Asa Cristina Laurell
Hay
una lógica subyacente en la secuencia de aprobación de las reformas
estructurales. La aprobación forzada y precipitada de la reforma
laboral por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción
Nacional (PAN) y el Verde en la Cámara de Diputados es el primer paso.
Ahora el argumento para minar y quitar a los trabajadores sus derechos
constitucionales del artículo 123 fue que se generarían más empleos,
mientras se mantuvo la antidemocracia sindical. La realidad es que se
legaliza el trabajo precario y con ello la ampliación del grupo de
trabajadores que no cuenta con seguridad social laboral.
El argumento es circular. Primero se hace más precario el trabajo y pronto se nos dirá que es más
justoque todos los trabajadores tengan la misma seguridad social y, por tanto, hay que legislar la seguridad social
universalcon los mismos derechos para todos. La tercera reforma que sigue en esta lógica es la reforma fiscal con el argumento de que hay que dar solvencia financiera a la seguridad social
universal. Esta reforma incluye generalizar el IVA a alimentos y medicamentos, cuyos precios aumentan muy por arriba del índice de inflación, y un incremento de varios puntos en la tasa del impuesto al valor agregado.
El eje ordenador de esta lógica es favorecer a los empresarios, quitar derechos a los trabajadores y hacer pagar proporcionalmente más a los que menos tienen.
La idea de la seguridad social
universalsuena atractiva, pero hay que ponerle condiciones muy claras. La primera es que debe ser progresiva y no regresiva. Para el seguro de salud, las pensiones y riesgos de trabajo esto significa que nadie debe perder sus derechos y tiene que fijarse un plazo, corto y explícito, de transición para incrementar los derechos de todos al mismo nivel. Es inadmisible la tentativa de reducir los derechos de todos a un paquete mínimo de servicios de salud, fijar una pensión mínima y desaparecer las tablas de enfermedades del trabajo y la valuación de incapacidades permanentes. Sin embargo, está a la vista que es lo que persiguen las reformas.
Cabe
añadir que estas reformas también tendrán un impacto regresivo sobre la
investigación. A excepción de algunas universidades, la principal
institución que realizaba esta función era el IMSS, cuyo presupuesto en
este rubro ha sido de altas y bajas inexplicables si se tratara de
promover la investigación. Incluso en 2008 y 2010 el presupuesto apenas
alcanzó para pagar salarios.
Esta reorientación de las actividades innovadoras de investigación no es privativa de México y existe una amplia literatura al respecto. Sujetar las instituciones públicas a la lógica del mercado significa dejar que la iniciativa privada y las fundaciones filantrópicas fijen la agenda de investigación, nacional e internacional. Es decir, quien tiene el dinero decide qué se hace en función de sus agendas e intereses particulares.
La iniciativa privada –la industria farmacéutica, de biotecnología y de tecnología médica– con intereses económicos gigantescos financia a los investigadores que le conviene para tener evidencias de la utilidad de sus productos. Las fundaciones, por su parte, tienden a favorecer la investigación con resultados en el corto plazo para convencer a la sociedad civil de su alta eficiencia frente a la supuesta ineficiencia del sector público.
Este nuevo mando de la investigación ha sido un tema de discusión acalorada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuya directora, hasta ahora sin éxito, ha intentado constituir un organismo con participación precisamente de la iniciativa privada y las fundaciones filantrópicas para determinar la orientación y prioridades de las actividades de este organismo (ver mi artículo el 2/6,2011). En este contexto es significativo que el informe de 2012 de la OMS sobre la salud en el Mundo, titulado Sin investigación no hay salud, subrepticiamente cambió al tema de Las contribuciones de la investigación a la cobertura universal (ver plosmedicine.org).
Como se aprecia, los
Esta reorientación de las actividades innovadoras de investigación no es privativa de México y existe una amplia literatura al respecto. Sujetar las instituciones públicas a la lógica del mercado significa dejar que la iniciativa privada y las fundaciones filantrópicas fijen la agenda de investigación, nacional e internacional. Es decir, quien tiene el dinero decide qué se hace en función de sus agendas e intereses particulares.
La iniciativa privada –la industria farmacéutica, de biotecnología y de tecnología médica– con intereses económicos gigantescos financia a los investigadores que le conviene para tener evidencias de la utilidad de sus productos. Las fundaciones, por su parte, tienden a favorecer la investigación con resultados en el corto plazo para convencer a la sociedad civil de su alta eficiencia frente a la supuesta ineficiencia del sector público.
Este nuevo mando de la investigación ha sido un tema de discusión acalorada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuya directora, hasta ahora sin éxito, ha intentado constituir un organismo con participación precisamente de la iniciativa privada y las fundaciones filantrópicas para determinar la orientación y prioridades de las actividades de este organismo (ver mi artículo el 2/6,2011). En este contexto es significativo que el informe de 2012 de la OMS sobre la salud en el Mundo, titulado Sin investigación no hay salud, subrepticiamente cambió al tema de Las contribuciones de la investigación a la cobertura universal (ver plosmedicine.org).
Como se aprecia, los
reformadoresmexicanos legislan la agenda impugnada en todo el mundo y cuyas repercusiones negativas se extiende en círculos concéntricos.
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