LA OTRA RUTA MIGRATORIA
Se recrudecieron extorsiones policiacas, dicen activistas
Por la RedacciónMéxico, DF, 3 oct 12 (CIMAC).- Cerca de 100 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) dirigieron una carta pública a Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, en la que denunciaron que tras el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego, en la colonia Lechería, aumentaron las agresiones en contra de las y los centroamericanos en su paso por la entidad.
Las asociaciones, conformadas en la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, demandaron al mandatario mexiquense la apertura de ese albergue o la creación de brigadas humanitarias que atiendan a las personas migrantes en el municipio de Tultitlán.
La Casa del Migrante San Juan Diego fue cerrada el pasado 7 de julio de forma temporal por la Diócesis de Cuautitlán, luego de que vecinos y migrantes centroamericanos de paso por la colonia Lechería, al norte de la Ciudad de México, se enfrentaran a gritos, pedradas, golpes, patadas y hasta hachazos.
De acuerdo con organizaciones civiles, este caso muestra la violencia, criminalización y xenofobia de algunos sectores de la sociedad mexicana contra la población migrante que transita o se encuentra en el país así como hacia quienes les brindan ayuda humanitaria.
Además las agrupaciones exigieron la generación de políticas públicas para abatir la violación de DH de las y los migrantes, y que haya coordinación de las alcaldías de Tultitlán y Huehuetoca con la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el escrito, la Red Nacional divulga testimonios de personas de Centroamérica que sufrieron abusos por parte de autoridades mexiquenses y de personal de Trenes Kansas, empresa que posee los ferrocarriles provenientes de los estados de Chiapas y Tabasco, donde se trasladan a diario cientos de migrantes rumbo a la frontera norte.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en 2010 se registraron 140 mil eventos de cruce irregular en la frontera sur de México. En ese año, la proporción de mujeres que atravesaron el país rumbo a Estados Unidos representó el 13.8 por ciento de las personas migrantes.
Por ello solicitaron a Eruviel Ávila que las autoridades competentes investiguen tales hechos.
AUMENTAN EXTORSIÓN Y ABUSO
Después del cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego, a principios de julio pasado, el gobierno estatal se comprometió a trasladar a las y los migrantes al albergue en Huehuetoca, localizado a 50 kilómetros de distancia, pero sólo cumplió su promesa durante unas semanas.
Por lo que en los últimos meses las y los migrantes que quieren descansar en un sitio seguro tienen que caminar entre 6 y 8 horas para llegar a Huehuetoca. El trayecto se convirtió en un sitio para la extorsión de migrantes por parte de delincuentes y policías estatales y municipales.
La carta cita el testimonio de uno de ellos: “Lo que nos dijeron es que nos iban a entregar a la migración; primero nos comenzaron a revisar las mochilas, después nos vaciaron todos los bolsillos y nos sacaron el dinero”.
Los responsables, quienes se trasladaban en una patrulla, les quitaron 2 mil pesos, y antes de irse les dijeron que si “salía otra patrulla que le dijéramos que ya el comandante Plata ya los había checado”.
Además de las autoridades, las y los migrantes son abusados por personal de Trenes Kansas. “Unos de seguridad (trabajadores de la empresa ferroviaria) nos cobraron 200 pesos por dejarnos subir, pero más adelante ‘los garroteros’ y los de la patrulla que venía cuidando el tren nos bajaron”, citaron las organizaciones.
Hay que recordar que en agosto de 2012 la CNDH investigó una queja sobre el asalto de más de 70 migrantes por parte de los trabajadores del tren, en el Estado de México.
Las organizaciones defensoras de DH también denunciaron que en las vías del ferrocarril personas pertenecientes a una “red de polleros (traficantes de personas)” instalaron un campamento y comenzaron a cobrarles por el uso de vía.
“Un ejemplo de la forma en cómo están operando es que el domingo 1 de septiembre pagaron a los maquinistas y a los de seguridad para que el tren aminorara la velocidad al mínimo cobrándole 200 pesos a cada persona que quisiera subirse al tren. Ese día se fueron cerca de 120 personas”, según los testimonios de migrantes.
La Red Nacional informó a Eruviel Ávila que ante la falta de un lugar que albergue a las y los migrantes en su tránsito por México, habitantes de la colonia Lechería les cobran hospedaje por un lugar donde asearse, e incluso por hacer llamadas telefónicas a Estados Unidos o a sus países de origen.
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