Hacia una reforma escandalosa

Marta Lamas

Análisis

Para María Elena Chapa, incansable luchadora.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A lo largo de los últimos años, el debate mundial en torno al aborto ha esclarecido ciertos aspectos clave del proceso de desarrollo neurológico del ser humano, desarmando las definiciones ideológicas de “vida”. La sofisticación científica de tal discusión no ha logrado penetrar la coraza del Vaticano, con lo cual los políticos que siguen sus preceptos se mantienen aferrados a la cantinela de “protección a la vida”. De ahí que se haya recrudecido el fundamentalismo religioso entre muchos de nuestros legisladores.

En Nuevo León se debate en estos días una iniciativa para reformar la Constitución local en los siguientes términos: “El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León”.

¡Zas! Se “reputa como nacido” al embrión. Como ha señalado Regina Tamés, de GIRE, la iniciativa contraviene los estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos: la reforma a nuestra Constitución sobre derechos humanos que se hizo en 2011, y la sentencia de 2012 de la CIDH donde estableció jurisprudencia (Caso Artavia Murillo) relativa a que el embrión no es persona, supuesto básico necesario para hablar de titularidad de derechos humanos. Es realmente escandaloso que el Congreso de Nuevo León fundamente una iniciativa de reforma desconociendo tales resoluciones.

Esta pretendida reforma se sumaría a las de 16 estados de la República que han hecho otro tanto con el fin de proteger la vida desde el momento de la concepción o fecundación, lo cual no ha protegido a ninguna persona, sino que, al contrario, ha criminalizado a cientos de mujeres. Según GIRE, una protección genuina de la vida prenatal implicaría legislar en el sentido de proteger la vida en gestación sin desconocer ni afectar desproporcionadamente los derechos humanos de las mujeres, adoptando medidas como: “garantizar el acceso y prestación de servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio (por ejemplo, ya no más mujeres pariendo en la calle), y proveer a las mujeres en edad reproductiva y a las embarazadas de los nutrientes y alimentos necesarios.

“Se sabe que la anemia representa una causa subyacente de mortalidad materna y perinatal, y en la actualidad la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil es de 17.0% entre las embarazadas y de 11.5% en las no embarazadas. Con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012), los grupos de edad más afectados por la anemia fueron el de 12 a 19 años (19.6%) y el de 30 a 39 (19.0%) en las embarazadas, y los de 40 a 49 (16.2%) y de 30 a 39 años (13.3%) en las no embarazadas”. Al asegurar la atención médica prenatal habría que garantizar la provisión gratuita y suficiente de ácido fólico a las mujeres.

Subraya GIRE también la importancia de reducir la mortalidad materna mediante cuidados durante el embarazo, y da los siguientes datos: En nuestro país, de 1990 a 2011 fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. En 2012, 6.9% de las muertes maternas fue de mujeres sin acceso a educación; 14.7% no tenía seguridad social y 55% contaba con Seguro Popular. El 11% no recibió control prenatal durante el embarazo.

En concreto, Nuevo León ocupó, en 2012, el número 12 entre los estados de México con el mayor número de muertes maternas, de las cuales 13.6% eran mujeres menores de 19 años; 13.6% no tenían seguridad social; 36.4% contaban con Seguro Popular. El 4.5% de ellas no dispuso de control prenatal durante el embarazo. Las muertes maternas por aborto en la entidad representan 13.6%, por encima del 8.2% en que se encuentra el promedio nacional.

Una verdadera “protección a la vida” conllevaría la realización de ese tipo de medidas positivas, con el objetivo de reducir los índices de mortalidad materna y combatir la violencia obstétrica.

Una de las tradiciones de nuestro sistema político es el federalismo. Sin embargo, a partir de las disputas producidas en torno al aborto parecería que dicho federalismo resulta ser un obstáculo para el cumplimiento de los derechos humanos. No es un Congreso estatal el que puede establecer por su cuenta el límite y contenido de los derechos humanos. Por ello GIRE considera que, de conformidad con las obligaciones incluidas en el artículo 1º de la Constitución y con la interpretación del artículo 4.1 de la CADH, establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pleno del Congreso del estado de Nuevo León debería rechazar dicha iniciativa.

Hace años, el entonces gobernador priista de Nuevo León, Natividad González Parás, fiel a la tradición liberal de su partido, vetó una iniciativa similar. Sin embargo, hoy los priistas, impulsados por el PAN, parecen decididos a resbalar al precipio de la incongruencia.