No hay duda que la reforma es una apuesta abusiva a la paciencia social, pues coloca afectaciones graves al derecho de propiedad.
El Senado de la República aprobó por amplia mayoría el grueso de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. Además de altamente riesgosa para nuestra seguridad energética, es una reforma abusiva, impuesta bajo la dinámica del atropello y la propaganda oficial que oculta lo medular de múltiples afectaciones que vendrán, pero ofrece bajar las tarifas de gasolina, gas y luz eléctrica, sin decir cuándo, ni cómo. De entrada, la abultada oferta que hacen los peones de las grandes compañías trasnacionales, se ve seriamente limitada: ¿cómo puede ofrecerse disminuir precios y tarifas de los productos y servicios energéticos, al mismo tiempo que se planea eliminar los subsidios?
Si a las cosas se les llamara por su nombre, se trata más bien de una reforma petrolera, en un proceso legislativo desaseado, que tiene como objetivo conseguir ingresos para el Estado, bajo un nuevo modelo de apertura económica total del sector a inversionistas extranjeros mediante contratos y licencias que carecen de mecanismos de transparencia y protección para la Nación, con quienes se compartirá la renta de la explotación de los hidrocarburos, sin plazos, ni límites al porcentaje de las utilidades compartidas. Quedó muy lejos de una política energética integral basada en un desarrollo humano sustentable que abriera en serio la utilización de fuentes de energía renovables; por el contrario, en lugar de impulsar mayores compromisos y metas de protección al medio ambiente frente al fenómeno del calentamiento global se vuelve a postergar el desarrollo de la energía solar, eólica, de biomasa, e incluso se le abrió la puerta a una de las técnicas extractivas más depredadoras del medio ambiente, como es la fractura hidráulica, conocida fracking, para la explotación del gas de esquisto o "shale".
Lo más cercano en términos de transición energética y frente a nuestros propios compromisos en la legislación de cambio climático es la Ley de Energía Geotérmica que, según varias de las voces más expertas, el método de explotación que se desprende de esta ley no es ni limpio ni sustentable, pues no considera que la explotación tiene que hacerse necesariamente mediante un número par de pozos: uno para la salida del agua (o del vapor de agua) del yacimiento y otro para su reinyección al lugar del que salió. Faltaron definiciones sobre el destino de todos los productos químicos tóxicos que se añaden al agua para realizar la perforación de la roca.
El mayor abuso del llamado paquete energético constituye las disposiciones contenidas en los artículos del 100 al 105 de la Ley de Hidrocarburos, toda vez que al ser consideradas las inversiones privadas en exploración y extracción de utilidad pública, éstas adquieren un trato preferente y un régimen especial de adjudicación para el uso y ocupación temporal de las tierras (con lo que se le dio la vuelta a la figura de la expropiación originalmente contemplada en el proyecto), pero de todas maneras poniendo en jaque derechos de propietarios, ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas, pues todos sabemos que las inversiones que en tales casos se realicen tienen licencias de autorización por plazos largos. El colocar el uso de la tierra para la extracción de hidrocarburos por encima del derecho a la alimentación, es un absurdo. Que el Estado expropie por causas de utilidad pública a los particulares tiene sustento en la promoción del bien común; pero que decrete la ocupación "temporal" de las tierras de particulares para entregárselas a particulares en plazos indefinidos es un despojo.
Además a través de la figura de la servidumbre legal de hidrocarburos, se dota al contratista o asignatario del derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un Contrato o Asignación, así como todos aquellos que sean necesarios para tal fin. No hay duda que la reforma es una apuesta abusiva a la paciencia social, pues coloca afectaciones graves al derecho de propiedad.
Resulta inconcebible el desdén y la arrogancia con la que ha actuado la mayoría en el Congreso, no sólo al desoír las demandas ciudadanas, los sustentados estudios de diversas organizaciones sociales y académicas, sino la mecánica de imposición y desorden intencional, ausente el verdadero debate, suplido con jornadas extenuantes de posicionamientos políticos que terminaron con la aprobación de madrugada, en los mismos términos, de las decisiones previamente tomadas no en el Congreso sino en Los Pinos. Porque hubo planteamientos serios y alertas a tiempo, no es cierto que todo fue estridencia; destacan en una dignísima batalla las participaciones de la senadora Dolores Padierna y Alejandro Encinas, informados, con buen nivel argumentativo, así como la consistencia y vigor con la que Manuel Bartlett abordó el desmantelamiento de la industria eléctrica. Pero se prefirió cumplir con el cronometro presidencial que ha impuesto sus tiempos al Congreso, en una de las regresiones más preocupantes del delicado momento mexicano que vivimos. Como nunca en la historia reciente del Congreso se han atropellado las normas que rigen el procedimiento legislativo.
