Las niñas también cuentan, que llevaron a cabo organizaciones civiles de derechos humanos encabezadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Durante muchos años los estudios de género han pugnado por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en su lucha por el espacio público y por el respeto a su autonomía física, moral y espiritual. Sin embargo, estas discusiones habían dejado en el abandono a un grupo de mujeres que por su condición de edad requiere de particular atención: las niñas. Dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establecen la prohibición de discriminar y vulnerar los derechos de las niñas.
No obstante, persisten en nuestra sociedad estructuras añejas que privilegian a los hombres y reproducen estereotipos y papeles tradicionales de género en detrimento de las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (2005), a casi la tercera parte de los hombres les parece natural que se les prohíban más cosas a las mujeres que a los hombres. El 15 por ciento considera también que no se debe gastar tanto en la educación de las hijas, porque se van a casar. Y una cuarta parte considera que las violaciones sexuales son provocadas por las víctimas.
Un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con niñas y niños de educación básica, revela que las niñas son molestadas, ultrajadas y hostigadas en los espacios escolares por sus compañeros, particularmente en los sanitarios. Y que una mayor proporción de niñas colabora en las labores de su hogar o en el cuidado de otros miembros de la familia.
En México hay 18 millones de niñas. Las entidades con el mayor número de población femenina menor de 18 años son el estado de México (2 millones 441 mil), Veracruz (un millón 221 mil), Jalisco (1 millón 177 mil) y el Distrito Federal (un millón 143 mil).
En el caso del estado de México, es de destacar el grave problema del feminicidio, que incluye a niñas y adolescentes, torpemente negado por el gobierno de esa entidad. Chiapas y Oaxaca son las entidades con el mayor número de niñas en hogares indígenas, y en las que existen altos índices de marginación, pobreza y exclusión, así como violaciones a los derechos a la salud, la educación y a una vida libre de violencia.
El embarazo adolescente también se ha incrementado en años recientes. A escala nacional 180 mil menores de entre 15 y 17 años ya son madres. Es necesario que mejoren las políticas públicas y los programas de gobierno en materia de salud sexual y reproductiva, atendiendo a las necesidades de información veraz, científica y libre de prejuicios, para que nuestra infancia pueda vivir con plenitud y sin temor cada una de las etapas de su vida.
Se calcula que 220 mil personas de entre 12 y 17 años no estudian ni trabajan. De ese total, 5.7 por ciento son niños y 12.7 por ciento niñas. El tema no es menor, pues diversos estudios realizados tanto por organismos internacionales como por el sector civil y académico indican que la falta de acceso, permanencia y conclusión de los estudios tiene un impacto sumamente negativo en el desarrollo personal y profesional de las niñas. Lo que a la larga limitará sus expectativas laborales, y por lo tanto su acceso a ingresos económicos que les permitan una vida digna al llegar a ser adultas y adultas mayores.
Dentro del trabajo infantil se presentan también condiciones aún más precarias para las mujeres, pues 80 por ciento de los infantes que trabajan son niñas, que inician actividades entre los 9 y los 16 años de edad.
Debido a la situación de extrema pobreza muchas familias permiten que sus hijas se trasladen a las grandes urbes a emplearse como trabajadoras del hogar, aun cuando son menores de 14 años, edad mí-nima que por ley debe tenerse para realizar un trabajo remunerado. Estas niñas trabajadoras se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, ya que al encontrarse lejos de sus familias, y carentes además de instrucción escolar, son objeto de abusos y discriminación por parte de las y los patrones.
En general, la edad de las empleadas domésticas oscila entre ocho y 20 años. Se enfrentan a jornadas de trabajo de 10 horas, sin sueldos justos y sin acceso a los servicios médicos. Por lo que se refiere al acceso a la justicia y al debido proceso, las niñas y los niños deben enfrentar un sistema en el que falta pericia por parte de las autoridades para abordar de manera sensible y eficaz las problemáticas que la infancia puede presentar, como el abuso sexual, que en el caso de las niñas es en realidad grave. Dado que la discriminación comienza desde la infancia, es hora de que sociedad y gobierno generemos las condiciones óptimas para que las niñas sean visibilizadas y atendidas de manera central en las políticas públicas.
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