Pedro Miguel
El
grupo gobernante hizo algo peor que entregar a las corporaciones
energéticas trasnacionales el subsuelo del país: les está entregando el
suelo. Si entran en vigor las leyes aprobadas la semana pasada a
contrapelo de la legalidad parlamentaria, los consorcios de la
electricidad y del petróleo tendrán derecho de apropiarse de cualquier
superficie del territorio nacional que les resulte apetecible mediante
un procedimiento simple: harán una oferta de compra, renta o comodato a
los propietarios y si éstos se rehúsan o si la negociación no
fructifica en un plazo breve el gobierno expropiará a favor de los
demandantes. Todo ello, en nombre de un interés social y orden públicoque es, en realidad, interés emrpesarial y orden privado.
La voracidad de las trasnacionales energéticas tendrá prioridad
sobre cualquier otra consideración y nadie ni nada estará a salvo de
ella. Ni grandes, medianos o pequeños propietarios ni comunidades ni
ejidos ni industrias. En su precipitado entreguismo los senadores
priístas y panistas no establecieron ni siquiera una reserva en la
redacción de las leyes para impedir la afectación de sitios y
yacimientos arqueológicos y no repararon en que si su engendro llegara
a entrar en vigor más valdría rezar porque nadie descubra un yacimiento
de hidrocarburos bajo la Pirámide del Sol o que el tendido de líneas
eléctricas no haga necesaria la demolición de Palacio Nacional. Y de
reservas ecológicas mejor ni hablamos.
Peña Nieto dice que
no es fácil entender la dimensiónde sus reformas. Por si quedaban dudas los dictámenes de leyes secundarias elaborados por el régimen se encargan de disiparlas: el propósito de este ciclo de alteraciones legales es acabar con las industrias energéticas propiedad de la nación, convertir a Pemex y a la CFE en ventanillas de adquisiciones, reducir a la población a un mercado de consumidores de energía y transformar al país en un campo de operaciones para las empresas eléctricas y petroleras de Estados Unidos y Europa, es decir, entregar el territorio nacional para que los zopilotes de la energía se lo coman a picotazos. Falta que algún propagandista de la Presidencia nos comunique que esto era justamente lo que pretendía el general Lázaro Cárdenas.
Lo
que no es fácil calcular es el impacto social y política que tendrá
esta canallada si no es detenida a tiempo, pero uno puede imaginarse en
primera instancia un reordenamiento territorial forzado y a gran escala
que pasaría por la expulsión de pueblos, comunidades y pequeños
propietarios en el agro, así como del despojo arbitrario de predios en
zonas urbanas y semiurbanas para edificar y ampliar instalaciones
eléctricas. En lo económico ello se traduciría en un nuevo golpe al
sector agrario, tan grave como el que recibió con la firma del TLCAN, o
más. En lo social y lo político las disposiciones peñistas provocarían
una nueva oleada de migración a las ciudades y, cabe suponer, un estado
de explosividad permanente en vastas regiones del país y una
desintegración sin precedentes del tejido social.
Las reformas peñistas en materia de electricidad e hidrocarburos
son, pues, una siembra de desastres. Está por verse si el país se
esperará a ver los frutos de la cosecha o si será capaz de visualizar
la dimensión de lo que se le viene encima y logra reaccionar antes.
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