10/03/2012

Los periodistas pal cafe......



Tan no se les olvida el dos de octubre a los poderes constituidos que ayer se arremetió policialmente contra manifestantes pacíficos que sentados alrededor de la sede del Senado pretendían obstruir el proceso de aprobación de la reforma laboral.
Ese proceso habría avanzado de cualquier forma, pues no era indispensable que estuviera funcionando el pleno para que las comisiones senatoriales adecuadas recibieran para estudio y posterior dictamen el documento proveniente de la Cámara de Diputados. Pero al comandante en jefe de las frecuencias senatoriales, Emilio Gamboa, acompañado por el endeble panista Ernesto Cordero, le pareció necesario solicitar el auxilio de la policía capitalina, dependiente de Marcelo Ebrard, para montar un operativo elemental de demostración de que el peñanietismo, con el colaborador calderonismo adjunto, no tolerará interferencias, dilaciones ni protestas que afecten el curso de la legalidad secuestrada con que se irán aprobando reformas e imponiendo decisiones administrativas de alto interés para esa élite ansiosa de ir aplicando la política del puño cerrado.
Golpes y gases lacrimógenos para abrir paso a vehículos en los que entraron, entre vallas de granaderos, los senadores del oficialismo constituido por PRI, PAN, Verde y Panal. Así se conseguiría el quórum e iniciaría una sesión que no tocaría el tema de la citada reforma laboral, pues ni siquiera estaban constituidas las correspondientes comisiones de estudio a la hora en que la sede ubicada en Paseo de la Reforma e Insurgentes vivía enfrentamientos físicos entre policías capitalinos y manifestantes sentados. Es decir, en términos estrictamente procesales nada se hubiera logrado con impedir el paso de los senadores y el desarrollo de su reunión plenaria. Incluso, más tarde, el presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, informó que se tendrían disponibles sedes alternas para sesionar en caso de que hubiera más acciones de resistencia civil.
Pero la oposición pacífica a la validación senatorial de la reforma laboral forma parte de un conjunto de exploraciones sociales en busca de caminos que puedan enfrentar al dinosaurismo reconstituido, que además se ha fortalecido con una alianza calderonista de supervivencia. Además de los ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes, que se fueron a sentar en torno al Senado, diversas organizaciones sindicales independientes se acercaron al edificio legislativo y tomaron contacto con interlocutores legislativos para tratar de que sus puntos de vista sean tomados en cuenta a la hora de las modificaciones y la votación final. No deja de ser irónico que dirigentes que llevan décadas en sus puestos, y que con frecuencia son acusados de prácticas antidemocráticas, como Francisco Hernández Juárez, de los telefonistas, y Agustín Rodríguez, de los trabajadores de la UNAM, enarbolen banderas de defensa de los intereses populares.
La misma mañana en que unos se sentaban afuera del Senado, y otros se preparaban para las marchas vespertinas que terminarían en el Zócalo capitalino (algunos grupos prefirieron ir al Senado), el ex candidato presidencial López Obrador llevaba una ofrenda floral a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para recordar los asesinatos de jóvenes estudiantes durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuyo estilo represivo fue emparentado por el tabasqueño con el de Enrique Peña Nieto. AMLO ha tomado distancia de las protestas directas contra la reforma laboral, aunque las apoya discursivamente, concentrado como está en el tejido de lo que será el nuevo partido sustentado en las bases del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Con tal propósito, recorrerá el país durante un mes, para asistir a las asambleas estatales que aprobarán la creación del citado partido (PegeNal), en un ciclo que definió como seis años de lucha.
DUELO NACIONAL. Por ley, cada 2 de octubre la bandera nacional ondeará a media asta en memoria de los caídos en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de TlatelolcoFoto Jesús Villaseca
La izquierda institucional (con Ebrard cumpliendo marcialmente sus obligaciones de proporcionar fuerza pública para garantizar el funcionamiento de una cámara del Poder Legislativo), la electoral (con los chuchos celebrando sus triunfos recientes y con AMLO dando en estos momentos preferencia a lo partidista sobre la lucha social), la muy dispuesta a la protesta callejera (con Fernández Noroña como principal personaje) y la inorgánica (una amplia base social inconforme con lo que va sucediendo en el país, pero carente de expectativas aceptables de organización y liderazgo) llegaron así a un dos de octubre cuyo principal distintivo fue justamente el que, a diferencia de todas las conmemoraciones anteriores, tuvo un proyecto de lucha presente y futura y no sólo la lamentación, el recuerdo y el desahogo, muchas veces violento a causa de infiltrados y provocadores.
Aun cuando de manera explicable no cuenta ya con toda la aceptación y la participación originales (al ir definiendo sus objetivos ha dejado de interesar a segmentos de la gran masa amorfa, que al principio se movía sólo en términos inmediatistas, genéricos), el #YoSoy132 ha pasado a ser un movimiento estudiantil que, a pesar de la cruda campaña de comentaristas y conductores de medios electrónicos para tratar de etiquetarlo como una prolongación de los proyectos de AMLO, mantiene vigencia, presencia y proyecto. Aun cuando la toma de edificios escolares suele ser considerada en la élite política como una medida primaria e intrascendente, los paros estudiantiles realizados ayer en decenas de instituciones muestran la revitalización de un espíritu de lucha largamente acallado y advierten una agenda de oposición juvenil que tendrá que ser atendida cuidadosamente por el peñanietismo, que cree haber reinstalado un imperio sin disidencia posible. En ese sentido, el dos de octubre está llamado a no caer en el olvido, pero tampoco los fraudes electorales, los abusos criminales cometidos desde el poder y las tragedias sociales impunes.
Y, mientras Calderón advierte que la Policía Federal será parte del legado fundamental que deja (gulp), ¡hasta mañana, con la medalla Bellas Artes de México para el gran Gabriel García Márquez!
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Tal vez Enrique Peña Nieto debió expresar algún mensaje por el aniversario del 2 de octubre. Un gobierno priísta escribió esa página negra en la historia del país. Sin embargo, prefirió reunirse con los personajes del Consejo Coordinador Empresarial. Esperaban más de la reforma laboral que se cocina en olla exprés, ahora en el Senado. No les gustó, por ejemplo, el poder que exhibieron los caciques sindicales, cuando una agrupación con la que tienen lazos estrechos, Mexicanos Primero, está pidiendo el pescuezo de la profesora Elba Esther Gordillo. Tampoco les agradó la redacción final del capítulo dedicado al outsourcing. Si la versión que finalmente apruebe el Congreso no se modifica, entonces la mayor parte de las empresas de este tipo que operan hoy en el país quedarían en automático al margen de la ley. Eso dicen. Pero mientras los personajes del Consejo se reunían con Peña Nieto, en el Senado seguían haciendo presión algunos líderes sindicales. La situación es que si se cambia alguna parte de la redacción que recibieron de la Cámara de Diputados, el proyecto completo tendría que volver a discutirse a fin de homologarlo. En ese caso ya no operaría el término de 30 días a que está sujeta la iniciativa preferente; tal vez el tema completo brincaría a noviembre y haría cortocircuito con el tema del presupuesto de 2013. Y si es aprobado tal como está, los picudos del Consejo podrían decir que salió como la mala nuera: nuera lo que esperaba.
Acortar la transición
Dirán que ni las buenas iniciativas se salvan de la crítica, pero ¿cómo no se le ocurrió antes al PRI proponer que se acorte el tiempo que media entre el día de la elección de Presidente de la República –primer domingo de julio– y su toma de posesión, el primero de diciembre? El diputado Manuel Añorve presentó una iniciativa en su Cámara para que la espera se abrevie al primero de octubre. Calderón se hubiera tenido que mudar de Los Pinos hace dos días.
Tortilleros
Tres miembros de la Comisión Federal de Competencia –Eduardo Pérez Motta, Cristina Massa Sánchez y Rodrigo Morales Elcoro– votaron en favor de multar a los tortilleros y dos en contra: Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra Pardo. Según esto, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, así como algunos de sus líderes, conspiraron para fijar un precio de venta al público de 12 pesos por kilo. Ojalá ese fuera el precio de la tortilla. En las ciudades del norte la venden de 15 pesos para arriba. Los sancionados tienen a su alcance varios recursos para no pagar la multa. Si a Carlos Slim se la bajaron de mil millones de dólares a cero, ellos bien pueden alegar: ¿Y nosotros por qué?



