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Cuando se detectan episodios de violencia sexual, contra hombres,
mujeres o menores de edad, en las misiones de paz de la ONU, esta no
demora en identificar a los responsables y expulsarlos a sus países de
origen. Pero prácticamente no puede hacer nada para procesarlos, hacer
justicia o asegurar una adecuada indemnización a las víctimas.
Los 193 estados miembro, que contribuyen con miles de efectivos a
las misiones de paz en Asia, África y América Latina y el Caribe,
quedan fuera del largo brazo de la ley.
Pero el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas), Ban Ki-moon, aprovechó una cumbre realizada en Londres entre
el 10 y el 13 de este mes, para divulgar una serie de pautas llamadas
“Reparaciones para la violencia sexual en conflictos”.
Las reparaciones incluyen retribución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
“La
gente debe tener derecho a guardar silencio si es su elección, pero
también tiene derecho a la justicia social" - Sanam Naraghi Anderlini,
una de las fundadoras de la Red Internacional de Acción de la Sociedad
Civil (ICAN)
“Un elemento clave de la reparación es que debe ser proporcional a
la gravedad de la violación y al daño sufrido”, señala el documento de
20 páginas.
Sanam Naraghi Anderlini, una de las fundadoras de la Red
Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN, por sus siglas en
inglés), comentó a IPS que sería útil saber cómo la ONU divulgará la
guía para que todo su personal esté capacitado para atender este
problema.
“¿Y qué medios tienen para asegurar su cumplimiento?”, preguntó.
En otras palabras, ¿estas pautas son opcionales o sientan las bases para un estándar de operaciones para la ONU?, precisó.
“¿Qué sanciones se prevén para quiénes no las cumplan? ¿Cómo
supervisarán esto?”, prosiguió Anderlini, quien también es
investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Instituto
Tecnológico de Massachusetts.
En el informe, la ONU también menciona algunas fallas del sistema actual.
En Sudáfrica, por ejemplo, las reparaciones a las víctimas de violencia sexual consisten en un pago único de unos 4.000 dólares.
Pero la medida no tomó en cuenta las diferencias de poder dentro de
las familias, así como la histórica falta de acceso de las mujeres a
las cuentas bancarias.
“Grupos de víctimas denunciaron que el dinero se depositaba en las
cuentas de los hombres de la familia y que las mujeres tenían un acceso
limitado o ningún control sobre el mismo”, señala la guía.
En algunos casos, las tensiones sobre cómo utilizar el dinero terminan desembocando en violencia familiar, según la ONU.
Shelby Quast, directora de política de la organización Equality Now,
con sede en Nueva York, dijo a IPS que es fundamental que las
reparaciones se enmarquen en el desarrollo de un marco legal sustentado
en los derechos humanos para proteger los derechos de las mujeres y de
las niñas al término del conflicto en el periodo de desarrollo.
“Como es tanta la violencia sexual contra las adolescentes, también
es importante que las reparaciones sean variadas, -médica, psicológica
y económica, entre otras- y se preste especial atención a la necesidad
única de las niñas en una época particularmente formativa de su vida”,
añadió.
En la cumbre para “Acabar con la violencia sexual en Conflictos”, la
representante especial de la ONU dedicada a este asunto, Zainab Hawa
Bangura, subrayó: “Las reparaciones quedan sistemática afuera de las
negociaciones de paz o al margen cuando se fijan las prioridades de
fondos, aun cuando son de suma importancia para las supervivientes”.
La subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos,
mencionó un estudio del Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia que concluyó que en los campos de concentración cerca de
Sarajevo habían sido violados entre 4.000 y 5.000 presos.
Una investigación en el este de República Democrática del Congo
señala que uno de cada seis hombres entrevistados dijeron haber sufrido
violencia sexual en el marco del conflicto.
Otro estudio realizado tras la guerra en Liberia concluyó que entre
los excombatientes, 42 por ciento de las mujeres y 33 por ciento de los
hombres habían sufrido violencia sexual.
“Nos falta mucha información, pero sabemos que el número de casos de
delitos sexuales denunciados está por debajo de la realidad, son
especialmente difíciles de cuantificar los que sufren hombres y niños”,
observó Amos.
La subsecretaria general y directora ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, remarcó que urgen medidas más fuertes y que “la
violencia sexual en conflicto es una prioridad para nosotros”.
Anderlini, quien ha estudiado mucho este tema y tiene mucha
experiencia de campo, dijo a IPS que las víctimas de violencia sexual
deben tener el derecho y la capacidad de salir de la victimización y
recuperar sus vidas.
Por eso necesitan asistencia física y psicosocial, acceso a la
justicia y oportunidades educativas y profesionales para reconstruir
sus vidas. También requieren un contexto sociocultural que las acepte y
las respete, subrayó.
Además, precisó que la justicia para las víctimas no debe limitarse
al aspecto legal o a un programa concreto de reparación que depende de
que las personas declaren.
“La gente debe tener derecho a guardar silencio si es su elección,
pero también tiene derecho a la justicia social, es decir que el marco
debe ir más allá de solo programas de reparación para garantizar la
salud, la educación, los planes de integración económica en conflicto o
pos-conflicto integrar y atender las necesidades de las personas
perjudicadas por la violencia sexual”, añadió.
Por ejemplo, apuntó, las clínicas de salud y el personal sanitario
deben estar capacitados para manejar la violencia sexual en todos esos
contextos.
Las víctimas de violencia sexual deben poder acceder a oportunidades
y capacitación profesional y educativa que también integre una
dimensión psicosocial y el apoyo de una terapia grupal, remarcó
Anderlini, autora de “Women Building Peace: What They do, Why it
Matters” (“Mujeres construyen paz: qué hacen, por qué importa”).
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