Crear
una cultura de derechos humanos implica un compromiso en la lucha por
transformar la realidad que nos toca vivir. Construir un periodismo de
derechos humanos necesariamente significa cuestionar todas las formas
de poder que hacen posible la violación de estos derechos. Desarrollar
una conciencia crítica entre la sociedad para el ejercicio de una
ciudadanía requiere defender el derecho a la libertad de expresión
desde donde nos encontremos. Asumir la tarea de comunicar e informar
con veracidad significa desafiar el poder establecido y comprender los
riesgos y los aportes que ello representa para una sociedad que ha
luchado por superar la injusticia social y la desigualdad económica, la
antidemocracia y la represión, para construir la justicia, la libertad,
la igualdad.
Durante 25 años, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos llevado a cabo una relación con periodistas que nos ha permitido valorar altamente el compromiso y la responsabilidad de quien se atreve a comunicar las violaciones a los derechos humanos de los diferentes sectores de la población. Por ello, consideramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser el marco ético del periodismo, como lo establece el manifiesto firmado por cientos de periodistas de diversas partes del mundo, donde establecen que el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente. Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones. Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser informado, y favorecen el desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos humanos. La independencia de los periodistas es vital para la sociedad y el periodismo es un servicio público a los ciudadanos que no puede estar sometido a intereses políticos o económicos particulares. ·La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y los periodistas no podrán ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados. (1)
Precisamente hoy, con el desarrollo de nuevas tecnologías, la defensa de los derechos humanos en internet es una necesidad ante las leyes que pretenden ampliar su control y dominación, de imposición de contenidos y de nuevas formas de censura y limitación a la libertad de expresión, por lo que periodistas de todo el mundo también han elaborado un Manifiesto en defensa de los derechos en internet, que fija en 10 puntos los aspectos principales que deben ser una prioridad: 1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. 2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. 3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico. 4.- La amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. 5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. 6.- Las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. 7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. 8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, ante cualquier presión que pueda producirse. 9.- Una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. 10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas.
Las palabras y sus significados: justicia y derechos humanos
Si los grandes medios de comunicación imponen los contenidos y estandarizan la información en todo el planeta, de acuerdo con los intereses de las grandes potencias, un periodismo de derechos humanos debe desnudar y poner en evidencia las mentiras y engaños que se pretende imponer como una verdad desde el poder. Si asumimos como punto de partida una perspectiva de derechos humanos, entendemos que, cuando en 1948 se firmó la Declaración original de la ONU, ésta combina los derechos económicos y políticos. Cuando las naciones capitalistas más importantes se resistieron a que los dos elementos se mezclaran, la declaración se dividió y las naciones que se oponían no firmaron la parte concerniente a los derechos económicos, que contenía declaraciones detallando los derechos de toda la humanidad a crear sindicatos, ganar un salario justo, tener vivienda, asistencia sanitaria, alimentos y educación. Washington y sus cohortes sabían que incluir estos derechos en una declaración de derechos humanos haría que el mundo que ellos esperaban ayudar a construir – el mundo en el que vivimos actualmente – fuera casi imposible. Al fin y al cabo, sin la mercantilización de los alimentos, la educación, la vivienda y la atención sanitaria ¿como lo haría el nexo financiero-corporativo para controlar el mundo como lo están haciendo?
Julie Wark ha escrito un manifiesto para la justicia. Titulado implemente Manifiesto de derechos humanos , su libro examina la Declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la compara con la situación actual: Queda claro con ello que hemos fracasado como especie. Si bien hay muchas culpas a repartir, desde los activistas que han abandonado la batalla hasta aquellos que se han convencido a sí mismos de que los actuales sistemas políticos y económicos pueden remediar las violaciones diarias de los derechos humanos, el grueso de la culpa recae en los grandes violadores de estos derechos. Es decir, los gobiernos, sus militares y agentes políticos y sus cohortes. (3) Sin embargo, se mida como se mida, en última instancia el violador es la economía capitalista en su forma actual: el neoliberalismo. Es un mito que el capitalismo neoliberal es una fuerza positiva para la humanidad. Los grandes medios de comunicación lo ocultan, al negar las causas, de las tragedias que cotidianamente exponen. Las crueldades y privaciones desatadas en nombre de la libertad empresarial y financiera, los miles de niños muriendo de hambre cada día; bosques, ríos y montañas devastados, esquilmados y destruidos por las máquinas arando bajo el futuro de nuestro planeta; declaraciones de guerra y destrucción de resistencias para garantizar la expansión continua del sistema capitalista que emana de los capitales financieros mundiales. Desde la perversión de las economías agrícolas locales y nacionales vía la manipulación corporativa de la producción a través de la mercantilización de los alimentos y los OGMs artificiales, hasta la apropiación de los fertilizantes y los alimentos vía sanciones, el derecho fundamental de la humanidad a no morir de hambre es denegado. Un periodismo de derechos humanos no puede quedarse en la descripción de los hechos, sino en la búsqueda de las causas que generan estas tragedias y desastres.
