Trabajadoras “que no saben leer y escribir” impiden ratificación
Durante el seminario “La satisfacción de los Derechos Humanos de
colectivos en situación de vulnerabilidad” –al que el senador Miguel
Barbosa (PRD) acudió sólo para dar la bienvenida y luego se retiró–,
José Antonio Valdivia Peña, asesor de la Comisión para la Igualdad de
Género, dijo que instancias de la Cámara alta (como las comisiones de
Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Relaciones
Exteriores, además de la de Igualdad), que se han reunido para discutir
el Convenio 189, coinciden en que hay “muchas complicaciones” para su
ratificación, con la que se comprometió México hace tres años.
El asesor precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
advirtió a las comisiones del Senado que no ratificará el Convenio 189
si antes no se realizan reformas legales en materia laboral y de
seguridad social.
Y es que el Convenio actualmente está en revisión del Ejecutivo
federal, el cual tras aprobarlo debe enviarlo al Senado para su
ratificación. Luego de este trámite, el acuerdo internacional (con las
modificaciones legislativas que conlleve) entrará en vigor un año
después. El Convenio 189 de la OIT fue aprobado por los países miembros
(entre ellos México) el 16 de junio de 2011.
Valdivia Peña insistió en que entre las “complicaciones” que tiene
México para garantizar sus derechos laborales a las trabajadoras del
hogar es que “las personas deben tener números para todo y en algunos
casos no cuentan ni con acta de nacimiento”.
También indicó, sin dar más información, que si no se homologan las
leyes con todo lo que señala el Convenio 189 se estaría incurriendo en
una “falta penal”.
Además, abundó el asesor de la Comisión para la Igualdad de Género, no
se han desarrollado protocolos para inspeccionar que los empleadores
garanticen derechos a las trabajadoras, a lo que se suma que para
cumplir con la obligación de registrar a estas mujeres como empleadas,
ellas se enfrentarían a que “no saben leer y escribir”.
José Antonio Valdivia también señaló que otro “obstáculo” es que “no se
sabe” cómo erradicar el trabajo infantil en el trabajo del hogar, ni
tampoco si se reconocerá el derecho a la organización sindical.
Asimismo, explicó que en materia de impuestos la situación se
complicaría si una trabajadora se emplea en cinco lugares diferentes, y
la obtención de un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) podría
tardarse más “si ellas no hablan español”.
Agregó que se tiene que evaluar el tema del salario en cuanto a un
monto mínimo y el pago en especie con alimentos u otros bienes. De
igual forma, acotó el asesor, habría que analizarse la vía por la que
las trabajadoras adquirirán un contrato, ya que la mayoría de ellas
llega por “recomendación”.
INDIGNACIÓN DE EXPERTAS
En respuesta, la académica Mary Goldsmith, de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y estudiosa del tema, reviró molesta que esos
argumentos fueron los mismos que presentaron los detractores del
Convenio 189 en 2010 y 2011, durante las conferencias de la OIT, pero
que fueron superados tras escuchar directamente a las trabajadoras.
Precisó que son menos del 10 por ciento las empleadas que no saben leer
ni escribir y que la mayoría de ellas son bilingües, por lo que hay que
legislar con información de la realidad y “no con las creencias
propias”.
Goldsmith aclaró que si se tratara de hombres, de universitarios y de
otra clase social, seguro la discusión sería muy diferente, y agregó
que en los países donde hay avances en la materia es porque las y los
legisladores consideraron que esos argumentos son “sexistas y
discriminatorios”.
Abundó que Valdivia Peña no habló como un representante del Senado que
debe garantizar los derechos de las personas por encima de cualquier
obstáculo, pero sí se asumió como un empleador que “no querrá otorgar
derechos”.
Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para
Empleadas del Hogar (CACEH) y representante de la Red Nacional de
Trabajadoras del Hogar en México, dijo que esos argumentos son
pretextos para no ratificar el Convenio 189 y que el otorgamiento de
sus derechos no puede ser “contraproducente”, como afirmó José Antonio
Valdivia.
Igualmente, criticó que las trabajadoras fueron excluidas de las
discusiones en el Senado sobre la ratificación del Convenio y que no
fueron consultadas sobre sus necesidades.
Bautista añadió que mientras se está pensando qué herramientas se van a
usar para erradicar el trabajo infantil, éste ya existe e impacta en el
desarrollo de las niñas que, además, lo realizan sin garantías
laborales.
Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), también rechazó los argumentos de Valdivia y
señaló que no debe existir ningún obstáculo para dar a todas y todos
los trabajadores los mismos derechos.
Dijo que la Ley Federal del Trabajo (LFT) ya obliga a la celebración de
un contrato y al respeto de tiempos de descanso para estas empleadas,
por lo que el Senado deberá difundir esa información entre los
empleadores y no poner “obstáculos”.
Rebeca Ramos, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), criticó que todos los derechos laborales que sí están
reconocidos para el resto de las y los trabajadores no lo sean para las
empleadas del hogar.
Explicó que en el caso de las indígenas, el artículo segundo de la
Constitución establece que el lenguaje no debe ser un impedimento para
cumplir con sus derechos. Enfatizó que si el problema es el costo que
implicaría para el país que estas trabajadoras gocen de seguridad
social, por qué no se muestra la misma reticencia en el otorgamiento de
recursos electorales a los partidos.
En breve entrevista al finalizar el seminario, Mary Goldsmith y
Marcelina Bautista manifestaron su indignación por la actitud que
mostró el asesor legislativo, misma que –consideraron– sólo refleja que
las autoridades, por “discriminación”, no quieren ratificar el Convenio
que beneficiaría a más de 2 millones de trabajadoras.
En su defensa, José Antonio Valdivia refirió que existen programas como
el de “Gratuidad” del Gobierno del Distrito Federal, para que las
trabajadoras tengan atención en salud, lo que también fue criticado por
las ponentes al señalar que no son operantes ni obligatorios, y que
sólo acceden a ellos el mínimo de las empleadas del hogar, además de
que son prestaciones que benefician más a los empleadores que a las
trabajadoras.
RIESGOS DE NO RATIFICAR
Mientras la ratificación del Convenio 189 está empantanada –indicó
Goldsmith–, en México miles de trabajadoras del hogar que presentan
embarazos carecen de un sistema de protección para la maternidad.
La abogada Rebeca Ramos recordó que las empleadas del hogar no cuentan
con protección social que pueda garantizar servicios de salud para los
cuidados prenatales y los posteriores al parto, tales como licencias de
maternidad y acceso a estancias infantiles.
Además, dijo, la LFT tiene “vacíos muy graves” para garantizar algún
tipo de protección a estas trabajadoras. Por ejemplo, la ley señala
cierto número de descansos obligatorios al día, pero al final permite
jornadas laborales hasta de 12 horas.
Por otro lado, las trabajadoras del hogar migrantes tampoco cuentan con
mecanismos que las protejan de la explotación, ya que los permisos para
laborar no incluyen inspecciones laborales ni obligan a los empleadores
a garantizarles cuidados de salud y vivienda digna.
Foto: Cortesía Comunicación Social Senado de la República
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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