6/19/2014

5 avances y 5 pendientes en el debate de las leyes telecom



Por Mauricio Torres  @mau_torres


Las facultades del órgano regulador en telecomunicaciones y las medidas para proteger los derechos de las audiencias están entre los puntos de las leyes secundarias en la materia en los que los principales partidos políticos han alcanzado acuerdos, mientras que permanecen enfrentados en otros temas como las reglas para declarar preponderante a una empresa y las sanciones para quienes cometan prácticas monopólicas, según legisladores que participan en las negociaciones.

El senador Zoé Robledo, negociador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo en entrevista este martes que el hecho de que aún continúen las discusiones entre las fuerzas políticas implica que el tema no se llevará ni a comisiones ni al Pleno de la Cámara Alta esta semana, pero consideró posible que esto ocurra pronto. 

La iniciativa en la materia fue presentada en marzo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de reglamentar la reforma constitucional promulgada en 2013 para combatir a los monopolios y abrir el sector a la competencia.

Desde entonces, la propuesta se encuentra en el Senado, donde deben dictaminarla las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, que eventualmente enviarían el dictamen al Pleno y éste, a su vez, a la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Pablo Adame, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló en entrevista que la Cámara Baja se mantiene atenta a las negociaciones entre los senadores y estará lista para discutir el tema en cuanto llegue al Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Durante una visita a España a principios de este mes, el propio Peña Nieto estimó que el dictamen de las leyes de telecomunicaciones estará "debidamente abordado" y aprobado a más tardar en la primera mitad de julio.
A continuación te presentamos los detalles sobre los puntos en los que ya han avanzado las negociaciones entre los partidos y en cuáles aún mantienen diferencias.

LOS AVANCES 

1. Las facultades del IFT 
La iniciativa presidencial causó polémica en marzo pasado porque planteó quitar facultades al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Entre otras cosas, propuso que sea la Secretaría de Gobernación (Segob), y no el IFT, la encargada de supervisar contenidos en medios electrónicos.
Sin embargo, según los legisladores consultados, en las negociaciones ya se acordó que el IFT conserve todas sus atribuciones. 

2. Neutralidad de la red 
Otro punto que generó controversia fue la propuesta presidencial de dar al gobierno federal la facultad de censurar contenidos en internet. Esto molestó tanto a partidos de oposición como a organizaciones civiles y usuarios de la red, ante lo cual, según los legisladores consultados, el PRI accedió a retirar este aspecto. 

3. Bloqueo de señales
En uno de sus apartados, la iniciativa presidencial planteó que el gobierno federal pudiera bloquear señales de telecomunicaciones por razones de seguridad pública o nacional.
Los opositores a la propuesta argumentaron que esto violaría la libertad de expresión y, según el senador Robledo, las autoridades federales ya aceptaron que el bloqueo se limite a centros penitenciarios y sus entornos. 

4. Derechos de audiencias y usuarios 
A decir de los legisladores consultados, otro avance fue conseguir que se incluya en el proyecto de dictamen un apartado sobre los derechos de usuarios y audiencias.
Uno de sus aspectos sería obligar a que los medios de comunicación cuenten con un defensor de la audiencia, una figura que deba ser independiente del concesionario y que estaría sujeta a sanciones en caso de incumplir con su labor. 

5. Personas con discapacidad 
El quinto avance en la materia fue incluir artículos para garantizar los derechos de personas con discapacidad, una demanda que habían expresado organizaciones civiles y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Entre otras cosas, se acordó que los noticiarios de mayor audiencia tengan subtítulos o lenguaje a señas para personas con discapacidad auditiva. 

LOS PENDIENTES 

1. Registro de comunicaciones 
Entre las disposiciones de la ley vinculadas con asuntos de seguridad y justicia, una en la que las negociaciones se mantienen es la obligación que la iniciativa presidencial busca imponer a los concesionarios de telecomunicaciones para que guarden el registro de las comunicaciones de sus usuarios hasta por dos años.
El PRD y una parte del PAN se oponen a esta medida porque consideran que atenta contra la privacidad de las personas.

2. Preponderancia
Otro punto polémico es el de las reglas para declarar a un concesionario como preponderante. Quienes se oponen a la iniciativa presidencial argumentan que ésta incluye normas más rígidas para las empresas de telecomunicaciones (telefonía) que para las de radiodifusión (radio y televisión), lo que favorecería a las televisoras.
El senador Robledo comentó que los opositores plantean que la regulación sea pareja para todos los preponderantes y que se establezcan multas elevadas en contra de las empresas que violen la ley. 

3. Tarifas de interconexión 
El tercer aspecto polémico es si un actor declarado preponderante en telecomunicaciones puede o no cobrar a otros concesionarios más pequeños por interconectar sus señales.
El senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, mencionó el lunes a Radio Fórmula que hay dos posturas: una que está en contra del cobro y otra que considera que la tarifa debe determinarla el IFT. 

4. Radios comunitarias 
Otro aspecto que divide a los legisladores, explicó Adame, es si se permitirá o no que las radios comunitarias comercialicen espacios con fines publicitarios.
Un bloque está en contra, argumentando que estas radiodifusoras no tienen fines de lucro, y otro apoya la idea porque cree que necesitan más vías de financiamiento.

5. Producción audiovisual independiente 
Uno de los últimos temas que siguen pendientes en las negociaciones es cómo garantizar apoyo del Estado a productores audiovisuales independientes.
Para el PRD y una parte del PAN, la iniciativa presidencial no contempla reglas para respaldarlos, lo que favorece a las grandes empresas y limita la diversidad de contenidos.

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