Alberto Aziz Nassif
Ver Presunto culpable es una experiencia angustiante y, al mismo tiempo, esperanzadora. El documental hace una etnografía del sistema de justicia penal en México. El caso no es una excepción, sino una rutina que se repite para dejarnos en imágenes algo que ya sabíamos o sospechábamos: la impunidad, la corrupción y el maltrato que dominan el acceso a la justicia.
El caso de Toño, el presunto culpable, es uno de los miles y miles de ciudadanos que se pudren en las cárceles, aplastados por una burocracia de policías, ministerios públicos, jueces, expedientes, que lo último que tienen como objetivo es administrar e impartir justicia. Una diferencia del caso de Toño respecto a otros reos es que en este proceso se logró romper el anonimato. Con la participación de los abogados y la introducción de la cámara que grabó las entrañas del Reclusorio Oriente del Distrito Federal se logró hacer la diferencia. Fue gracias a la cámara que un tribunal colegiado logró revertir la sentencia de 20 años de prisión por un crimen que Toño no había cometido.
Fue el empeño de dos abogados, Layda y Roberto, que formaron un equipo y consiguieron a un penalista, lo que llevó a una rectificación después de dos años y medio de encierro. Al hacer una revisión microscópica del expediente original con el que se hizo la sentencia de 20 años, se detectó una anomalía, el abogado tenía una cédula profesional falsa y eso abrió la posibilidad de pedir un nuevo juicio. Pero lo más grave es que después de reponer el procedimiento, la sentencia simplemente se copia para quedar en los mismos términos. Con todo y la cámara, el abogado penalista, las nuevas declaraciones de los policías y el careo entre el sentenciado y el testigo que lo inculpa, se repite la misma sentencia. Después de los testimonios de que Toño había estado trabajando lejos del lugar del asesinato, lo que parecía obvio, modificar la primera sentencia, no se hizo y el mismo juez emitió un dictamen copiado del primero, es decir, toda la información nueva no sirvió de nada.
Presunto culpable es la capacidad del cine documental de abrir al gran público los temas que tienen en la lona al país. Sin duda, si tuviéramos mucho más cine de esta calidad, más televisión, más radio, lo más probable es que México estaría en otra situación. La importancia de los medios es fundamental en el debate y el análisis de país real. Presunto culpable ha generado una conciencia colectiva del problema. Es tan rotunda la historia que no deja lugar a la duda: un Estado que no puede garantizar la impartición de justicia de acuerdo a un marco de legalidad es un Estado que está perforado en su legitimidad.
Por investigaciones recientes sabemos que la situación de las cárceles en México es un infierno. El hacinamiento es explosivo, en los últimos años se ha incrementado en 100% la población penitenciaria. Las condiciones en las que se vive son como de un campo de concentración en malas condiciones. El empeoramiento de los presos es progresivo, las familias tienen que alimentar a sus presos; la pobreza ronda. El robo es el delito número uno, pero 50% robó bienes menores a 5 mil pesos y la mitad de ellos, bienes menores a 500 pesos (Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional, 2009, CIDE y CIESAS).
Sólo en un país contrahecho podía haber prosperado un amparo para sacar de cartelera la película, que afortunadamente sólo estuvo fuera unas cuantas horas, porque un tribunal colegiado la regresó a las salas de exhibición. Estos vericuetos legales le han dado a la película la fama suficiente para que el gran público vaya a verla. Uno de los mensajes finales de Presunto culpable es la invitación a filmar los procesos para darle a los procesos de administración de justicia el espacio de difusión y conocimiento que necesitan tener.
¿Qué sigue después de la película? De forma automática no llegarán los cambios en la administración de la justicia. Pero, sin duda, este documental ayuda mucho. La recuperación de las instituciones de justicia pasa por transformaciones radicales: cambiar las reglas y los desempeños de los policías, ministerios públicos, jueces y abogados. Es urgente combatir la corrupción, como el sistema que aceita y alimenta la impunidad y la injusticia. Se necesitan regenerar los tejidos sociales que se han deteriorado de forma grave con la pobreza, el desempleo, la expansión del crimen y la falta de una oportunidad para millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es urgente exigir cuentas, porque la justicia penal es uno de los grandes hoyos negros del país, mientras nuestros políticos sólo están preocupados por ganar votos...
