El despojo

Alejandro Encinas Rodríguez

En un entorno atropellado por el desaseo legislativo se han venido procesando las leyes reglamentarias en materia energética. Al igual que en la reforma constitucional que desmanteló el pacto fundacional y el principio de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, se somete a remate a nuestro país.

Durante décadas, los gobiernos del PRI y del PAN impulsaron un deliberado desmantelamiento de Pemex y de la CFE, así como una campaña de comunicación orientada a desacreditar a estas empresas, como ineficientes y poco rentables, en las que predomina la corrupción, la que no es privativa de sus sindicatos, sino principalmente de funcionarios públicos encabezados por el presidente en turno.

Esta campaña ha insistido en que para modernizar al sector se requiere de la asociación con particulares, ya que no se cuenta con la tecnología ni los recursos para garantizar la seguridad energética ni el suministro oportuno de energéticos, cuando en realidad lo que se pretende es despojar de sus recursos naturales a la nación, pues estas leyes no aseguran el suministro suficiente ni la creación de empleos o la disminución de sus precios.

Por el contrario, Pemex y CFE se reducen a su mínima expresión, lo que traerá consigo despidos y afectaciones sustanciales a millones de mexicanos, pues las nuevas leyes incurren en graves violaciones al derecho a la propiedad, al permitir su expropiación en beneficio de intereses privados.

La Ley de Hidrocarburos señala que las concesiones mineras podrán ampliarse para la exploración y extracción de hidrocarburos sin que se requiera un proceso de licitación, y el contrato se podrá adjudicar directamente a sus titulares que hoy concentran más del 25% del territorio nacional.

Se declara de utilidad pública la industria de hidrocarburos, la que tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, permitiendo la expropiación de terrenos o su ocupación superficial por encima de la actividad agrícola, poniendo en riesgo además asentamientos humanos, reservas naturales y zonas arqueológicas.

Para garantizar estos negocios, se obliga a los estados y municipios a establecer procedimientos que garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones, independientemente de los usos del suelo o los planes de ordenamiento ecológico y territorial.

Se establecen las contraprestaciones que pueden ofrecer inversionistas a propietarios de tierras para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar la extracción y exploración: arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, compra-venta, permuta u ofertando empleo al titular y sus familias en las empresas que ocuparán su propiedad, siempre y cuando sea proporcional a las necesidades del asignatario o del contratista, convirtiendo a los dueños de la tierra, en peones de las trasnacionales en su propia tierra, sin recibir beneficio alguno de la renta petrolera que obtendrán los grandes consorcios.

Se estipula que, en caso de no existir acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días naturales, el asignatario-contratista podrá promover ante un juez de distrito o un tribunal agrario, la servidumbre legal de hidrocarburos o podrá solicitar al Indabin su mediación. Si no hay acuerdo, la Secretaría de Energía, propondrá al Ejecutivo federal la constitución de una servidumbre de hidrocarburos o la expropiación de terrenos.

Estas leyes avasallan a la nación, desmiembran la responsabilidad social del Estado, subordinan el interés público al privado. Avasallan a los estados y municipios, a los que conculcan su facultad para ordenar su territorio. Avasallan al campo, pues a la pobreza, el abandono, a la presencia del crimen organizado, el surgimiento de guardias blancas, al narcotráfico, la trata y tráfico de personas, el abuso contra migrantes y la violación de derechos humanos, se suma el despojo de las tierras.

Senador de la República