En una sociedad donde vivimos bajo una guerra permanente, no basta mostrar sólo el rostro de la barbarie, sino descubrir lo que significa de deshumanización de un sistema de poder que pervierte el significado de la palabra misma de derechos humanos. Hace ya algún tiempo que está claro para muchos que las intervenciones humanitarias suelen ser completamente otra cosa. ¿Cómo, si no, podría explicarse el aumento de muertes que se da con frecuencia después de la llegada, con sus armas automáticas, sus aviones de guerra y helicópteros de ataque, de las tropas supuestamente humanitarias? ¿De qué otra forma puede explicarse el hecho de que cuando la fase militar con la que empiezan dichas intervenciones se termina, las tropas extranjeras permanecen, imponiendo la voluntad de sus comanditarios políticos y empresariales desde su casa? ¿De qué otra forma se explica que en tantas de estas intervenciones la mayoría de los civiles que residen en dichos países todavía sienten sus vidas en peligro? La naturaleza de estas intervenciones y sus resultados no-humanitarios ha llevado a muchos a mofarse cuando las palabras “derechos humanos” aparecen como motivación. Este escepticismo le va muy bien a la dinámica de los invasores ya que deja a sus juegos de poder militar sin ningún desafío realmente significativo. En vez de definir estos derechos de forma que se considere más importante el derecho de comprar y vender que el de comer, hay que inspirarse en la comprensión de que los derechos humanos solo pueden ser derechos humanos cuando se aplican a toda la humanidad, no solo a aquellos de una cierta nación, de una cierta filosofía política o religiosa, y ciertamente no sólo a aquellos con propiedades y riqueza. De ahí que la discusión más interesante de quien tiene interés en un periodismo de derechos humanos es lo concerniente al lenguaje y su mala utilización y manipulación. La mala utilización de palabras como justicia y derechos humanos. No se trata solo de que su significado ha sido manipulado sino de que lo han vaciado de significado. Si las palabras que describen un fenómeno ya no tienen ningún significado absoluto, entonces el fenómeno se convierte en lo que deciden quienes detentan el poder. En este mundo la justicia se convierte en venganza y la guerra en intervención humanitaria.
Utilizar un lenguaje de respeto a las víctimas de derechos humanos implica hacer un esfuerzo de valorar plenamente el concepto de dignidad. Resulta verdaderamente ofensivo para las víctimas de feminicidio, por ejemplo, describir con profusión la forma en que fueron asesinadas y exhibirlas ante el morbo común, sin un mínimo de respeto ni de comprensión del dolor sufrido. En este, como en otros terrenos, es necesario tener presente el concepto desarrollado por Rysziard Kapuzcinsky: Los cínicos no tienen cabida en este oficia.
¿Por qué hablar de la congruencia? Porque en esta carrera larga, este maratón que significa el periodismo siempre hay tentaciones para los atajos. Para agradar antes que informar, para congraciarse antes que rebelarse. Los atajos ahora vienen disfrazados de blog, de facebook o de twitter. Para algunos periodistas, las redes sociales sirven de vitrina para despojarse del ropaje que utilizan en otros medios. Así un periodista o conductor radiofónico o televisivo, es uno en el micrófono, otro en su columna impresa, muy diferente en su tweet, desconocido en su blog y desinhibido en su facebook. Con cuál de ellos nos relacionamos, a quién leemos o escuchamos si las versiones de sus dichos son diferentes e incluso contradictorias. Quién es el que dispara propaganda, quién el que tunde al contrario por revancha personal, quién el que destila una noticia, quién el que rabia con la realidad que le es adversa. Abonar en la congruencia y en la ética y hacer un periodismo que desecha las tentaciones que impone el poder del silencio. Indagar sobre causas y hurgar en las raíces. Un periodismo que sabe ensuciarse en el campo para salir limpio en el papel. Que obtiene información tan cerca de los poderes, institucionales e informales, y que la publica tan lejos de ellos. Un periodismo que jerarquiza desde su mira y su ubicación. Obliga a la ubicuidad y la omnipresencia; la de los ojos de muchos y no de unos cuantos. La de los ojos de abajo que miran hacia arriba pero sobre todo mira hacia los lados, hacia los suyos. Esta guerra nos acostumbra a no preguntar. Preguntar no sólo es peligroso sino ha sido presentado como indebido. No preguntan las víctimas para no crecer su tragedia. No pregunta el periodista para no enlutar la redacción de su periódico. Indagar es obligatorio, recordemos la importancia de esa curiosidad y de esa duda. De preguntar en voz alta y responder con una y muchas voces. De pelear por ese derecho, que la gente sepa qué está pasando. (4)
Periodistas y defensores de los derechos humanos
Los periodistas y los defensores de los derechos humanos son actores clave en toda sociedad democrática. Un número alarmante de esas personas reciben amenazas y son privadas de la vida. 83 periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Los periodistas que informan sobre la delincuencia y los funcionarios públicos parecen ser los que mayores riesgos corren. Desde 2005, 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte. Muchas de las agresiones contra periodistas y defensores provienen de las autoridades. Ello, a pesar de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y las reformas constitucionales y legislativas por las que se otorgan facultades especiales a las autoridades federales para investigar, enjuiciar y juzgar los delitos cometidos contra periodistas. Esas disposiciones todavía no se aplican plenamente en la práctica. Como los amenazan con agresiones y represalias, muchos periodistas y defensores de los derechos humanos siguen autocensurándose, lo cual refuerza la impunidad y la desinformación. Es frecuente que las medidas cautelares en favor de los periodistas y los defensores de los derechos humanos se adopten con retraso, sean de alcance muy limitado o no se adecúen a los riesgos particulares a los que siguen expuestas estas personas. Se debería lograr que los periodistas y los defensores de derechos humanos participen plenamente en el Mecanismo creado por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la evaluación de los riesgos que corren y en la formulación de medidas preventivas. Sin embargo, o rganizaciones defensoras de los derechos humanos y de libertad de expresión, respaldamos la reciente decisión de los y las representantes de la sociedad y periodistas de retirarse de las sesiones de trabajo de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), al considerar que a casi dos años de la creación de este órgano, no ha sido capaz de salvaguardar al 100 % la integridad de las y los defensores y comunicadores mexicanos amenazados por su labor.
