Plataformas petroleras de PEMEX. Fuente: E-Consulta.com
Tenía razón el ex presidente Ernesto
Zedillo, el más neoliberal de los mandatarios del siglo XX. Ni en sus
“sueños más salvajes” se hubiera imaginado el grado de apertura a los
capitales privados, sobre todo, trasnacionales, en los dos sectores
ejes del país: energéticos y energía eléctrica, durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto.
No es un
proyecto de modernización. Tampoco busca beneficiar a los mexicanos con
la disminución de precios de luz, gas y menos gasolinas. De hecho, el
precio de las gasolinas en México se pueden disparar a 20 pesos en
menos de cuatro años.
Se trata de un proceso de
desmantelamiento de los bienes nacionales. Se abre a la inversión
extranjera no sólo nuestro sistema de hidrocarburos y eléctrico, sino
también el minero, el del gas, el del agua, el de las principales
cuencas y reservas naturales de México. El artículo 27 de l
Constitución, reformado en diciembre de 2013, en medio del sigilo y la
complicidad de los principales medios de comunicación, ahora será
desmantelado. Al igual que el 25, el 28 e, incluso, el artículo 1
constitucionales porque van a obligar a los propietarios originales de
las tierras mexicanas a vender a las compañías privadas.
Es una ambiciosa y compleja contrarreforma que es necesario conocer.
Las trampas están en los vasos comunicantes de estas leyes.
Por esta razón, compartimos un pequeño decálogo para entender los puntos sustanciales de estas leyes:
1.-Todas las leyes están vinculadas
en un punto: máxima apertura a los contratos privados en todas las
áreas de los recursos naturales.
Las leyes directamente relacionadas con
el sector energético son Ley de Hidrocarburos, Ley de Petróleos
Mexicanos, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley del Fondo Mexicano
del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Las relacionadas con el sector
eléctrico son Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección.
Las leyes “complementarias” en,
realidad, permiten no sólo la apertura a las empresas petroleras,
gaseras o eléctricas sino la apropiación de nuestros recursos
naturales. Estas son: Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley de
Geotermia.
Y las que se modifican para unificar el
diseño de máxima apertura y desmantelamiento de Pemex y CFE son: Ley de
Inversión Extranjera, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley de la
Agencia de Seguridad Industrial, Ley de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos.
Son un auténtico galimatías. Sin
embargo, hay cuatro grandes leyes-eje que debemos tomar en cuenta: Ley
de Hidrocarburos (reglamentaria del artículo 27 constitucional), Ley de
Pemex, Ley de la Industria Eléctrica (en la que desparece la CFE) y la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Las tres primeras se discuten en el
Senado. La última y otras que se refieren a la materia fiscal y
hacendaria se discuten en Cámara de Diputados.
2.-Desmantelan Pemex y Desaparece CFE.-Las
dos principales empresas de nuestras industrias energética y eléctrica
dejan de ser del Estado para convertirse en apéndices del “gobierno” y
éste, a su vez, facilitará la inversión privada en ambas.
En el caso de Pemex no la desaparecen, sino la reeestructuran, con la idea de desmantelarla en forma paulatina hasta el 2018. En el caso de la CFE la reducen a su mínima expresión para darle servicio de suministro básico. A Pemex no la unifican en una sola empresa sino en dos: Pemex Exploración y Producción (el verdadero filete del negocio) y Pemex Petroquímica y Refinación. Sacan a Pemex del negocio del gas y crean una nueva entidad: Cenagas, a partir de la infraestructura que le quitan a Pemex.
Pemex se vuelve no un competidor más
sino el suministrador del gran negocio para las petroleras y compañías
subcontratistas. La ley le ordena entregar la información privilegiada
no sólo de las áreas de interés petrolero (proceso actual en la llamada
Ronda Cero) sino también toda su información procesada e interpretada
de cada campo y yacimiento para que la Secretaría de Energía y la
Secretaría de Hacienda tengan libre acceso y sin restricciones a esta
información considerada de alto valor estratégico y de seguridad
nacional. También entregará su información geológica a la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.
