"Si el Fobaproa rondaba entre los 700 y 800 mil millones de pesos, que seguimos pagando, el pasivo laboral sumado de Pemex y CFE es superior al pasivo bancario, aún si se le agregara el rescate carretero, también de triste memoria", escribe la periodista.
(Foto: Pemex)
La periodista Carmen Aristegui escribió el viernes en el periódico Reforma sobre la propuesta para que el gobierno asuma una parte del pasivo laboral de Pemex y CFE. Aquí su artículo:
“El Pemexproa”
Por Carmen Aristegui
Periódico Reforma
Viernes 25 de julio, 2014
No había que poner mucha imaginación para pensar, de inmediato, en
la idea de “un Fobaproa petrolero y energético” cuando se dio a conocer
que el gobierno y el Congreso se aprestan a aprobar una propuesta para
convertir en deuda pública el inmenso pasivo laboral de Petróleos
Mexicanos y el de la Comisión Federal de Electricidad.
La evocación inmediata a lo que fue -y sigue siendo- el rescate con
dinero público más grande de la historia de México, realizado entre
1994 y 1995 durante la crisis del sistema financiero mexicano, es
inevitable dada la dimensión que supondrá, para México, convertir en
deuda pública las monstruosas cifras que cargan ambas paraestatales.
Si el Fobaproa rondaba entre los 700 y 800 mil millones de pesos,
que seguimos pagando, el pasivo laboral sumado de Pemex y CFE es
superior al pasivo bancario, aun si se le agregara el rescate
carretero, también de triste memoria.
Si el Fobaproa y su posterior conversión en IPAB y deuda pública
fueron los instrumentos utilizados para convertir los abusos, pésimos
manejos y quebrantos de la banca privatizada en la deuda que hoy todos
pagamos, lo que se vislumbra ahora no es muy distinto -en lo esencial-
a aquello. Tal como ocurrió con el Fobaproa veremos, también, el alto
impacto que tendrá en el diseño de los presupuestos nacionales de los
años por venir.
Ahora que toca el turno al ámbito laboral, no queda aún claro cómo
va a reaccionar el sindicato ante la condicionante que impondrá el
gobierno para hacer cambios a la estructura contractual del sector
energético en un plazo no mayor a un año, principalmente en lo que se
refiere a un sistema individualizado de pensiones y retiros,
diametralmente diferente al que ha prevalecido por años para sus
trabajadores.
Los sindicatos de Pemex y la CFE, hasta el momento, han ido
acompañando, pasivamente, al gobierno a lo largo de este proceso de
transformación radical en el modelo de exploración, producción,
transportación, refinación y de negocios que se ha impuesto a la
industria energética. Hoy se sabe que van incluidas en el plan
modificaciones a los contratos colectivos, a cambio de garantizar con
dinero público el inmenso pasivo laboral.
El tipo de relación que, históricamente, han sostenido estos
sindicatos con el gobierno y las múltiples prebendas y beneficios,
inconfesables, con sus dirigentes hacen improbable que reaccionen
negativamente -por lo menos en lo público- a lo que afectará
inevitablemente a sus actuales modelos contractuales.
El asunto camina implacable, como ha sido todo este proceso de
reformas constitucionales y secundarias promulgadas del año pasado a la
fecha.
Este viernes sesionarán las comisiones unidas de Presupuesto y
Energía de la Cámara de Diputados para dictaminar los cambios a la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General
de Deuda Pública, dentro de los cuales se incluye el controvertido tema
de los pasivos laborales de Pemex y la CFE.
Procesarán la iniciativa del PRI para que el gobierno absorba parte del inmenso pasivo.
Los cálculos que han hecho algunos legisladores sobre lo que
significaría una decisión de este tamaño son diversos. El diputado
panista y ex subdirector de Pemex, Juan Bueno Torio, habla de un
rescate que rondaría la cifra de los 700 mil millones de pesos y se
terminaría de pagar en unos 30 o 35 años.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD, al cuestionar que se
pretenda convertir en deuda pública “una serie de prebendas que durante
décadas el PRI ha concedido al sindicato petrolero y sanear
financieramente a Pemex para que las empresas transnacionales no
carguen con el pasivo laboral”, calculó entre un 25 o 30 por ciento el
incremento que, de golpe, sufriría la actual deuda pública nacional,
considerando que el actual pasivo laboral del sector petrolero asciende
a un billón 347 mil millones de pesos y el energético a 500 mil
millones de pesos.
El “Pemexproa”, como se le empieza a llamar a lo que ya está en
puerta, remueve la memoria de los mexicanos que recuerdan hoy aquellas
fechas en que fueron rescatados ahorradores, tenedores de bonos y un
puñado de vivales que se sirvieron con la cuchara grande. Si el
gobierno de Peña Nieto se enfila -como vemos- a liberar a Pemex, de un
plumazo, de su carga de pasivos laborales para dejar a Pemex libre de
eso frente a las trasnacionales, tendrá que explicar a los mexicanos de
qué manera piensa hacerlo, qué boquete abrirá en las finanzas
nacionales, qué plazos y planes tiene para subsanarlo, de dónde sacará
para hacerlo.
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