La única vía para generar empleo de forma sostenible es el crecimiento económico, pero éste, desde hace tres décadas, se mantiene como una oprobiosa asignatura pendiente del régimen. Destazar la ley laboral con el supuesto ánimo de incrementar el número de plazas disponibles y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos (ello sin alterar un milímetro la estructura concentradora del ingreso y la riqueza prevaleciente en el país) es no sólo una muestra de humor negro, sino una tomadura de pelo en tanto el citado crecimiento se mantenga ausente, como hasta ahora.
¿Qué ha sucedido en 30 años?: en promedio, México ha crecido a un ritmo anual que apenas roza el 2 por ciento, tres veces menos de lo mínimo necesario para salir del hoyo y comenzar a generar empleo suficiente. Sin el primero, ausente permanecerá el segundo, por mucho que los representantes populares se esmeren en destazar la ley laboral y en meter la realidad a golpes para que quepa en el discurso oficial. Pero el balance, por donde sea vea, es terrorífico. Como ejemplo, de 1994 a 2012 la población económicamente activa se incrementó en 18 millones de mexicanos, pero en ese periodo sólo se generaron 5.6 millones de plazas formales (incluidas las eventuales), de tal suerte que el déficit en la materia sobrepasa los 12 millones.
Entonces, independientemente de la acelerada precarización de las plazas laborales, en los tres tristes gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, sólo uno de cada tres mexicanos en edad y condiciones de trabajar logró colarse al mercado de empleo formal; el resto, a la informalidad, el desempleo, el crimen organizado o el exilio económico. En esos tres sexenios se generó empleo formal suficiente sólo para uno de ellos.
La información es contundente, pero los jilgueros del régimen toman el micrófono para asegurar que lo anterior es producto de una Ley Federal del Trabajo obsoleta, y de allí la necesidad de cambiarla. Y con eso, dicen, es más que suficiente. Lo demás se queda tal cual: crecimiento raquítico, precarización del empleo, salarios de hambre y concentración del ingreso a galope. El problema, según ellos, era la LFT, cuando en realidad lo obsoleto e inservible, para efectos sociales (y ejemplos sobran), es el modelo económico al que se ha aferrado el régimen, sin olvidar la cultura patronal, arraigada al porfirismo y no a los tiempos modernos que tanto cacarean los voraces empresarios, a quienes de plano nadie les dan gusto: el Consejo Coordinador Empresarial exige que se instituya el outsourcing total y que se eliminen los candados innecesarios en esta modalidad depredadora. Y para el organismo patronal lo anterior tiene razón de ser, porque, asegura, de otra forma estarán en riesgo cientos de miles de empleos.
Entonces, lo moderno, siempre según el CCE, es flexibilizar aún más el mercado laboral, apretar las tuercas y seguir abaratando la mano de obra (ser competitivos, como le llaman). Pues bien, antes de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, México resultaba supermoderno, pues de acuerdo con el Banco Mundial antes de la (contra) reforma aprobada por la Cámara de Diputados el empleo informal en el país representa de 52 a 62 por ciento del empleo total, lo que equivale a que entre 27 y 32 millones de mexicanos en edad y condición de trabajar (dos de cada tres) sobreviven en la informalidad. La pretensión empresarial es modernizar al 100 por ciento de la población económicamente activa (51 millones de personas, aproximadamente), y mantenerla en la informalidad. Para ellos, pues, más modernidad es igual a mayor informalidad y precarización del empleo.
El mismo Banco Mundial (La Jornada, Roberto González Amador) advierte que la pobreza y el desempleo se han incrementado en México en años recientes, mientras los salarios, medidos a través de su poder de compra, se mantienen estancados. Una de las causas de esta combinación radica en que dos terceras partes de la fuerza de trabajo del país se emplean en el sector informal. Modificar la legislación laboral o fiscal no es una medida que, en automático, contribuya a reducir el universo de personas que trabajan fuera de los canales formales del mercado laboral.
De igual forma, el organismo financiero multilateral (Informe sobre el desarrollo mundial 2013) celebra que en los últimos 35 años se duplicó la ocupación en México, aunque olvidó mencionar que en igual periodo la población económicamente activa se multiplicó por cuatro, es decir, que sólo en el mejor de los casos en esas tres décadas y media apenas uno de cada dos mexicanos logró colarse al mercado laboral, y la mayoría de ellos terminó en la informalidad. También advierte sobre el precario salario mínimo que perciben los mexicanos, pues los coloca en el escalón 55 de 125 posibles.
El anterior no es el único logro. En materia de crecimiento económico, para el presente año la Cepal (Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012, divulgado ayer) coloca a México en el escalón número 12 de 20 posibles, y para 2013 en el 14 de 20. Cómo estará la cosa que, una vez más, Haití crecería mucho más que México, y en la isla caribeña se pueden presumir muchas cosas, menos modernidad.
Entonces, no hay crecimiento económico; tampoco generación de empleo formal ni justa remuneración a los trabajadores; la precarización laboral avanza de forma contundente, y la concentración del ingreso y la riqueza es brutal, y van por más; gobernarán con el mismo manual que ha garantizado el fracaso, y no piensan alterar el estado de cosas. Pero, eso sí, los jilgueros aseguran que con la aprobación de la (contra) reforma laboral el país avanzará vigorosamente, la justicia social se ampliará y se garantizará el futuro de los mexicanos. ¿En serio?
Las rebanadas del pastel
Rabiosos, los barones de la minería, con Germán Larrea a la cabeza, quieren impedir a toda costa el retorno del dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia. Once veces lo demandaron penalmente, y perdieron las once. Los tribunales lo exoneraron de cualquier conducta ilícita, pero los concesionarios de la riqueza nacional insisten. Ahora utilizan a Agustín Acosta Azcón (hijo de un ex gobernador veracruzano y litigante mercenario sin escrúpulos que se vende al mejor postor, como fue la defensa de René Bejarano en 2004-2005, de acuerdo con el sindicato nacional de minero) con la intención de revivir casos juzgados, como el del extinto fideicomiso minero, asunto que desde marzo de 2006 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio por concluido, al documentar que no había delito que perseguir. ¿Quién apadrina a los barones para que vivan mejor?


