Iniciativa para eliminar IVE no debe ser tan restrictiva
El
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España aprobó un informe
en el que pide al Ejecutivo que no penalice el aborto eugenésico (por
malformaciones del producto), tal y como lo pretende el anteproyecto de
Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos
de la Mujer Embarazada, avalado en diciembre pasado por el Consejo de
Ministros del país ibérico.
El órgano de gobierno que aglutina a los jueces españoles y que debía estudiar la iniciativa antes de ser analizada por el Congreso de los Diputados y el Senado para su eventual entrada en vigor, votó a favor de un informe presentado por la vocal Carmen Llombart, en el sentido de que la iniciativa debería permitir la interrupción del embarazo si hay una malformación en el producto incompatible con la vida.
En contraste con ese informe, el Consejo desechó la ponencia de la juez Pilar Sepúlveda, quien aconsejaba reconsiderar y retirar el proyecto para eliminar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por “suponer un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de las mujeres”.
El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder judicial encargado en España de velar por la garantía e independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado.
Cabe recordar que en diciembre de 2013 el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó la Ley Orgánica que permite el aborto sólo bajo dos causales: cuando el embarazo representa un grave riesgo para la salud de la mujer o en caso de violación sexual, con lo que se echó abajo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, que permitía el aborto legal sin restricciones hasta la semana 14 de gestación.
Para que la nueva legislación entre en vigor debe de ser aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado tras el estudio y la revisión de diversos organismos, entre ellos el CGPJ.
De aprobarse la denominada “Ley Gallardón” –en referencia a su principal impulsor, el ministro de Justicia español, Alberto Ruíz Gallardón–, para acceder al aborto bajo el supuesto de riesgo a la vida de la mujer se deberá contar con un “informe motivado” que acredite el riesgo y debe ser expedido por dos médicos especialistas.
En caso de acreditarse que el embarazo es producto de una violación sexual, el embarazo podrá ser interrumpido hasta la semana 12 de gestación.
Aunque se acrediten los supuestos, para acceder al aborto legal las mujeres deberán recibir consejo asistencial e individualizado por profesionales distintos a quienes interrumpan el embarazo; además un colaborador del sistema público informará sobre las alternativas que existen ante el aborto.
Por: la Redacción Cimacnoticias
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