modernidadmexicana (Salinas dixit) y del sólido avance de la
democracia de, por y para los empresarios(Fox ídem), sus copatrocinadores ya no saben qué hacer con ellos ni cómo meterlos al redil. Sometido por su propia creación, el gobierno mexicano no hace nada para remediar esta situación, mientras la embajada estadunidense en México se dice
sorprendiday
preocupadapor el sostenido avance y la creciente
influenciade los barones autóctonos en la toma de decisiones en los ámbitos Judicial, Legislativo y Ejecutivo de México.
Lo detallan los cables de Wikileaks, publicados por La Jornada, y el panorama no es grato. El gobierno mexicano no atina a tomar decisiones para acabar con monopolios, duopolios y oligopolios, ante el peligro que para él representa quedar mal con alguno de los involucrados, cada uno de los cuales le significa un jugoso apoyo
financiero para sus ambiciones electorales. A su vez, la preocupación
de la legación estadunidense, y los intereses que ella representa, se enfoca en el sector mexicano de las telecomunicaciones (y por obvias razones en los consorcios dominantes
: Telmex, Telcel, Televisa y Tv Azteca), tal vez por ser éste el único, a estas alturas, en el que sus grandes capitales no tienen acceso pleno al pastel, y no precisamente por los resabios
legales en la materia o por el patriotismo
gubernamental, sino por el hecho contundente de que tales monstruos representan un impedimento real para la apertura del mercado y para que las trasnacionales del ramo claven los colmillos en este exquisito negocio (que incluye una tercera cadena de televisión) hasta ahora reservado mayoritariamente a los nacionales, hoy en plena guerra
por el control de los bienes otrora de la nación.
Pero ni el paralizado gobierno mexicano ni la preocupada
legación estadunidense tienen qué reclamar. Desde la supuesta oposición, los panistas apoyaron con todo la política privatizadora de Salinas y Zedillo (de la banca a los ferrocarriles, sin olvidar la telefonía) y a los monstruos empresariales de ella resultantes. Fox sólo llegó cínicamente a poner la cereza al pastel, mientras los vecinos del norte aplaudían la modernidad
económica mexicana y celebraban la transición
(con el indeleble sello del Consenso de Washington
) de los monopolios del Estado a los monopolios privados. Felipe Calderón estaba entre los aplaudidores, pero tiempo después se le cruzó una candidatura a Los Pinos, y en campaña prometió estimular la competencia mediante el combate
a monopolios, duopolios y oligopolios, aunque en los hechos sólo los ha fortalecido.
¿Por qué hasta ahora la preocupación
de la embajada estadunidense en torno a monopolios, duopolios y oligopolios?, de acuerdo con las puntuales revelaciones de Wikileaks-La Jornada. ¿Sólo a estas alturas registró que diez magnates concentran 12 por ciento del PIB mexicano, controlan las áreas más productivas de la economía y ejercen creciente influencia en la toma gubernamental de decisiones? Sería una reacción por demás tardía de la diplomacia norteña, toda vez que el desmantelamiento del aparato productivo del Estado mexicano comenzó casi tres décadas atrás, con Miguel de la Madrid, aunque fue en el salinato cuando se pisó a fondo el acelerador, sin hacer menos al zedillato. Así, la productiva fábrica de monstruos concentradores de riqueza e ingresos no se limita a la telefonía y a la televisión (nacida ésta desde el poder en tiempos de Miguel Alemán). El abanico es enorme, e incluye banca, telecomunicaciones, minería, ferrocarriles, líneas aéreas, acero, azúcar, gas, satélites, carreteras, aeropuertos y mucho más, por mucho que la legislación vigente lo impida, sin olvidar la existencia de una institución antimonopolio, la Comisión Federal de Competencia, que tampoco atina ni se anima a poner orden.
No es un hecho novedoso ni aislado lo que ahora preocupa
a la embajada estadunidense. Es la historia de los últimos cinco lustros. En política no hay casualidades. Tampoco en los negocios. Por eso llama especialmente la atención uno de sus despachos (correspondiente a 2007 y registrado por Wikileaks-La Jornada), por medio del cual la legación reporta a Washington que en manos de Calderón estaría la autorización de una tercera cadena televisiva, lo que parece una visión simplista de la realidad mexicana. ¿Quién toma las decisiones en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones mexicanas?