Tras 44 años la herida sigue abierta
El 2 de octubre de 1968 el gobierno mexicano dio una profunda estocada al pueblo. En 1971 intentó darle la puntilla, pero no lo logró. Y durante 44 años la herida sigue abierta. El pueblo sigue sangrando y el gobierno continúa con su traje de luces estelares. Este 2 de octubre de 2012, la Plaza Mayor nos mostró –triste pero ilustrativamente– que la gran masa del pueblo –a pesar de los pesares– sigue aletargada. Los asistentes a la conmemoración luctuosa fuimos unos cuantos. La mitad, ciudadanos resentidos que fuimos a intentar reivindicar nuestro dolor e indignación, y la otra mitad, policías uniformados y no uniformados que fueron para cumplir con su chamba. La mayoría de los ciudadanos participantes eran jóvenes que sólo saben del movimiento del 68 por referencias, más o menos genuinas. Los motiva más su problemática presente reflejada en la falta de oportunidades. La fecha del 68 se ha vuelto una especie de carnaval folclórico para la mayoría de la sociedad y una reliquia sagrada para unos cuantos que la seguimos y seguiremos venerando. Dos de octubre, ¡no se olvida! En efecto, seguirá siendo una efeméride nacional, aunque cada vez más vacía de contenido, para beneplácito de los gobiernos herederos del trono. Una felicitación a Raúl Álvarez Garín, quien con gran pundonor mantiene viva la llama de los indignados del 68.