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
El Mecanismo es una instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), creado con facultades para “decretar, evaluar, suspender” y, de ser necesario, “modificar” las medidas preventivas y de protección que el Estado brinda a defensores y periodistas. Está conformado por tres órganos internos, siendo la Junta de Gobierno la máxima instancia para la toma de decisiones, motivo por el cual está integrada por funcionarios de gobierno e integrantes de la sociedad civil. Producto del rezago del 70% de los casos que llegan al Mecanismo, así como la falta de ejecución de 263.9 millones de pesos (20.3 millones de dólares) que no se han gastado desde su creación, las y los consejeros ciudadanos se retiraron de la Junta de Gobierno, hasta que se cumplieran varias condiciones para que activistas y periodistas en riesgo cuenten con medidas de apoyo, resguardo y seguridad. Este Mecanismo había recibido 152 solicitudes de protección, de las cuales 22 no fueron aceptadas y 130 se aceptaron. De estas últimas 41 solicitudes fueron atendidas y 89 continúan pendientes. En otras palabras, casi 70% de las solicitudes aceptadas no habían sido atendidas, lo que significa que un gran número de defensores y/o periodistas continúen en riesgo.
Las expectativas generadas por la creación del Mecanismo son proporcionales a la necesidad de protección para defensoras, defensores y periodistas, así como a la obligación del Estado de garantizar su seguridad. Sin embargo la realidad cotidiana de periodistas, defensoras y defensores, lejos de mejorar, continúa afectada por agresiones, hostigamientos, amenazas y asesinatos.
Muchos periodistas, defensoras y defensores efectivamente requieren y cuentan con medidas temporales de protección, pero éstas serán insuficientes en tanto no estén acompañadas de investigaciones sólidas y sanciones a las personas responsables de amenazas, hostigamientos y otras agresiones. El combate a la impunidad, la sanción y la reparación del daño son las mejores medidas de protección que el Estado puede dar a defensores, defensoras y periodistas.
Los peligros profesionales del periodismo
El secuestro de cuatro periodistas el pasado 26 julio desató una justificada ola de indignación en un país que de acuerdo con Reporteros sin Fronteras es el más peligroso para ejercer el periodismo. En el primer semestre de 2010 fueron asesinados 10 periodistas y 11 están desaparecidos.
El secuestro de Gómez Palacio representa el intento más dramático del crimen organizado por determinar la agenda noticiosa. Pero las presiones y las extorsiones vienen de tiempo atrás. Baste recordar los atentados a las instalaciones del periódico El Mañana en Nuevo Laredo, El Debate en Culiacán y Televisa en Monterrey.
Tan importante como garantizar la seguridad de los periodistas es garantizar la calidad de la información. Para el periodismo, defenderse del crimen también significa defenderse de la atracción noticiosa que suscita. La violencia siempre es espectacular.
En su escalada de terror, los cárteles quieren más espacio. La paradoja es que, en su inercia, los medios ya les han dado demasiado. En las notas del día predomina el registro necrológico; se levanta inventario de las bajas sin investigar quiénes eran. Víctor Núñez Jaime lo explicó así en Este País: "Todos comenzaron a recopilar balaceras y el número de ejecutados del día, haciendo a un lado el contexto y la explicación de los hechos".
Como forma de comunicación, el terrorismo elimina a todas las demás. Quien comete un atentado no concibe otra noticia que el fuego. El narco quiere más espacio. Lo preocupante es que ya tiene demasiado. ¿Cómo llegamos a este entrampamiento? Sin seguir un burdo dictado, como el que se pretendía imponer en Gómez Palacio, los medios han ido a remolque del crimen, siguiendo rastros de sangre como las migas de pan en el bosque de los monstruos. El crimen organizado golpea dos veces, primero en el mundo de los hechos y luego en su representación en los medios. De manera indiscriminada vemos decapitaciones, mutilaciones, narcomensajes. Los periódicos llevan el marcador de fallecidos como si se tratara de deporte mientras los niños de Ciudad Juárez se acostumbran a jugar entre cadáveres (según documentó Judith Torrea para la agencia DPA). La sobreexposición a la violencia puede llevar a dos reacciones extremas: la paranoia que inmoviliza o la banalización que desacredita el mal. Ambas son igualmente nocivas.
El derecho a la información es el principio rector del periodismo. No se trata de censurar ni de maquillar los sucesos. Tampoco se trata de mejorarlos con elogios. Debemos discernir qué se publica. La fotografía de un decapitado, sin más contexto que el horror, no es información. Reproducir los mensajes de las narcomantas sin un discurso oponente no es informar sino ser vehículo de la transgresión. La realidad del periodismo no está en lo que llamamos "realidad". Como el fotógrafo, el periodista selecciona, enfoca, discrimina. Sin apartarse de la verdad, la reconstruye con sus propios medios para que resulte convincente y entendible. El reportaje no es un espejo que refleja datos, es el relato que los hace comprensibles.
