Luis Hernández Navarro
Durante
la Edad Media en Europa los siervos vestían túnicas con el escudo de
su señor feudal. Hoy en día los campesinos, en lugar de su tradicional
sombrero, usan gorras con el logotipo de sus amos empresariales:
Monsanto, Cargill o John Deere. A partir de ahora, deberán usar
cachuchas de sus nuevos señores trasnacionales: British Petroleum,
Halliburton o Shell.
Y es que, con las leyes secundarias en materia energética, se
establecerá en la sociedad rural la servidumbre de hidrocarburos y
electricidad. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y
comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas
en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones
eléctricas, será legalizado.
Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesinos,
roto con las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de
1992, pretende ser definitivamente enterrado. El derecho de los
labriegos a que su tierra sea intransferible ha sido cancelado. El
futuro de la propiedad social de la tierra está en entredicho.
Para sortear el proyecto privatizador presente en las reformas al
artículo 27 constitucional, campesinos e indígenas con tierras ejidales
se incorporaron masivamente al Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede).
De los cerca de 31 mil
núcleos agrarios sólo 2 mil 700 quedaron fuera del Programa. Sin
embargo, 70 por ciento de su tierra fue titulada como propiedad de uso
común. De esta manera, conservaron los atributos centrales del ejido:
inembargable, intransferible e inalienable.
Las leyes secundarias en materia energética inhabilitan este
recurso.
A partir de ahora, ejidatarios y comuneros deberán entregar
sus tierras a empresas petroleras y eléctricas extranjeras, con la
amenaza de que, de no hacerlo, se les expropiarán de manera acelerada,
pagándoles en especie o contratándolos.
De ser propietarios y
poseedores de su territorios se convertirán en una especie de
semisiervos al servicio de señores trasnacionales.
Las nuevas iniciativas arrinconan aún más a campesinos e indígenas.
Según datos de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, el
Estado mexicano ha entregado a compañías extranjeras (en su mayoría de
capital canadiense o que operan como tales) más de 2 mil 600
concesiones que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 por
ciento del territorio nacional.
El despojo minero ha propiciado casi 200 conflictos entre empresas y
comunidades indígenas en el país. Al menos una decena de opositores a
estos proyectos en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua han sido
asesinados por pistoleros. Lejos de disminuir, con el paso del tiempo
la resistencia ha crecido y se ha radicalizado.
La aprobación de las leyes secundarias en materia energética, la
amenaza de una nueva reforma a la ley agraria y de una reforma rural
han reanimado los procesos de convergencia y movilización de las
organizaciones campesinas nacionales, en los que incluso participan
centrales ligadas al PRI. Por todo el país se realizan encuentros y se
emiten manifiestos. Así sucedió en Torreón, el pasado 7 de junio, y en
Playa del Carmen, el 14 del mismo mes. El 21 de junio la cita será en
Oaxaca, y el 27 en Celaya, Guanajuato. Curiosamente, mientras los
dirigentes rurales solicitan participar en el proceso de reformas, los
legisladores las aprueban sin escucharlos.
Las
organizaciones campesinas nacionales son un archipiélago de centrales,
coordinadoras, redes y uniones que viven desde hace más de 20 años
profundas divisiones. Están dedicadas, en los esencial, a gestionar
proyectos gubernamentales de bienestar y desarrollo rural. A pesar de
las fracturas, ninguna desaparece.
En la última etapa de lucha, una amplia convergencia de ellas se
reunió el 11 de junio con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la
bancada del PRI en el Senado. Los líderes le hicieron reclamos sobre
las leyes secundarias, especialmente acerca de las servidumbres de
paso. La respuesta del senador fue remitirlos con el subsecretario de
Gobernación, Luis Miranda. Con él hablaron. Cuando la comisión abordó
el punto de las leyes secundarias, el funcionario les manifestó que eso
estaba fuera de su competencia, que no se discutía y que aún se
encontraba en el terreno del Legislativo. Finalmente les propuso la
posibilidad de abordar la reforma para el campo, y de que la Sagarpa
pagara al jurista que elaborara los decretos o leyes necesarios.
Adicionalmente al descontento contra la servidumbre de los
hidrocarburos, las organizaciones enarbolan distintas demandas
regionales y sectoriales. Los productores de maíz de Sinaloa exigen el
pago de 3 mil 850 pesos por tonelada del grano. Los frijoleros de
Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, piden que se les pague
sus cosechas y un apoyo adicional de dos pesos. Casi en todo el país se
demanda castigo a las empresas que sobrexplotan los mantos acuíferos.
Por lo pronto, la convergencia ha anunciado la formación de comités
de defensa de la tierra y la realización de una movilización nacional
en la ciudad de México el 23 de julio. “La tierra –amagó uno de los
líderes– se va a defender con sangre.”
Pero, más allá de los desplantes de los dirigentes campesinos contra
la servidumbre de los hidrocarburos y de sus amagos de incendiar la
pradera, cada organización tiene sus propios intereses. Aunque algunas
de ellas son combativas, muchas han utilizado en el pasado
movilizaciones nacionales por demandas generales para arreglar sus
asuntos particulares. De cara a las elecciones de 2015 no son pocos los
líderes que tienen interés en aprovechar el descontento contra la
reforma para proyectarse como posibles candidatos a diputados.
Sin embargo, muchas de las más importantes luchas rurales recientes
en el país se han dado al margen de estas organizaciones. En las
movilizaciones de los pueblos indios por el reconocimiento de sus
derechos, la construcción de su autonomía de facto, la resistencia a la devastación ambiental, la oposición a los transgénicos, las tomas de
tierras y la formación de policías comunitarias y autodefensas, los
líderes campesinos tradicionales han estado ausentes o, a lo sumo, han
desempañado un papel marginal. Un arreglo en las alturas con algunos de
ellos, que deje de lado el rechazo a la servidumbre de los
hidrocarburos a cambio de proyectos particulares, garantiza muy poco.
Twitter: @lhan55
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