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Esto
se debe a que la legislación secundaria en esta materia —aprobada por
el Senado y todavía en discusión en la Cámara de Diputados— plantea
medidas relacionadas directamente con los consumidores, como abrir el
camino a que existan más gasolineras además de las de Petróleos
Mexicanos (Pemex); liberar los precios de la gasolina, el diesel y el
gas, y permitir que particulares suministren energía eléctrica, entre
otros puntos.
Las posibles consecuencias de estos cambios
generan polémica entre partidarios y opositores de la reforma: por un
lado, el gobierno federal, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) sostienen que la apertura del
sector energético a la iniciativa privada traerá competencia y, con
ello, mejores precios y servicios; por el otro, los partidos de
izquierda argumentan que estas ventajas no están garantizadas, porque
las reglas del mercado tienden a la búsqueda de ganancias, no del
beneficio social.
Mientras estos temas se debaten aún en el
Congreso de la Unión —un proceso que se prevé se extienda hasta los
primeros días de agosto—, aquí te presentamos los puntos que, de
concretarse, tendrán un impacto en los consumidores.
1. Más gasolineras
La
nueva Ley de Hidrocarburos —una de las 21 normas que conforman la
legislación secundaria de la reforma constitucional— plantea que el
gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
pueda otorgar permisos para que particulares vendan gasolina y diesel a
partir del 1 de enero de 2016.
Esto significa que los
consumidores tendrían más opciones para adquirir esos combustibles,
además de las gasolineras de Pemex. Estos nuevos expendios tendrían que
operar bajo los lineamientos que defina la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, cuya creación está incluida en el paquete legislativo
que analizan las cámaras.
2. Combustibles importados
Otro
cambio consiste en que a partir del 1 de enero de 2017 o antes, "si las
condiciones de mercado lo permiten", los particulares puedan importar
gasolina y diesel por su cuenta. Hasta entonces, las nuevas gasolineras
únicamente podrían comercializar los productos importados por Pemex.
3. Nuevos precios
La misma Ley de Hidrocarburos establece cambios a la forma en que se fijan los precios de la gasolina y el diesel.
Desde
que la legislación entrase en vigor hasta que termine 2014, la
definición de los precios se mantendría sin modificaciones, es decir,
bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Posteriormente,
del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, los precios máximos
los determinaría el gobierno federal mediante un mecanismo conocido
como "acuerdo", el cual implica que las autoridades tomen en cuenta
cómo varían los costos de transporte en las distintas regiones del
país, así como las modalidades de distribución y expendio.
"Asimismo,
la política de precios máximos al público que se emita deberá prever
ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y,
en caso de que los precios internacionales de estos combustibles
experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo federal preverá mecanismos
de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados
precios, de manera consistente con la evolución del mercado
internacional", señala el proyecto de ley.
Finalmente, a partir
del 1 de enero de 2018, los precios se determinarían por las reglas del
mercado: oferta y demanda. Al respecto, los partidarios de la reforma
energética dicen que esto permitiría que sean más bajos que los
actuales, mientras los opositores consideran que puedan dispararse.
4. El precio del gas LP
Otro
punto de la Ley de Hidrocarburos consiste en liberar el precio del gas
licuado de petróleo o LP a partir del 1 de enero de 2017 o incluso
antes.
Previo a esto, el precio se fijaría en el gobierno
federal mediante el referido mecanismo del acuerdo, es decir, tomando
en cuenta factores locales y un eventual cambio en los precios
internacionales.
En México, alrededor del 63% del consumo de gas
LP corresponde a hogares, seguido de los sectores servicios (14%),
autotransporte (11%) e industrial (9%), según datos de la Secretaría de
Energía (Sener).
5. Subsidios
A partir
de que la legislación secundaria entrase en vigor, el gobierno federal
tendría un periodo de poco más de dos años —con vigencia al 31 de
diciembre de 2016— para diseñar un programa de subsidios a la venta del
gas LP, centrado en las zonas rurales y urbanas marginadas.
Para
los promotores de la reforma energética, esta medida tiene el propósito
de asegurar que los sectores más necesitados tengan acceso a este
combustible a precios accesibles.
6. Tarifas eléctricas
Si
las leyes que se discuten entran en vigor, por el momento se
mantendrían los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, que
actualmente van de 42% a 58% según el tipo de consumo (doméstico,
comercial, de servicios, agrícola o industrial).
En el Senado,
el PRI y el PAN plantearon eliminar los subsidios generalizados. Al
final desistieron de ese cambio, pero insistieron en la necesidad de
que los apoyos sean focalizados, esto es, centrados en los sectores de
menores ingresos.
Sobre las tarifas, la nueva Ley de la
Industria Eléctrica establece que éstas se encuentren reguladas
mediante los criterios que fije la CRE.
7. Proveedores
La
ley también estipula que este órgano regulador pueda otorgar permisos
para que particulares suministren electricidad, en lugar de que sólo lo
haga la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para el PRI y el
PAN, el hecho de que más empresas puedan entrar al mercado generará
competencia y derivará en tarifas más bajas. Sin embargo, la izquierda
afirma que puede presentarse el escenario opuesto y que se eleven los
precios para los consumidores.
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