De las acepciones que el diccionario de la RAE ofrece para la voz "información", la que más importa en este caso es la siguiente: "Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada". Un dato sin contexto no es información, una foto aislada del horror tampoco lo es. Los medios están plagados de hechos sanguinarios que no amplían ni precisan conocimiento alguno. El crimen organizado usa la violencia como un lenguaje. En su gramática del miedo es posible distinguir autorías: un cártel "encobija", otro "encajuela", otro practica la "corbata colombiana".
Exhibir estos crímenes es una cobertura insuficiente.
En la mayoría de las noticias los protagonistas son los asesinos. Sabemos muy poco de las víctimas. Con excepciones se ignora quiénes son los muertos. Contar los sucesos desde la perspectiva de los caídos es un hecho de sanación colectiva (honrar la pérdida a través de la memoria), pero también de ética periodística (realzar la importancia de la víctima por encima del verdugo). En el vértigo de la violencia se ha impuesto el momento presente: la masacre de hoy sustituye a la de ayer. Incluso el lenguaje ha sido herido de muerte. Con la mayor naturalidad, los conductores de radio y televisión dicen que alguien fue "levantado". El eufemismo para el secuestro creado por el crimen se convierte así en palabra autorizada.
La solución no estriba en censurar los datos sino en transformarlos en información, en entendimiento de la realidad. Resistir el embate criminal contra los medios implica no seguir su lógica. La sangre derramada no es noticia. La noticia es la vida que se pierde con la sangre. (Luis Villoro)
Cuando las y los periodistas son noticia, es señal de que algo anda mal.
Para exigir un alto a la impunidad y a las agresiones en su contra, los periodistas mexicanos se han movilizado en diversos momentos. Inspirada por el lema Los Queremos Vivos, que acompañó la demanda de liberación de cuatro periodistas secuestrados el pasado 26 de julio, la manifestación partió del Ángel de la Independencia, ubicado en avenida Reforma, en el centro del Distrito Federal, a la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, pues se trata de la entidad responsable de la gobernabilidad en el país y de garantizar las condiciones de libertad de expresión y derecho a la información.
Allí los periodistas demandaron, simbólicamente, respeto, seguridad y garantías para el cumplimiento de su labor, intervención inmediata de las autoridades de todos los órdenes de gobierno en los casos de agresiones, asesinatos y desapariciones pendientes de su esclarecimiento, justicia para las víctimas, la puesta en marcha de medidas de protección urgentes para los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo y responsabilidad compartida con las empresas de medios para el diseño de protocolos de seguridad.
Una semana antes, los periodistas mexicanos demandábamos la liberación de cuatro compañeros secuestrados en Gómez Palacio, Durango, bajo lema: Los queremos vivos (#losqueremosvivos). Y vivos devolvieron a Héctor Gordoa, Javier Canales, Alejandro Hernández y Oscar Solís. Sin embargo, el mismo jueves que el primero de ellos fue liberado, en Zacatecas a otro compañero lo sacaron de su casa, secuestrado, y a la fecha nada sabemos de él. Su nombre es Ulises González García, director del semanario La Opinión, de la ciudad de Jerez.
La investigación de ese caso, dicen las autoridades de Zacatecas, está en curso. Abierta. Así como los cientos de agresiones y las decenas de asesinatos y desapariciones que se acumulan en los archivos de las procuradurías estatales y en la Fiscalía federal para Delitos contra Periodistas. Mientras la violencia cobra factura a los trabajadores de los medios, en el Congreso de la Unión sigue pendiente la votación definitiva para la federalización de los delitos contra periodistas, detenidos los trabajos en Comisión de Seguimiento en la materia que se creó en 2008 en la Cámara Diputados y la propuesta de un mecanismo de protección a periodistas en riesgo.
Así, desprovistos de cualquier tipo de seguridad, los reporteros, fotorreporteros, camarógrafos, entre otros trabajadores de los medios de comunicación, siguen cumpliendo con su labor, acatando la orden de trabajo aun cuando signifique riesgo para su persona.
Hasta ahora, los periodistas han asumido en silencio el duelo de sus víctimas, pero la gravedad de los acontecimientos recientes, sus implicaciones para el periodismo y todavía más para los ciudadanos, nos animan a salir a la calle para demandar protección y responsabilidad compartida. Todos estamos obligados a aportar soluciones, desde la posición que corresponde: como autoridad, como propietario o concesionario de un medio, como directivo, columnista, articulista, editoralista y, por supuesto, como periodistas todos.
Así conviene frente a la amenaza de silencio, y ya no sólo violencia, que se extiende en amplias zonas del país, a causa de las agresiones, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones de compañeros de los estados, principalmente.
Porque está en riesgo tu derecho a saber y mi derecho a informar, los periodistas invitaron a todos los trabajadores de medios y a los ciudadanos, en general, a acompañar esta protesta simbólica para exigir la intervención inmediata de todos los responsables de garantizar la seguridad de los periodistas, el derecho a la información y la libertad de expresión.
México un país de alto riesgo para el periodismo.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y las medidas adoptadas por el Estado resultan insuficientes para contrarrestar este serio problema. Es así que la inseguridad para periodistas en México ha aumentado y la respuesta estatal ha dado pocos y pobres resultados, además de carecer de una visión integral, que reconozca los impactos diferenciados en mujeres y hombres.