Investigador del CIESAS
El caso de Toño, el presunto culpable, es uno de los miles y miles de ciudadanos que se pudren en las cárceles, aplastados por una burocracia de policías, ministerios públicos, jueces, expedientes, que lo último que tienen como objetivo es administrar e impartir justicia. Una diferencia del caso de Toño respecto a otros reos es que en este proceso se logró romper el anonimato. Con la participación de los abogados y la introducción de la cámara que grabó las entrañas del Reclusorio Oriente del Distrito Federal se logró hacer la diferencia. Fue gracias a la cámara que un tribunal colegiado logró revertir la sentencia de 20 años de prisión por un crimen que Toño no había cometido.
Fue el empeño de dos abogados, Layda y Roberto, que formaron un equipo y consiguieron a un penalista, lo que llevó a una rectificación después de dos años y medio de encierro. Al hacer una revisión microscópica del expediente original con el que se hizo la sentencia de 20 años, se detectó una anomalía, el abogado tenía una cédula profesional falsa y eso abrió la posibilidad de pedir un nuevo juicio. Pero lo más grave es que después de reponer el procedimiento, la sentencia simplemente se copia para quedar en los mismos términos. Con todo y la cámara, el abogado penalista, las nuevas declaraciones de los policías y el careo entre el sentenciado y el testigo que lo inculpa, se repite la misma sentencia. Después de los testimonios de que Toño había estado trabajando lejos del lugar del asesinato, lo que parecía obvio, modificar la primera sentencia, no se hizo y el mismo juez emitió un dictamen copiado del primero, es decir, toda la información nueva no sirvió de nada.
Presunto culpable es la capacidad del cine documental de abrir al gran público los temas que tienen en la lona al país. Sin duda, si tuviéramos mucho más cine de esta calidad, más televisión, más radio, lo más probable es que México estaría en otra situación. La importancia de los medios es fundamental en el debate y el análisis de país real. Presunto culpable ha generado una conciencia colectiva del problema. Es tan rotunda la historia que no deja lugar a la duda: un Estado que no puede garantizar la impartición de justicia de acuerdo a un marco de legalidad es un Estado que está perforado en su legitimidad.
Por investigaciones recientes sabemos que la situación de las cárceles en México es un infierno. El hacinamiento es explosivo, en los últimos años se ha incrementado en 100% la población penitenciaria. Las condiciones en las que se vive son como de un campo de concentración en malas condiciones. El empeoramiento de los presos es progresivo, las familias tienen que alimentar a sus presos; la pobreza ronda. El robo es el delito número uno, pero 50% robó bienes menores a 5 mil pesos y la mitad de ellos, bienes menores a 500 pesos (Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional, 2009, CIDE y CIESAS).
Sólo en un país contrahecho podía haber prosperado un amparo para sacar de cartelera la película, que afortunadamente sólo estuvo fuera unas cuantas horas, porque un tribunal colegiado la regresó a las salas de exhibición. Estos vericuetos legales le han dado a la película la fama suficiente para que el gran público vaya a verla. Uno de los mensajes finales de Presunto culpable es la invitación a filmar los procesos para darle a los procesos de administración de justicia el espacio de difusión y conocimiento que necesitan tener.
¿Qué sigue después de la película? De forma automática no llegarán los cambios en la administración de la justicia. Pero, sin duda, este documental ayuda mucho. La recuperación de las instituciones de justicia pasa por transformaciones radicales: cambiar las reglas y los desempeños de los policías, ministerios públicos, jueces y abogados. Es urgente combatir la corrupción, como el sistema que aceita y alimenta la impunidad y la injusticia. Se necesitan regenerar los tejidos sociales que se han deteriorado de forma grave con la pobreza, el desempleo, la expansión del crimen y la falta de una oportunidad para millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es urgente exigir cuentas, porque la justicia penal es uno de los grandes hoyos negros del país, mientras nuestros políticos sólo están preocupados por ganar votos...
Investigador del CIESAS
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