un salario mínimo por debajo de la línea de pobreza (OIT, 2008) y entre los más bajos del continente: 134 dólares versus 475 en Argentina, 372 en Chile; 318 en Brasil y 300 en Uruguay. Entre las pocas reformas que buscan convencer de las bondades de esta iniciativa, está la obligación de registrar a los trabajadores rurales eventuales y de temporada (algo que nunca funcionó en el caso de los trabajadores a domicilio) y la que establece un descanso semanal ininterrumpido de día y medio para los trabajadores domésticos.
Ello revela, por decir lo menos, un débil compromiso con la justicia social, a pesar de que el PRI discursivamente vuelve a invocarla como meta principal del Estado.La promoción del “trabajo digno”, que de acuerdo a la OIT implica estabilidad en el empleo, salarios remuneradores, sindicatos fortalecidos y auténtico diálogo social, no puede alcanzarse con esta reforma. De poco sirve apelar a este concepto, cuando los cambios reducen el costo del despido (limitando el monto de los salarios caídos a un año) o legitiman al outsourcing (subcontratación) como “un sector dinámico, generador de empleos y de ingresos, adecuadamente regulados por la ley”, en lugar de restringirlo y fiscalizarlo a través de una Inspección del Trabajo fortalecida, como lo hicieron en Argentina y Chile, para mejorar la calidad de los empleos. Basta ver la degradación de las condiciones de trabajo en la cadena productiva de sectores como el automotriz o la electrónica para advertir la inocuidad de la regulación que se propone. Sin embargo, se trata de un cambio esperado por los empresarios mexicanos, más interesados en minimizar sus responsabilidades patronales que en buscar sus ganancias a través de la calidad, la innovación o la productividad.
Tampoco se puede avanzar hacia el “trabajo digno” promoviendo el status quo sindical ni preservando un sistema de juntas de conciliación y arbitraje que, como está más que comprobado, no permite a los trabajadores el acceso a la justicia. En suma, esta propuesta nos recuerda lo que el PRI fue y lo que nos espera en el futuro, tanto si triunfara un candidato presidencial proveniente de sus filas como si lo hiciera un candidato de cualquier partido que siguiera manteniendo una política laboral contraria al aumento de los salarios y a la emergencia y consolidación de un sindicalismo independiente capaz de imponer contrapesos a los intereses empresariales, aprovechando para ello una legislación obsoleta pero fortalecida con la ayuda de la iniciativa que comentamos.
Analista laboral
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