Ante la falta de una respuesta eficaz del Estado, urge colocar en la agenda pública el objetivo de garantizar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México. Entre estos temas destacan: la exigencia de que el Estado combata la impunidad, mediante la asignación de los recursos y competencias adecuadas a la Fiscalía Especial y la federalización de delitos contra la libertad de expresión; impulsar la efectiva implementación de las recomendaciones emitidas en los últimos años por los organismos internacionales de derechos humanos, tales como las que emanaron de la reciente visita oficial conjunta de las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU); promover la creación de un mecanismo nacional especializado en protección para periodistas; pugnar por una legislación que garantice la pluralidad y diversidad en los medios de comunicación audiovisual; impulsar la incorporación de una visión transversal de género en el desarrollo de políticas de prevención, atención y protección a periodistas; y apoyar nuevas iniciativas dedicadas a protección.
Sin embargo, y ante la falta de garantías para asegurar el libre flujo de información, tanto las propias organizaciones de periodistas y de libertad de expresión como los medios de comunicación y los y las periodistas promuevan y adopten medidas alternativas de protección. Esto incluye tomar consciencia del contexto y del riesgo para el ejercicio periodístico; adoptar las medidas preventivas adecuadas para la cobertura en zonas de riesgo; promover acciones de capacitación a periodistas y medios de comunicación para mejorar la calidad del ejercicio periodístico, y considerar el apoyo profesional y psicológico que en su caso requieran las víctimas de agresiones. Esto último no exime a las autoridades de cumplir con sus responsabilidades. Así mismo, las organizaciones de periodistas y de libertad de expresión deben tomar medidas que promuevan y sostengan procesos para garantizar a periodistas y medios de comunicación, incluyendo a medios comunitarios, el derecho a ejercer su labor, con el apoyo de la academia y la ciudadanía.
El periodismo que parte desde la comunidad, los agraviados, los que poseen información es el que permite sin duda describir lo que pasa en el país. Por ello el periodismo que atiende a los fenómenos sociales, de la pobreza y la marginación, ha topado de frente con el fenómeno delincuencial. Porque ésa es la región fracturada. No quiere decir que ahí sea su origen. El narcotráfico y sus hordas no son sinónimo de pobreza. El narcotráfico no es una enfermedad de los desahuciados sociales ni la consecuencia lógica de los desamparados.
A los muertos de ahora ya no se les guarda respeto. Son números en el recuento de la guerra no pedida, son vergüenza porque nadie quiere ser estigmatizado ni vivo ni muerto como delincuente, como narco, como sicario, como villano. Ni tiempo de llorar, ni tiempo de despedir porque hay que esconder a la familia para que no la tomen como cómplice. Si el muerto era un muchacho, seguro era pandillero; si era policía o soldado, seguro era un infiltrado; si era ciudadano o ciudadana de calle qué hacía caminando por el lugar de los hechos. Estudiantes de excelencia exhibidos como sicarios; vendedores de tortillas convertidos en pistoleros; albañiles tratados como peligrosos malandrines. Cuerpos rotos, almas despedazadas, hileras interminables de familiares solicitando informes en las ventanillas de la desgracia. ojos llorosos obligados a reconocer una mano, una cabeza, una cicatriz, un indicio, una seña.
Ya no hay dignidad ni para morir. Los discursos oficiales son rosarios y las condolencias sustituyen al castigo demandado contra los responsables. Y a los detenidos, muchos jueces les regresan la oportunidad de seguir matando. Hacer hablar a los protagonistas en medio de la desesperanza es bastante. Hacerlo donde ronda el silencio impuesto a ráfagas de plomo tiene un mayor mérito. Describirlo y saberlo contar, narrar este fin de época es una gran aportación periodística y un enorme compromiso humano, en un país que ha ido dejando en la cuneta eso: lo humano.
Las respuestas organizadas en defensa de la libertad de expresión y el derecho a informar.
Los ciudadanos se preguntan ¿qué hacen los periodistas tomando las calles? ¿Por qué se concentran en el Ángel de la Independencia, en esta plaza y en una veintena de ciudades del país? Les parece raro que hoy no estamos con libreta, cámara o grabadora persiguiendo las noticias que hoy somos los protagonistas de las noticias. Pues hoy no vinimos a cubrir una manifestación, hoy vinimos a manifestarnos.
Y sabemos que algo está podrido en una sociedad donde quienes deben dar la noticia se convierten en la noticia. Desde el sexenio pasado no hemos dejado de ser noticia y hoy volvimos a serlo. El martes 5 de febrero amanecimos con la angustiante noticia de que nuestro colega el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, Goyo para sus amigos, había sido secuestrado en su domicilio de Villa de Allende, Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Su desaparición provocó la movilización de sus compañeros que no dejaron ni un día de manifestarse. Además, miles de colegas en todo el país y en el extranjero hicieron suya una misma exigencia: “Queremos vivo a Goyo, queremos vivo a Goyo”. No sirvió de nada. Una semana después, el pasado día 11, Goyo encontrado en una fosa del municipio de Las Choapas. Estaba decapitado, su cuerpo mostraba las huellas de la torturas.
Con Gregorio el gobierno de Javier Duarte se sacó un diez. Completó diez periodistas asesinados en Veracruz desde diciembre de 2010, cuando asumió la gubernatura, y cuatro desaparecidos. A la suma nefasta agregamos a decenas de reporteros que han tenido que salir huyendo de ese estado para salvar su vida y hoy se buscan la vida como pueden en otras ciudades de México o en el extranjero. Pero Veracruz no es caso aislado. Entre julio de 2000 a febrero de 2014, 87 trabajadores de la comunicación fueron asesinados en el país y otros 20 están desaparecidos. En México existe una cacería de periodistas. En México la información molesta e informar se paga con la muerte.
