Jaime Aparicio*
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El caso Versini pudo ser una inmejorable oportunidad
para el presidente Peña Nieto de revelar al país su voluntad de colocar
el respeto al estado de derecho por encima de sus lazos personales y
políticos con el exgobernador del Estado de México Arturo Montiel
Rojas. No ser cómplice de la estrategia de Montiel para quebrantar
leyes o negociar su incumplimiento hubiese sido clara señal de que un
nuevo PRI llegaba al poder a fortalecer los valores republicanos, a
combatir la corrupción y a conducir al país a la modernidad.
Lamentablemente, las viejas
prácticas políticas han prevalecido en perjuicio de la imagen e,
incluso, de las perspectivas económicas de México, que se ven
enrarecidas por la debilidad institucional.
Arturo Montiel se atrevió a llevar adelante un secuestro
internacional de menores, desconociendo la custodia legal de la madre y
dos sentencias judiciales que ordenaban la restitución inmediata de los
menores (en tiempos del gobierno del PAN), y lo hizo porque sabe que a
él no se le aplica la ley, que puede desacatar decisiones judiciales y
manipular a los jueces del estado del que fue gobernador para que
modifiquen sus propias decisiones y dicten una nueva resolución
rechazando la restitución de los menores y negando la visita de la
madre a sus hijos.
Que una madre no pueda ver a sus hijos secuestrados desde
hace más de dos años, y que la línea de defensa del gobierno sea que
“es un caso privado que está en manos de la justicia”, es algo ruin.
Los ciudadanos mexicanos saben que los jueces en Lerma jamás podrán
fallar en contra del poderoso exgobernador de esa entidad; tampoco
podrían hacerlo los psicólogos o trabajadores sociales que emiten los
certificados que utiliza Montiel para justificar el secuestro.
Pretender que la justicia mexiquense resuelva
imparcialmente este caso es un engaño que ofende al sentido común de la
opinión pública. Como decía Hanna Arendt, “abolir las modestas verdades
de los hechos es una de las señas de identidad de un poder sin
control”, donde es posible destruir la verdad y el significado de las
palabras. No otra cosa es llamar “asunto privado” a un delito
internacional sancionado por las leyes mexicanas y por el Convenio de
La Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores, de 1980, del
cual México es Estado parte. En cualquier Estado del mundo donde
existan jueces independientes este caso se hubiese resuelto en pocas
semanas y el secuestrador hubiese sido procesado. Eso no es posible en
México.
La realidad es que Maude Versini no puede ver a sus
hijos, profundamente afectados por el síndrome de alienación parental,
desde hace dos años. Está desesperada, impotente ante la imposibilidad
de encontrar justicia en los tribunales, y sólo le queda acudir a la
justicia internacional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
Ha recibido el apoyo de más de 30 senadores mexicanos, quienes han
entregado una carta al presidente de Francia en la que expresan que “es
injustificable que por influencias políticas una madre sea privada de
su derecho de amar y abrazar a sus pequeños”. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) ha adoptado una resolución instando a los
jueces a tomar medidas para que permitan el acceso de la madre a los
hijos; los más prestigiosos periodistas mexicanos han apoyado su causa.
Nada de esto ha podido franquear la influencia política de Arturo
Montiel.
Es más, el gobierno, en lugar de aplacar los excesos de
Montiel, ha decidido movilizar a su burocracia en su defensa ante la
CIDH, cubriendo el tema bajo el argumento tramposo de que el caso está
“en manos de la justicia”. Este encubrimiento de las autoridades y la
presión que pone México, uno de los países más influyentes en la OEA, a
la CIDH, así como el hecho de que el Estado no ha cumplido con el plazo
de seis semanas establecido por el Convenio de La Haya (artículo 11)
para resolver este tipo de casos, son pruebas fehacientes de la
confabulación de las autoridades con Montiel.
La última esperanza de Maude Versini es que la CIDH se
pronuncie frente a esta injusticia y, a pesar de la influencia del
gobierno mexicano, apruebe una medida cautelar que evite un daño
irreparable contra tres niños impedidos de ver a su madre y que son las
verdaderas víctimas de este caso.
El retrato de Montiel Rojas sólo sería una caricatura del
pasado del PRI en tiempos de su mayor decadencia moral, si no fuera
porque hoy sigue presente, poderoso e impune. Basta entrar a Google
para ver la infinidad de denuncias sobre corrupción y abuso de poder de
un político que pretendió ser candidato a la Presidencia de México.
Parece que nada ha cambiado en el PRI, y como decía Luis Buñuel en
épocas de Díaz Ordaz y Echeverría: En México persiste “un fascismo sólo
suavizado por la corrupción”. Maude Versini lo ha constatado en su
propia piel, y ahora su lucha no es sólo contra el secuestrador, sino
también contra la complicidad del gobierno.
@JaimeAparicioOt
* Expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA
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