Mientras Estados Unidos y Europa se hunden en el hoyo negro de un concepto de democracia que daban por sobrentendido, los pueblos de América Latina le devuelven objetividad, trascendencia y alcance universal. Venezuela, entre los primeros.

El lunes pasado murió en Londres el historiador Eric Hobsbawm. Tenía 95 años. Permaneció activo y escribiendo casi hasta el final de sus días.

Lo dijo bien Milan Kundera: La lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Es imprescindible que las sociedades guarden memoria de los hitos históricos que abrieron sendas libertarias, caminos que los intereses dominantes quisieron mantener cerrados permanentemente.

Las lecciones dejadas por la contestada reforma laboral son ya de uso corriente. Se enfatizan tanto el impacto regresivo en el bienestar de los asalariados como el empuje a la desigualdad y el lento crecimiento que ocasionará su aplicación. Similar fenómeno definitorio ocurre con los rasgos que se han estampado en el perfil del presidente electo debido a la orientación del retardatario contenido aprobado por los diputados. Las modificaciones a la existente legislación laboral, ya muy alterada por vicios, trampas y subterfugios deformantes, se insertan, qué duda, en un cuadro diseñado desde las altas sedes del poder mundial. El modelo vigente, impuesto por los intereses globales dominantes del círculo empresarial-financiero, asigna un lugar indigno y poco rentable al factor trabajo. La productividad, reza la consigna, tiene que buscarse en cualquier lugar y momento que se tenga a mano. Pero, eso sí, resguardando el imperativo de maximizar utilidades y salvaguardar, en primerísimo lugar, los rendimientos exigidos por el capital.

La necesidad de interpretar la crisis responde a un instinto de supervivencia. Es obvio que de su interpretación depende la respuesta de política económica. Pero hay algo más importante: también de su comprensión dependen las estrategias y formas de lucha en contra del neoliberalismo global. Sin un conocimiento claro de sus orígenes y alcances, es muy difícil identificar los objetivos de la lucha política.




 

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