En
algunos lugares del mundo, el acceso a la educación de las niñas sigue
siendo una proeza, como sucede en la selva amazónica de Perú. Crédito:
Milagros Salazar /IPS
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La meta fijada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) de
eliminar para 2005 las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria no se alcanzó, destacaron a IPS especialistas
mundiales en el tema.
Estos planteamientos, realizados en Ginebra, contrastaron con el anuncio
el día 7 de este mes del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
efectuado en Nueva York, de que se había conseguido ya la paridad de
género en la enseñanza primaria en el mundo, entre otros logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en 2000.
La académica jamaiquina Barbara Bailey sostuvo que “a 41 millones de
niñas, en todo el mundo, se les niega el acceso a la educación
primaria. “Eso determina que las mujeres representen cerca de dos
tercios de las 780 millones de personas en el mundo que no saben leer”,
dijo a IPS.
Tales cifras, advirtió, indican que “no solo hemos fracasado en
conseguir el tercero de los ODM (equidad de género), sino que también
es improbable que obtengamos mejores resultados en las nuevas metas
sobre educación que se propondrán para después de 2015, a menos que el
asunto de género se integre plenamente a esos objetivos”.
En septiembre de 2015 los estados miembros de la ONU deberán adoptar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que entrarían en vigor en
diciembre de ese año, cuando prescriban los ocho ODM, que suscribieron
193 gobernantes del mundo.
El tercer ODM promueve con un grupo de metas el avance a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Una de las metas
de ese objetivo es “eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente en 2005, y en todos
los niveles de la enseñanza antes de finalizar 2015”.
El costarricense Vernon Muñoz, asesor en educación de Plan,
una organización internacional dedicada a la atención de la infancia,
expresó dudas sobre el logro del tercer objetivo de los ODM, que
promueve el empoderamiento de las mujeres y la equidad entre los
géneros.
“La paridad de género en la educación, prevista en los ODM, sigue
siendo un desafío en 94 de los 149 países de los que se dispone de
información”, dijo Muñoz a IPS.
Bailey preside un grupo de trabajo creado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, en inglés).
El grupo sostuvo su primer encuentro en el marco de una de las
sesiones anuales del Comité de la Cedaw, que se desarrolla entre el 30
de junio y el 18 de julio en esta ciudad suiza. Así comenzó un periodo
de consultas para la redacción de una recomendación general sobre el
derecho a la educación de las niñas y las mujeres.
El Comité, compuesto por 23 grandes expertos independientes, emplea habitualmente el instrumento de las recomendaciones generales como mecanismo para impulsar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Bailey estimó que es muy estrecha la interpretación que hacen los
estados miembros del artículo 10 de la Convención, referido a la
igualdad de derechos de mujeres y varones en la esfera de la educación.
Los informes periódicos de los estados al Comité omiten referencias
a la forma en que el régimen escolar, “marcado por ideologías,
prácticas y estructuras patriarcales, moldea la experiencia cotidiana
de las niñas y las expone a un ambiente físico, emocional y sexual
abusivo”, apuntó la experta.
También están ausentes con frecuencia de los informes estatales las
referencias a la violencia de género en las escuelas, agregó. El abuso
de sexual contra las niñas, en las escuelas o en camino a esos centros,
es un fenómeno que cada año denuncian unos 60 millones de niñas
afectadas, precisó.
Bailey insistió en que las escuelas pueden ser espacios violentos.
“La medida en la cual la instrucción es un aporte principal a la
construcción de masculinidades hegemónicas y de feminidades sumisas, y
la escuela representa un sitio donde la violencia se reproduce, está,
en mi opinión subestimada”, declaró.
La recomendación general del Comité debe atender “asuntos como el
efecto de los matrimonios precoces en la educación de las niñas, de la
necesidad de una educación sexual integral y de la responsabilidad de
los gobiernos para poner fin a la violencia sexual y el acoso en las
escuelas”, dijo a IPS la representante de Human Rights Watch, Amanda Klasing.
Klasing observó que “los conflictos armados establecen a veces
barreras contra la educación”. En esos casos, las niñas afrontan
desafíos específicos y adicionales cuando son deliberadamente atacadas
las estudiantes y maestras de las escuelas que educan niñas y mujeres,
dijo.
“Grupos armados han atacado, asesinado y raptado a mujeres
estudiantes porque se oponen a que niñas y mujeres reciban educación”,
precisó. “Desde 2005, fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados
irregulares han ocupado y usado escuelas y universidades, con fines
militares, en 23 países”, agregó.
En una descripción preliminar de la recomendación general del Comité
se incluye un punto que propone a los estados la adopción de
disposiciones que aseguren planes de estudio que “respondan al mercado”.
El texto dice que “los estados parte deben alentar a mujeres y niñas
– a través de un currículo basado en el género o de una estructura de
incentivos- a que persigan objetivos educacionales que atiendan las
cambiantes necesidades del mercado”.
Respecto a ese punto, Muñoz comentó a IPS que “la educación, por
supuesto, tiene una relación con la economía y tiene que responder de
alguna manera a las necesidades de la economía, pero otra cosa
completamente distinta es pensar que debe estar subordinada a ella”.
El experto costarricense observó que “los objetivos de la educación
están definidos por los instrumentos del derecho internacional de los
derechos humanos, concretamente por la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Cedaw, y van mucho más allá de satisfacer las necesidades
de los empleadores”.
“Debemos tratar de construir conocimiento para dignificar la vida y
esto por supuesto va más allá de las necesidades del mercado”, concluyo
Muñoz, quien fue relator especial sobre el Derecho a la Educación de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que en 2006 se transformó en el
actual Consejo de Derechos Humanos.
Otra representante de la sociedad civil, Lucy McKernan, de la Iniciativa Mundial por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, manifestó a IPS sus preocupaciones por la discriminación de género en el contexto de la privatización de la enseñanza.
La reciente tendencia a la privatización de la enseñanza en muchos
países “está demostrando tener consecuencias significativas en el
derecho humano a la educación, en termino de calidad y también de
accesibilidad y de asequibilidad”, dijo McKernan.
La privatización “significa a menudo un aumento relativo del costo
de las matriculas escolares y allí reside uno de los más importantes
aspectos desde el punto de vista de la igualdad de género”, alertó.
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