El siguiente ejercicio, que resume cómo estaba armada la telaraña de intereses en el sector en ese mismo año de 2007, nos da una idea de quién, en realidad, las toma: Cemex es el monopolio cementero en México, y su cabeza visible es Lorenzo Zambrano, quien también participa en Televisa, la cual es presidida por Emilio Azcárraga Jean, empresario presente en el consejo de administración de Teléfonos de México, de Carlos Slim, magnate que a su vez forma parte del consejo de administración de Televisa, consorcio en el que tenía asiento María Asunción Aramburuzabala (esposa del ex embajador Tony Garza), del Grupo Modelo, del duopolio cervecero en el país, en el que sobresale Valentín Díez Morodo, a su vez participante en el consejo de administración de Kimberly Clark, que preside Claudio X. González Laporte, en su momento presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, éste con asiento permanente en Teléfonos de México y Televisa, emporio en el que aparece Germán Larrea, cabeza del Grupo México, consorcio en el que también participan Claudio X. González Laporte y Valentín Díez Morodo, todos ellos beneficiarios de la reprivatización de Banamex, al igual que Roberto Hernández (también integrante del consejo de administración de Televisa), quien vendió a Citigroup por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, en las que todas las empresas citadas participan.
El gobierno de Estados Unidos conoce a la perfección cómo se manejan las cosas en México, quién toma las decisiones y quiénes son los capos, pero ahora se dice preocupado
por el juego del monopolio y la falta de competencia, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. ¿Casualidad?
Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks
Editorial La Jornada
preocupaciónpor el hecho de que las empresas dominantes en el terreno de las telecomunicaciones en nuestro país
continúen ejerciendo influencia sobre el sistema judicial, el Poder Legislativo y los organismos reguladores para impedir la competencia.
Los señalamientos permiten ponderar que, en lo que toca al control oligárquico de las telecomunicaciones en el país, las autoridades estadunidenses se conducen con la misma ambigüedad e hipocresía con que lo hacen en el tema del combate al narcotráfico: la supuesta inquietud de Washington por el vasto poder de facto que detentan las empresas televisivas y telefónicas en México colisiona con el papel central que ese mismo gobierno desempeñó en el diseño del modelo económico neoliberal, impuesto en el país hace más de cinco lustros: entre otros efectos nefastos, la adopción del llamado Consenso de Washington propició una aguda concentración de la riqueza en unas cuantas manos y dejó el control de las telecomunicaciones en un reducido grupo de empresarios, en buena medida gracias a los procesos de privatización que se llevaron a cabo durante la presidencia de Carlos Salinas.
Por lo demás, la vigencia de ese modelo en el país durante el pasado cuarto de siglo ha conllevado una erosión en las atribuciones del Estado y un retroceso de éste frente a los poderes fácticos: no es de extrañar, en tal contexto, que la autoridad mexicana encargada de procurar competencia en las distintas ramas de la economía sea más débil que sus contrapartes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
, como los diplomáticos estadunidenses mencionan en otro de los cables reseñados hoy en estas páginas.
A la doble moral d
e las autoridades de Washington ha de sumarse la que han demostrado, en el mismo ámbito, sus contrapartes mexicanas. Por un lado, el gobierno federal insiste en la necesidad de erradicar los monopolios existentes en las telecomunicaciones, pero muestra, por el otro, un comportamiento parcial en su relación con esos consorcios, en detrimento de la real competitividad en el sector. Así ha ocurrido con los diversos episodios de favoritismo gubernamental en beneficio de Televisa –el caso de la impugnada licitacion 21 es el más reciente–, los cuales, por añadidura, han despertado suspicacias sobre un pago de facturas al respaldo –tan indebido como inocultable– que la empresa de Emilio Azcárraga Jean brindó hace cuatro años a la candidatura del actual jefe del Ejecutivo y a la campaña de linchamiento mediático contra el principal aspirante presidencial de la oposición.
Según se ve, los únicos monopolios que el actual gobierno se ha dedicado a combatir en forma decidida son los que, por mandato constitucional, detenta el propio Estado sobre las estratégicas industrias petrolera y eléctrica: en esos ámbitos, según consta en reportajes recientemente publicados por este diario, el gobierno calderonista, como sus antecesores, se ha valido de subterfugios diversos para trasladar a manos privadas, a contrapelo de la legalidad, potestades, actividades y hasta ganancias que corresponden exclusivamente a la nación.
En suma, el discurso adoptado por el gobierno de México contra los monopolios de las telecomunicaciones y en favor de la competitividad resulta tan hipócrita e inverosímil como el de su contraparte estadunidense, y ese déficit de credibilidad no podrá remontarse en tanto la autoridad no muestre una voluntad real de impulsar la democratización y la verdadera competencia en las telecomunicaciones, y ponga a ese importante sector al servicio de la población.
Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks
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