Cada vez es más difícil saber los intereses que nuestra información lastima. Hacer periodismo es caminar sobre terrenos minados. Los silenciadores tienen muchos rostros. Pueden ser gobernantes en turno, autoridades, policías, miembros del crimen organizado, empresarios o los poderes fácticos. Los silenciadores pueden callar a cualquiera porque saben que nunca recibirán castigo. Estamos aquí también para defender el derecho de los ciudadanos a estar informados. Porque cada vez que se intimida, acosa, hostiga, desaparece o asesina a un periodista se pierde a un vocero de la realidad. La sociedad va perdiendo sus ojos, sus oídos, su boca. Con cada ataque a los periodistas, se pretende cegar y amordazar a la sociedad.
Morelos y las agresiones a periodistas.
EN MORELOS las intimidaciones van de menos a más en lo que va de esta administración. Primero policías intimidando al compañero David Monrroy para impedir que documentara un operativo el 2 de Octubre. Después agresiones a reporteros gráficos durante un desalojo de manifestantes del Texcal. Amenazas de muerte al compañero Goevanni Barrios por investigar actos de corrupción, y claros ejemplos, muy claros, de intentar callar a esas voces críticas.
Lo más reciente y preocupante, mujeres periodistas de la zona sur de Morelos, fueron amenazadas de muerte por la cobertura que hacen del conflicto social, político y organizaciones delictivas que vive el municipio de Amacuzac.
Amacuzac, vive una crisis donde el edil Noé Reynoso del PVEM y el legislador de ese distrito del Partido del Trabajo, Alfonso Miranda, se acusan mutuamente de corrupción y de vínculos con el crimen organizado. Las amenazas contra nuestras compañeras han escalado. Las primeras ocurrieron hace tres años cuando el actual diputado, era alcalde de Amacuzac. Hace unas semanas, ante el recrudecimiento del conflicto, comenzaron las llamadas telefónicas para amedrentarlas e inhibir su libre ejercicio. Hace un par de días llegaron al grado máximo, públicamente fueron amenazadas de muerte por personas identificadas con los actores políticos en conflicto.
Porque no queremos enterrar más Gregorios, más Reginas, más Armandos.
Porque amamos la vida y nos queremos vivos y libres, y porque defendemos la democracia, por ello, hoy exigimos:
1) Que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garantice las condiciones para el ejercicio de la libre expresión en México, y que instrumente una estrategia especial para proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país, empezando por Veracruz.
2.- A la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que amplíe y profundice las investigaciones relacionadas con el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, y que solicite la incompetencia del juez para que el caso sea asumido por un juez federal.
3) Al gobierno de Veracruz le exigimos que:
3.1 Se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez.
3.2 Cesen las presiones a los medios de comunicación, y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal.
4) Al gobierno de Morelos
4.1 Demandamos al Poder Ejecutivo y las partes en conflicto, al alcalde, Noé Reynoso Nava, y el diputado Alfonso Miranda Gallegos, que tomen las medidas necesarias y posibles para frenar las amenazas contra reporteros y reporteras de la zona sur.
Hay que recalcar que ellas no han sido, ni son parte del conflicto, únicamente cumplen con el deber de informar a las sociedad, qué pasa en sus comunidades. No queremos de ninguna manera que esta región se convierta en una zona de silencio a base de amenazas y de poner en riesgo la vida de quienes realizan una labor informativa.
4.2 Solicitamos al Mecanismo de Protección a Periodistas del Estado de Morelos, intervenir de oficio y otorgar medidas cautelares a favor de las reporteras en riesgo de ser atacadas. 4.3 Pedimos a los legisladores locales crear leyes efectivas que protejan el libre ejercicio profesional de manera integral a través de audiencias legislativas donde participe el gremio periodístico de todo el estado y que el mecanismo local que existe en Morelos sea integrado, pero mientras esto ocurre, juzgamos necesario que el mecanismo existente tenga un reglamento.
4. 4 Pedimos la intervención la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de ser necesario la Nacional. 5.5. Existe un mecanismo local, pensamos necesario elevarlo a ley con las modificaciones obligadas para su perfeccionamiento.
A LOS CIUDADANOS LES DECIMOS:
Nuestra vocación es informar. No nos interesa ser protagonistas de la noticia. Sin embargo no dudaremos en salir a las calles cada vez que se agreda a nuestros compañeros. Estamos aquí para defender nuestra integridad, pero sobre todo para exigir que se respete el derecho de todos los ciudadanos a estar informados.
El peligro está a la vista: los corruptos, los criminales, los cómplices del terror celebran con cada periodista asesinado, con cada voz silenciada en impunidad.
Si callamos los periodistas, no habrá nadie que documente la corrupción y los delitos de los poderosos. Sin el derecho a la información no construiremos una verdadera democracia.
Que lo entiendan de una vez todos aquellos que esperan nuestro silencio: NO NOS VAMOS A CALLAR. Seguiremos siendo los ojos, los oídos, la conciencia crítica de este país ensangrentado. Con esa determinación daremos seguimiento puntual a nuestras demandas y denunciaremos a las autoridades que no sean capaces de llevar a cabo su encomienda.
Queremos respeto. NO queremos tener que volver a gritar ¡PRENSA, NO DISPAREN!