A su vez, CFE dejará de ser la
principal empresa en el sector eléctrico. Se crea el Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace) que será el responsable de operar el
Sistema Eléctrico Nacional. Los permisos y contratos para privados los
administrará la Secretaría de Energía y las tarifas la Comisión
Reguladora de Energía.
El objetivo, en ambos casos, es
quitarle a Pemex y a CFE actividades, mercados y áreas de oportunidad
para facilitar la inversión privada y multiplicar a los operadores.
3.-El Estado y el gobierno al servicio de los privados.-Todo
el paquete energético y eléctrico tienen un objetivo: darle facilidades
reguladoras, fiscales y jurídicas a los inversionistas privados, a
cambio de mantener un régimen fiscal confiscatorio a Pemex y
desmantelar la CFE.
Los dos nuevos órganos reguladores,
Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en
realidad dependerán de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de
Hacienda. Esta dependencia se volverá el gran administrador de los
contratos y negocios con los privados. De ahí el enorme poder que
adquirirá Luis Videgaray.
El máximo de inversión del Estado en
contratos con privados será de 30 por ciento y, en el caso de los
yacimientos transfronterizos, será de 20 por ciento.
4.-Usarán la expropiación, pero a favor de los privados, sobre todo en el campo.-En
un giro de 180 grados a la práctica jurídica que fortaleció al Estado y
a la economía nacionales, ahora se aplicará la figura de expropiación,
pero para beneficiar a los privados.
Se establecen la figura de la requisa,
la expropiación, la ocupación temporal, la utilidad pública y la
intervención (artículos 57, 58 y 59 de la Ley de Hidrocarburos y 68 de
la Ley de Industria Eléctrica) para proteger y salvaguardar los
intereses de las petroleras.
Van a despojar a muchos pequeños,
medianos y grandes productores del campo, incluyendo a quienes tienen
concesiones mineras (a éstos se les ordena que no podrán oponerse al
tendido de ductos, cables o instalación de energía eléctrica, artículo
69 de Ley de Industria Eléctrica). Incluso, habrá multas millonarias
para los poseedores de la tierra que incumplan acuerdos con las
compañías privadas (artículo 88 de Ley de Hidrocarburos).
5.-Privatización del agua.-La
expropiación también afectará la propiedad del agua. Pretenden
privatizar el uso del agua para beneficio de las hidroeléctricas,
productoras de gas shale y otras. Modifican tres artículos de la Ley de
Aguas Naturales para eliminar las diferencias entre los acuíferos
convencionales y los yacimientos geotérmicos hidrotermales. Ambas
podrán ser concesionadas. La Ley de Energía Geotérmica redefine lo que
se entiende por “agua geotérmica” y “yacimiento geotérmico
hidrotermal”. Al hacerlo, permiten que los concesionares de un
yacimiento geotérmico hidrotermal no tenga necesariamente los derechos
de uso sobre el territorio.
6.-Contratos que son concesiones.-Para
encubrir el hecho de que se abre el sector primario a las concesiones,
se establece un enredado régimen de contratos que, en esencia, busca
consolidar la concesión no sólo sobre los recursos del subsuelo sino
del suelo mexicanos. Las cuatro figuras están en la Ley de
Hidrocarburos, Ley de Pemex y Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Estas son las siguientes:
-Licencias. Pagan contraprestación. Se quedan con la producción.
-Utilidad compartida. Pagan
contraprestación. Contratista entrega la totalidad de la producción al
comercializador del estado (que ya no será Pemex) y se le paga un
porcentaje de la utilidad estipulada.
-Producción compartida. Pagan
contraprestación. Contratista entrega un porcentaje de la producción
acordada con el Estado y le entrega un porcentaje de la producción al
comercializador del Estado.
-De Servicios. Contratista entrega totalidad de la producción. Se le paga en efectivo.
Las Asignaciones sólo aplicarán para
Pemex y puede haber migración de asignaciones a contratos, es decir,
privatizar asignaciones. La Secretaría de Hacienda definirá las
condiciones de estas “migraciones”. Si Pemex quiere asociarse no podrá
escoger su socio privado: éste será designado por la autoridad luego de
un proceso de selección.