Para la historia de la grotesca nacional queda la defensa que el PVEM hizo de la legalización del fracking en nuestro país. ¿Será el único partido verde en el mundo que defiende ésta técnica, además de proponer la pena de muerte? No hay duda de las delicadas implicaciones ambientales que conllevará esa técnica, que de entrada implica el uso intensivo de agua (se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo), sino también la contaminación del agua; la contaminación del aire (la técnica supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, ya que implica la emisión de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos), así como la contribución directa al cambio climático.
A lo anterior hay que sumar que el fracking es una de las técnicas menos rentables en términos de extracción de hidrocarburos. El Centro de Estudios Fundar reporta que de los 6 pozos perforados en México sobre los que se tiene información, tres han resultado no comerciales; dos no comerciales por no producir condensados, y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados. De acuerdo a un estudio de la investigadora Deborah Rogers, “la industria gasífera en EU ha reconocido que en el 80% de los pozos perforados los costos de producción superan a las ganancias esperadas”.
Las preocupaciones que despierta la legislación secundaria aprobada no sólo tienen que ver con el impacto ambiental; son también las significativas ausencias de medidas efectivas de combate a la corrupción. Siendo impulsor de la transparencia y acceso a la información, me parece totalmente cuestionable que en un tema de trascendencia e impacto nacional no se establezcan los más altos estándares en estas materias y muy por el contrario se contribuya a la opacidad.
También Fundar, hizo un llamado muy a tiempo a los legisladores para que pusiéramos especial atención a este respecto, por ejemplo nos alertaron sobre la Ley de Petróleos Mexicanos en la que se establece que el proceso de contrataciones sólo tendrá carácter administrativo hasta llegar al fallo de la licitación, de modo que una vez adjudicado “todos los actos o aspectos que deriven del contrato serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable”, lo anterior, expresan, supondrá que estos documentos dejarán de ser de carácter público, como lo han sido hasta ahora.
Respecto de la Ley de Petróleos Mexicanos se advierte que si bien Pemex estará administrada por un Director General y un Consejo de Administración, los miembros del Consejo serán designados por el Ejecutivo Federal sin participación del Legislativo, aunado a ello se crea un régimen especial de responsabilidades en manos de un sistema de control interno de la propia empresa, con lo cual “supone un retroceso en el esquema de rendición de cuentas, pues reduce el control externo de la empresa, necesario para evitar que haya conflictos de interés en las tomas de decisiones sobre las irregularidades encontradas”.
La mayor cesión que han hecho los senadores del PAN que dieron mayoría al gobierno, está en la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética; simples dependencias del Poder Ejecutivo, así son catalogadas en el artículo 2 de esta ley, la comisión nacional de hidrocarburos y la comisión reguladora de energía. La necesidad de órganos reguladores fuertes, autónomos, con capacidad para desarrollar, administrar, supervisar y sancionar la industria eléctrica y la producción de hidrocarburos, quedó en el olvido. Como si la historia y la experiencia reciente no nos diera suficientes ejemplos de la enorme corrupción que tiene su fuente en esas asignaciones o contratos multimillonarios, que quedan, al final del día en la discrecionalidad política del Presidente de la República.
En un recuento así, el remate no podía ser menos vergonzoso: La creación, como cínica concesión al PVEM, de la insulsa Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, que no viene más que a debilitar y fragmentar la política ambiental ya que asumirá funciones de Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero asegurará y protegerá los negocios de este partido institucionalizándole una creciente burocracia. La falta de autonomía a esta agencia, como sucede en la mayoría de los países del mundo, es la perfecta síntesis de la contradicción y la simulación de este paquete de reformas: el mismo gobierno que fomentará y atraerá las inversiones extranjeras para explotar hidrocarburos, será el encargado de determinar si son o no susceptibles de ser autorizadas desde su impacto ambiental.
Por estas y otras muchas preocupaciones que estudié a lo largo de las diez leyes que se tocaron en este primer paquete, voté en contra de toda esta legislación secundaria. Consistente además con mi voto en contra de la reforma constitucional de diciembre del año pasado. Lamentablemente las razones, dudas y ausencias que advertí entonces, no sólo no desaparecieron, se reforzaron en un proceso que cedió muchas cosas más, reempoderando al sindicalismo corporativo priísta, flexibilizando la rendición de cuentas y que pretende además convertir los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos en deuda pública nacional. Ante la desproporción del abuso, por lo menos espero que la sociedad reaccione, que despierte y cobre caro a los responsables las consecuencias que sobrevengan.
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