Los reporteros integrantes en el Mecanismo de Protección a Periodistas del Estado de Morelos, hemos mostrado disponibilidad para cumplir en todo momento los acuerdos firmados con las autoridades de Morelos, desde octubre del 2012; con el ánimo de que este instrumento sea eficaz en la protección de la libre expresión y el libre ejercicio periodístico.
Sin embargo, a pesar de la flexibilidad mostrada, comprensión y colaboración, la respuesta de la parte oficia ha sido lenta y burocrática, lo que ha obstruido la aplicación eficaz de las medidas ordenadas cuando periodistas han solicitado la activación del protocolo de seguridad.
México es catalogado por el Comité de Protección a los Periodistas de Nueva York como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Derivado de ello, de manera independiente y a través de las vías institucionales, las y los periodistas han buscado mecanismos de autoprotección y hacer valer los derechos a la libertad de profesión, de expresión y acceso a la información consagrado en la Constitución federal, leyes secundarias y tratados internacionales Es de dominio público que los ataques contra periodistas en México han aumentado, en el 2012 se registraron 207 agresiones contra periodistas, 20 por ciento más que en el 2011; de acuerdo con la organización Artículo 19, de enero a septiembre de 2013 se han reportado 225 agresiones, cuya estadística incluye algunos casos de compañeros de Morelos.
El Informe Diagnóstico Violencia contra Mujeres Periodistas México 2010-2011 elaborado por Comunicación e Información de la Mujer registró más 90 casos, tres de los cuales fueron de compañeras de Morelos.
La Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició siete quejas por agresiones contra compañeras y compañeros periodistas.
En la recomendación General 20/2013 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se documentaron tres casos de periodistas agredidos.
La coincidencia entre los organismos de derechos humanos y agrupaciones civiles, es que la mayor parte de los actos de agresión contra los periodistas son cometidos por funcionarios públicos. En los últimos meses han ocurrido en el estado varios incidentes que han puesto en riesgo no sólo la integridad física de los periodistas sino que han atentado contra sus instrumentos de trabajo, el derecho de la libertad de expresión, el de acceso a la información, el derecho a la procuración e impartición de justicia.
Incluso compañeros han solicitado de manera directa a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, su intervención y han expuesto de manera puntual, situaciones de maltrato, obstrucción a su ejercicio profesional, y han exigido respeto a su labor informativa. No obstante, tampoco han sido atendidos sus razonamientos.
A los reporteros integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas, lo que más preocupa es que los principales agresores sean elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública y de algunos municipios, sin que hasta ahora las autoridades hayan implementado medidas efectivas para frenar este tipo de ataques.
La agresión a varios compañeros ocurrida el pasado 26 de septiembre durante un operativo de desalojo de la reserva de El Texcal, es uno de los ejemplos más recientes no sólo de violencia sino de impunidad.
Ante esta situación creemos necesario hacer del conocimiento a la comunidad periodística y a la opinión pública, lo siguiente:
1.- Reprobamos las agresiones e intimidaciones de algunos servidores públicos del gobierno del estado de Morelos contra periodistas, y señalamos especialmente a policías preventivos estatales y municipales.
2.- Instamos a la secretaría de Seguridad Pública del estado, Alicia Vázquez Luna, ordene a sus subalternos respetar el ejercicio periodístico y el cese de las agresiones contra algunos comunicadores, porque como lo cita la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU "el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas".
3.- Planteamos al gobierno del estado revisar las medidas adoptadas en materia de comunicación política porque su práctica genera vacíos de información en aspectos de seguridad y justicia, con lo que se coloca a los periodistas en un estado de vulnerabilidad, toda vez que la opacidad informativa en los rubros citados violentan los derechos a la información y a ser informado.
4.- Pedimos a las autoridades aplicar, difundir y respetar el Mecanismo de Protección de los Periodistas, porque lo contrario equivale a fomentar su incumplimiento por parte de los servidores públicos en general, y atenta contra el carácter legal que se adjudicó desde su origen, en octubre pasado de 2012. Se debe precisar que este convenio fue firmado por los representantes del Poder Ejecutivo, Procuraduría General de Justicia y la Secretaria de Seguridad Pública, cuya aceptación los obliga a ceñirse al respeto irrestricto de este Mecanismo.
6.- Convocamos al gobierno del estado diseñar y poner en práctica una campaña de difusión en los espacios pagados con recursos públicos, sobre el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico para salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados. La campaña debe considerar foros bilaterales con los servidores públicos del gobierno del estado y los municipios, para que conozcan la esencia del Mecanismo de Protección de Morelos y las consecuencias de su incumplimiento.
En Morelos la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho a estar bien informado –consagrados en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos- están más amenazados que nunca.
En lo que va de este sexenio las intimidaciones, agresiones físicas y amenazas por parte de funcionarios y servidores públicos en contra de periodistas se han agudizado. Y desde hace meses se mantienen la alerta encendida en las zonas Sur y Metropolitana donde hay amenazas de muerte provenientes de personas vinculadas con la delincuencia organizada.
Los reporteros, reporteras y reporteros gráficos aquí presentes consideramos que este 7 de junio no habrá nada que celebrar.
No hay libertad de expresión, sólo hay simulación y existe censura, provocada en algunos casos por la intolerancia de los funcionarios públicos que ha exigido remover de fuentes y hasta el despido de los trabajadores de los medios de comunicación.
También denunciamos la existencia de un grupo de comunicadores “serviciales” que por años se han encargado de simular una convivencia y cordialidad gremial con los Poderes del estado.