El Estado no tiene la posibilidad de
cancelar los contratos, cuando así lo considere pertinente para el
interés nacional. Sólo en “situaciones específicas”, a beneficio de los
contratistas privados.
Los contratos se adjudicarán por
licitación, pero en el caso de las mineras podrán ser por asignación
directa para desgasificar mantos de carbón.
7.-Falta de responsabilidad ambiental.-Todo
el paquete energético y eléctrico minimizan las responsabilidades medio
ambientales de los privados. La responsabilidad ambiental y los
programas de apoyo a las comunidades no se incluyen dentro de las
cláusulas de los contratos (artículo 19 Ley de Hidrocarburos).
Toda la regulación hacia Pemex con respecto al daño medio ambiental desaparece para los privados.
Se incrementará el daño ambiental con el uso de la tecnología del fracking para
extraer el gas shale. Los promotores de este negocio dicen que ya
mejoraron sus tecnologías. Nada, hasta ahora, en el paquete energético,
los sanciona u obliga a compromisos medioambientales.
La utilización de un gran número de químicos en la explotación del gas shale mediante el fracking ha
generado consecuencias como: los sismos resultantes de la perforación
del subsuelo; la liberación de metano y radón a la atmósfera la
contaminación de mantos freáticos, y graves afectaciones a la salud
humana.
8.-Aumentarán gasolinas, gas y electricidad.-En
contra del gran aparato de publicidad para engañar a los mexicanos –la
mayoría en contra de la reforma energética-, no disminuirán ni los
precios de las gasolinas, ni del gas ni de las tarifas eléctricas. Por
el contrario, se prevé que las gasolinas puedan aumentar hasta 20 pesos
por litro. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray lo admitió con
todas sus letras el pasado 14 de junio ante directivos y analistas de
Accival:
“NO esperamos que baje el precio de la
gasolina, ya que está subsidiada”. Y en relación con los precios del
gas y la electricidad dijo que el gobierno “espera que bajen” con la
competencia.
Las iniciativas no prevén eso. A partir
del 1 de enero de 2018 habrá libre importación de gasolina y diesel. A
partir de 2017 habrán estaciones de servicio con bandera extranjera.
Las trasnacionales importarán o venderán la gasolina que produzcan. En
2019 Hacienda ajustará mensualmente los precios de gasolina y diesel de
acuerdo a la inflación.
La política tarifaria de los nuevos
organismos reguladores de hidrocarburos y energía eléctrica está en
función del beneficio de los contratistas, no de los consumidores.
¿Alguien cree que vendrán a vender gas y luz más baratos?
9.-El negocio sospechoso: el gas shale.-La
llamada “revolución energética” del gas de lutitas o gas shale en
Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión debido al aumento
de la oferta del gas en el país vecino. Pasó de 18 mil a 23 mil
billones de pies cúbicos. La potencia nortemaericana presiona para que
este gas se convierta en el nuevo posicionamiento geoestratégico.
La Sener ha declarado que empezará a
trabajar con 20 mil pozos del gas de lutitas. Pemex y Sener hablan de
681 billones de pies cúbicos de gas como “potencial de recursos” en
México, pero no pasarán a formar parte de las reservas mexicanas.
El plan de Pemex contempla la
producción de lutitas en 3 etapas: evaluación; caracterización
geológica; y desarrollo masivo de lutitas. Pemex se quedará en la Ronda
Cero con sólo el 15 por ciento de los recursos prospectivos del gas de
lutitas.
10.-El negocio del gas.-La Ley
de Hidrocarburos faculta a la Secretaría de Energía para que, en cinco
años, ninguna empresa pública tenga una participación superior al 50
por ciento en materia de transporte e importación de gas. En diez años
este porcentaje debe quedar en un máximo de 20 por ciento. En otras
palabras, el 80 por ciento de la distribución del gas en México quedará
en manos privadas. A Pemex la sacan del negocio por completo.
El asunto no es menor. La nueva
geopolítica se está definiendo a partir del suministro del gas. Y
México, en lugar de plantear una legislación que lo fortalezca en este
juego de fuerzas internacionales, se adhiere completamente a los
intereses y designios de Estados Unidos
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