Alejandro Nadal
La
pretensión de los barones del poder para convertir los pasivos
laborales de Pemex y CFE en deuda pública recuerdan el elogio de la
deuda que hacía Panurgo, personaje de Gargantúa y Pantagruel.
Este cobarde y libertino señor afirmaba que el endeudamiento eterno era
encomiable por ser el vínculo entre el cielo y la tierra. Claro, ya
saben ustedes donde habitan los señores del dinero y en qué triste
morada viven los pueblos deudores.
¿Qué son los pasivos laborales? Son obligaciones que debe solventar
una empresa y provienen de los beneficios que la ley o un contrato de
trabajo otorgan a los trabajadores durante la relación laboral. Estos
beneficios dependen de la duración de dicha relación o de la antigüedad
en la empresa. Encuentran su base legal en las indemnizaciones legales
y primas de antigüedad que establece la Ley Federal del Trabajo
(artículos 50 y 162 respectivamente) o pueden derivarse de cláusulas en
contratos colectivos de trabajo. La característica esencial de estos
beneficios es que pueden cuantificarse en términos monetarios: son
obligaciones que la empresa deberá pagar en su momento. Las
indemnizaciones por terminación de la relación laboral y las pensiones
por jubilación constituyen los típicos ejemplos de pasivos laborales.
Los pasivos laborales dependen de circunstancias aleatorias (por
ejemplo, el despido de un trabajador o su jubilación). Por este motivo,
la cuantificación precisa del monto de estos pasivos laborales depende
de cálculos actuariales que usan diversas hipótesis sobre los
parámetros que afectan el monto de los pasivos y el momento de hacer
efectivas las erogaciones. Algunas de estas hipótesis tiene que ver con
la distribución de edades de la planta laboral, con los aumentos
salariales previsibles y con tasas de descuento. El monto estimado
también depende del horizonte temporal que se utilice en los cálculos.
Los pasivos laborales de Pemex y CFE se relacionan con derechos
legítimos de los trabajadores pero, y esto para nadie es un secreto,
también estuvieron ligadas a contratos colectivos diseñados para
manipular cúpulas sindicales en un esquema de clientelismo y corrupción.
Una parte de eso es herencia lejana, pero otra muy pesada proviene
de sexenios recientes e incluso de la presente administración. Según el
balance general de Pemex al 31 de junio del presente año, los pasivos
laborales de largo plazo ascienden a un billón 153 mil millones de
pesos. Por su parte, los pasivos laborales de largo plazo de la CFE
(según los estados consolidados financieros) superan 508 mil millones
de pesos. En total: un billón 661 mil millones de pesos.
Normalmente, en la gestión de una empresa se establecen las bases
para cubrir estos pasivos a medida que se van presentando. Los sistemas
de creación de reservas para cubrir pasivos laborales se integran de
lleno a la administración financiera de una empresa. Existen reglas
para deducir del monto gravable el costo de obligaciones cubiertas
durante cada ejercicio fiscal y están previstas en la Ley del impuesto
sobre la renta (artículos 25 fracción 10 y 29).
En
el caso de Pemex y CFE, la construcción de fondos para cubrir estos
pasivos fue desatendida desde que se impuso la política neoliberal de
abuso y destrucción de la empresa pública. Pemex se convirtió en la
caja chica del gobierno y de manera sistemática fue operando con
pérdidas. Las reservas para enfrentar pasivos laborales fueron
abandonadas.
Hoy el gobierno se apoya en el esquema sindical clientelar y
corrupto para impulsar la privatización salvaje del sector energético.
Por eso propone, entre otras cosas, la conversión de los pasivos
laborales de Pemex y CFE en deuda pública.
Pero los pasivos laborales de Pemex y CFE no pueden ser convertidos
en deuda pública. La razón fundamental es que la deuda pública se
regula por la fracción 8 del artículo 73 constitucional que
explícitamente establece un principio rector fundamental: la deuda
pública sólo puede autorizarse
para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. El mismo precepto reconoce tres excepciones: cuando los empréstitos se realicen con propósitos de regulación monetaria, cuando se lleven a cabo operaciones de conversión de deuda y cuando se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república en los términos del artículo 29 de la Constitución (dicha declaratoria tendría que estar acompañada de la suspensión de garantías individuales). De entrada, ninguno de estos casos corresponde a la pretensión de convertir en deuda pública los pasivos laborales de Pemex y de CFE.
Al igual que los pagarés del Fobaproa, la conversión de estos
pasivos laborales a deuda pública tendrá efectos macroeconómicos
desastrosos. En la actualidad la política fiscal es un sistema de
exacción de recursos de personas físicas y empresas con el fin de
entregarlos al sistema financiero. El sistema de abuso se profundizará
porque la deuda pública se incrementará de un plumazo en un 30 por
ciento.
El aval de este proyecto por la aplanadora del PRI y del PAN
confirmará que el Congreso dejó de existir hace mucho. De ser testigo
de estas maniobras, Rabelais reinventaría a su personaje Panurgo, el
que se comía el trigo antes de la cosecha y presumía conocer
sesenta y tres formas de hacer dinero, de las que la más honorable era el robo.
Twitter: @anadaloficial
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