México, DF, 1 oct 12 (CIMAC).- La reforma laboral generará “una fábrica de desigualdad y pobreza para las mujeres” al deteriorar sobremanera sus condiciones de trabajo.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), propuesta por el Ejecutivo y aprobada por PAN, PRI y PVEM en la Cámara de Diputados, lejos de generar más empleos, empeorará la situación laboral de los 18.5 millones de trabajadoras.
Carmen Ponce, economista especializada en género, desmintió que la flexibilización laboral sea la vía para generar más empleos, ya que estas formas de contratación planteadas en la modificación legislativa (outsourcing) operan en el país desde hace 20 años y no han creado nuevas fuentes de trabajo.
Además puntualizó que la generación de empleos no se logra con cambios en la LFT sino en la activación de la economía nacional. Lo que menos necesita el país, advirtió, es más terciarización, pues “(el empleo) ya está suficientemente flexibilizado, y la mejor demostración es que de los 18.5 millones de mujeres ocupadas, sólo 5.5 millones tiene acceso a servicios de salud ligado a su trabajo”.
Estos empleos son informales aunque muchos de ellos se generen en “empresas formales” que pagan impuestos, pero no garantizan derechos mínimos a su personal (como la seguridad social), según la Organización Internacional del Trabajo.
Tan sólo en la industria maquiladora, durante el último año la subcontratación creció 9 por ciento, mientras que la contratación directa apenas aumentó a 4 por ciento, de acuerdo con el Inegi.
La experta lamentó que con esta reforma se “van a ‘informalizar’ los pocos empleos formales que existen”. Alertó que “el salario va a bajar más, disminuirá la seguridad social y el desempleo seguirá en aumento, en síntesis, la reforma a la LFT derivará en una fábrica de desigualdad y de pobreza para las mujeres”.
SIN DERECHOS
Según el Inegi, hay 900 mil mujeres desempleadas en México, y 16 de cada 100 laboran de forma parcial, es decir, se ocupan en alguna actividad económica, pero tienen tiempo disponible y la necesidad de trabajar más horas para completar su ingreso.
La subcontratación “quita de encima” la responsabilidad del patrón de garantizar los derechos de las trabajadoras, indicó María Luisa Alcalde, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC).
Detalló que la reforma simula la “regulación” de ese tipo de contratación, al establecer que la subcontratista debe costear derechos mínimos, como el salario (60 pesos al día) y seguridad social.
La legisladora refirió que la normatividad es insuficiente para garantizar estos derechos, ya que aunque estas empresas “están en el papel, en muchos casos no tienen ni oficinas, nadie conoce al patrón, así ¿a quién le van a reclamar las y los trabajadores?”.
Además, el riesgo es que el outsourcing se generalice, acotó. Por ello es necesario “limitar esta figura”: que sólo subcontraten a personal cuya tarea es ajena al objeto social de la empresa. “Por ejemplo, en un banco puede subcontratarse a personal que arregle los elevadores, pero no a las cajeras, como ya ocurre”, explicó.
Alcalde alertó que además del outsourcing, otro “foco rojo” es la contratación por horas, planteada como una oportunidad para que las mujeres cumplan con el cuidado de la familia y obtengan un ingreso.
La legisladora apuntó que esa disposición no representa un beneficio para las trabajadoras sino la pérdida de sus derechos, porque “la responsabilidad del patrón (con ellas) culminará con el pago de las 2 o 3 horas que laboren al día o a la semana”.
Las mujeres y las personas jóvenes serán las más perjudicadas, porque actualmente son quienes más dificultades enfrentan para obtener un empleo, y se verán orilladas a aceptar ese tipo de contrato con el que “recibirán un pago de 20 pesos, sin derecho a ninguna prestación, ni estabilidad laboral”.
Ponce añadió que otro problema de la contratación por hora es que la reforma no aclara si el pago será con base en el salario mínimo actual, pues de ser así, por cada hora laborada el personal apenas recibiría 7.50 pesos.
Esta circunstancia disminuiría todavía más el ingreso de las trabajadoras, ya que 65.8 por ciento de las mujeres ocupadas gana entre 1 a 3 salarios mínimos, alrededor de 5 mil 600 pesos al mes, insuficientes para la manutención de sus familias.
Otro embate es el contrato a prueba, el cual establece que las y los trabajadores pueden permanecer en el empleo seis meses, y si el patrón considera que “no pasó la prueba” lo despide sin ningún tipo de indemnización, mencionó Ponce.
Así, la reforma a la LFT además de afectar los derechos individuales de las trabajadoras, perjudicará sus derechos colectivos, pues la flexibilización “es veneno para los sindicatos”.
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