Invisibilizando la realidad que enfrentamos los reporteros de a pie, los riesgos, abusos y violencia institucional a la que estamos expuestos.
Estamos cansados que de que dichos comunicadores se ostenten como representantes del gremio morelense, porque en sus prioridades no figura el interés legitimo de quienes hacemos coberturas sociales o de alto riesgo. Ellos han utilizado la profesión para beneficio personal denigrando la labor periodística.
Por ello, desconocemos todo acuerdo, negociación y proyectos que se impulsen estas personas a nombre de los periodistas de Morelos, como la Iniciativa de Ley de Desarrollo y Protección Social para los Periodistas de Morelos.
Colectivamente nos sentimos indignados con lo ocurrido con el Premio al Merito Periodístico, el cual con el paso de los años se ha demeritando al grado de perder todo valor académico y credibilidad. En esta ocasión por el jurado calificador.
Aclaramos que no demeritamos el esfuerzo y la calidad de los trabajos periodísticos algunos de los compañeros ganadores.
De tal forma convocamos al gremio de la entidad a la creación de un Premio Independiente donde participen académicos, personas honorables, reconocidas y capacitadas para evaluar los trabajos.
Alertamos a la ciudadanía de que todos los factores mencionados están a punto de convertir a Morelos en una zona de silencio y creemos importante recobrar la dignificación del periodismo y el valor histórico de esta profesión.
Por eso pedimos a la sociedad en general, a los Facebookeros, Tuiteros y blogueros que se sumen a la campaña por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información que mañana 6 de junio iniciaremos en redes sociales desde la Zona Sur.
Compartiremos una serie de postales alusivas a los intentos de censura, acompañados con los siguientes hashtag # PrensaMorelos , # YoRepo
Para que juntos ciudadanía y sus reporteros dejemos claro a que quienes quieren silenciarnos que ¡no nos vamos a callar!
Todos gritamos: ¡no nos vamos a callar!
Defender la libertad de expresión es vital en un periodismo de derechos humanos.
Es peligroso que en nuestro país la libertad de expresión esté entrando a una zona de crisis porque es la advertencia de que los demás derechos están a punto de ser conculcados y, de esta forma, se está empujando a México a un estado fallido, a una crisis institucional, a una descomposición política que tiene implicaciones graves en el conjunto de la sociedad.
Por este motivo, es una obligación defender la libertad de expresión. No queremos que nos ocurra como aquel fragmento atribuido al poeta alemán Bertold Bretch pero original del pastor protestante Martin Niemoeller que decía así: "Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí".
Empero, para hablar de libertad de expresión se debe ser riguroso también con algunos periodistas y medios que en ocasiones abusan y se convierten en sicarios periodísticos al servicio del poder político o tienen mucho valor para tornarse en defensores de gobernadores y ex gobernadores que han abusado del poder.
Los medios y periodistas debemos ayudar a construir un sistema democrático y estar bajo el escrutinio público; no podemos pedir prebendas y canonjías mientras nosotros no cumplamos con ese papel que tenemos asignado. Los periodistas no somos un cuarto poder, somos un contrapoder y debemos ser unos centinelas de la nación, denunciando siempre los abusos del poder o irregularidades que se cometan, en aras de la democracia.
El papel del periodismo debe ser al servicio de la sociedad, ya que su esencia es la de ser una contraloría social para frenar precisamente los abusos del poder político.
La libertad de expresión es la llave que abre el ejercicio concurrente de todos los demás derechos; si un ser humano no tiene la libertad de pensar y expresarse, tiene perdidos todos los demás derechos. Es a partir de la capacidad de ejercer la libertad de pensamiento, una libertad de expresión, como los seres humanos pueden articular un catálogo de demandas culturales, económicas, sociales, religiosas, etc., y hasta el infinito.
Es conveniente recordar que la libertad de expresión está pasando a ser el termómetro que permite ir calculando la distancia o el funcionamiento eficiente del estado o la aparición de instituciones deficientes que conduce tarde o temprano al estado fallido, a la crisis institucional del régimen político de dominación capitalista, que genera el peligro de que otros derechos fundamentales pronto serán conculcados, por lo que la defensa de la libertad de expresión es una defensa de los intereses vitales de la colectividad nacional, cuya personalidad jurídica somos todos y se llama Estado mexicano.
Por todo ello es necesario concluir con un llamado a unirse en una lucha para proteger la libertad de expresión y hacer de ésta una práctica cotidiana que poco a poco permee en la comunidad, ya que es un deber ético del periodista brindar información veraz, exacta, equilibrada y completa, que permita a los habitantes tener la información a plenitud y poder ejercer su ciudadanía, que es base del funcionamiento de una democracia.
Notas:
1.- Manifiesto publicado en Periodismo de Paz. http://www.
2.- TODAS LAS ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA SE SUMAN AL MANIFIESTO PERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS Publicado por Cartas a la Redacción el 15 Marzo 2009 en Sociopolítica | Coment
3.- Manifiesto de los derechos humanos. Un panfleto revolucionario, de Ron Jacobs en SinPermiso el 6 enero, 2014 . Ron Jacobs es el autor de la reciente novela All the Sinners, Saints . También es el autor de The Way the Wind Blew: a History of the Weather Underground href=”http://www.
4.- Palabras de Roberto Zamarripa en la presentación del libro Fuego Cruzado. 22 de marzo de 2011. Presentación en Palacio de Minería Libro Fuego Cruzado.
José Martínez Cruz
Coordinador de Comunicación de la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos A.C.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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