La batalla por la seguridad nacional
El
alcance político de las revelaciones de Edward Snowden gira alrededor
de la obligación del estado para transparentar sus acciones y del
derecho del ciudadano a su vida privada. El sistema de vigilancia de la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA en inglés) fue denunciado
precisamente por intervenir todo tipo de comunicaciones privadas
mientras que se mantiene en las cárceles clandestinas a decenas de
personas sin acusaciones formales y ajenas al escrutinio público.
En un momento en el que se discuten las características de una nueva
Ley de Transparencia y la Ley General para la protección de Datos
Personales en nuestro país habrá que tener muy presente las tendencias
de los estados nacionales a espiar a sus gobernados y a ocultar lo
mejor que puedan buena parte de sus actividades. La seguridad nacional
como elemento central para justificar la opacidad del poder político y
económico y, al mismo tiempo, permitirles que exijan al ciudadano
transparencia absoluta debe reformularse. De no hacerlo será muy
difícil garantizar el disfrute de los derechos fundamentales. Los
límites tienen que estar contemplados en las leyes mencionadas y antes
habrá que incluirlos como puntos de discusión en foros y coloquios.
Si bien es cierto que el estado liberal como construcción histórica
surge en un ambiente impregnado por la defensa de los derechos, no es
menos cierto que en la actualidad las tendencias apuntan a debilitarlos
para fortalecer la recuperación del modelo económico. El contexto
mundial, al reconfigurarse en términos económicos, ha provocado gran
incertidumbre entre los estados nacionales, lo que ha provocado
intensas protestas por parte de la sociedad así como conflictos entre
sus élites. En su afán por mantener el modelo económico, los gobiernos
han echado mano del espionaje interno, procurando ganar control en el
ciberespacio y limitando su uso a los ciudadanos.
Pero
además, crece exponencialmente la tendencia a clasificar información
pública alentada por la necesidad de ocultarle al ciudadano datos que
pueden impulsar las protestas o que simplemente son considerados
estratégicos para la seguridad del estado, o que –como se ha venido
argumentando recientemente- violan la privacidad de altos funcionarios.
La protección de los datos personales se ha convertido en un arma de
doble filo que por un lado protege a los fuertes y deja en el desamparo
a los débiles. La mayoría de los últimos están sujetos, por ejemplo, a
que la información que proporcionan a las instituciones privadas y
públicas sea vendida al mejor postor y que no tengan elementos legales
para evitarlo o sancionar a los que lucran con ella. Dicho de otro
modo, los datos personales son una oportunidad de lucro para las
empresas y de control político por parte de los gobiernos, ni más ni
menos.
Legislar sin tener en cuenta el contexto y las
tendencias negativas relacionadas con la transparencia y la protección
de la privacidad sólo las fortalecerá. La sociedad requiere un debate
de altura que ponga en la balanza a la seguridad nacional y a los
derechos humanos. Sin pretender negar la necesidad de prevenir
agresiones a la paz pública es indispensable poner en primer lugar a
los derechos, partir de ellos para ponerlos en su justa relación. Una
sociedad vigilada y un estado opaco son una gran amenaza para la
seguridad nacional, entendida ésta como la destinada a garantizar
condiciones de vida digna a la población. La seguridad nacional no
puede ser entendida en términos de la capacidad del estado para
defenderse de sus ciudadanos, para ocultarle, en aras de la protección
de la nación, que existe un sistema que lo vigila violando
sistemáticamente su derecho a la privacidad.
La seguridad
nacional después de la Segunda Guerra mundial estuvo enmarcada en el
conflicto entre la desaparecida Unión Soviética y los EE. UU. y tuvo
como eje la protección del enemigo externo. Hoy por hoy, finiquitada la
primera Guerra Fría, la seguridad nacional en México ha desplazado su
foco hacia los conflictos internos que puedan amenazar a las
instituciones democráticas, de acuerdo con la renovación del concepto
que efectuó el desaparecido Adolfo Aguilar Zínzer cuando fue asesor de
seguridad nacional de Vicente Fox. Resulta contradictorio que teniendo
como valor republicano fundamental a la democracia se violen los
derechos que le dan vida.
El conflicto no es menor ya que de acuerdo con Samuel Huntington, el “… poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a evaporarse. ”
Así las cosas, no será el estado quien el actor principal que promueva
la el derecho a la información y el respeto a la privacidad sino la
sociedad en su conjunto, quien además está obligada a defender su
derecho a la privacidad para enfrentar ésa batalla que viene, una vez
que se consume la privatización de nuestros recursos naturales. Y dadas
las circunstancias no será una batalla menor.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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