Otro caído en Puebla Antonio Esteban Cruz, líder nahua
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional informa:
“Por la defensa de la tierra, fue encarcelado y golpeado varias veces
en la década de los 70´s y nuevamente en el año 2005. Siempre militante
de la izquierda, primero en organizaciones indígenas locales, luego de
la CIOAC [Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos], lo
fue del Partido Comunista Mexicano (PCM), posteriormente del Partido
Socialista Unificado de México (PSUM) y decidió seguir su lucha
independiente a pesar de los ofrecimientos de traicionar a los suyos y
a pesar de las amenazas de muerte de parte de personas allegadas a los
grupos de poder de la región. Finalmente, desde el año 2011 ha sido un
militante activo del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano
y Popular afiliado a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento
Nacional (MIOCUP – CNPA MN), actualmente se desempeñaba como integrante
del Comité Regional de nuestra organización”.
Por su parte, el
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) sostiene: “…no queda
duda de que el móvil del crimen fue político. Hechos deplorables que se
dan en un contexto poblano de encarcelamiento, persecución, y
hostigamiento en contra de quienes se oponen a la imposición de los
proyectos mineros, hidroeléctricos, de gasoductos, etc., y que por si
fuera poco, alcanza también a periodistas y académicos.
“Antonio Esteban Cruz se une a una indignante lista de ejecuciones
extrajudiciales en lo que va de el primer semestre de 2014: 22 de mayo.
Un comando mató a balazos a Ramón Corrales Vega, ex presidente del
comisariado ejidal de la comunidad Cajón de Cancio, municipio de Choix,
Sinaloa, quien hace tiempo encabezó protestas de campesinos contra la
empresa minera Paradox Global Resources, que explota hierro en
sus tierras; 12 de mayo. La Sra. Sandra Luz Hernández fue asesinada in
Culiacán, Sinaloa, recibió quince disparos en la cabeza a plena luz del
día, era integrante de Madres con Hijos Desaparecidos, una organización
constituida de madres intentando combatir la impunidad por la
desaparición forzada de sus hijos e hijas en México; 11 de mayo.
José
Juan Alejandro Rodríguez Álvarez fue desaparecido 6 días y encontrado
asesinado en el Estado de México, era integrante de Morena en el
municipio de Texcoco, también se desempeñó como activista en contra de
la construcción del gasoducto en dicha localidad; 2 de mayo. José Luis
Solís López, Galeano, fue emboscado junto con otros 60
indígenas en La Realidad, municipio Las Margaritas, Chiapas; 29 de
marzo. Los activistas Ignacio García Maldonado y Emanuel López Martínez
fueron asesinados cuando circulaban en la carretera federal 190
Oaxaca-Istmo, ambos participaron en la APPO, y 21 de marzo. Juan Carlos
Gómez Silvano fue emboscado y asesinado con más de veinte disparos de
arma de fuego de alto calibre, mientras conducía su camioneta estaquita
de pasaje a la altura del crucero de San José Chapapuyil en dirección a
la Comunidad Autónoma Virgen de Dolores, tenía el cargo de Coordinador
regional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San
Sebastián Bachajón y era padre de un bebé de seis meses de edad…”
Para enfrentar y derrotar la política extractivista y la implantación
de megaproyectos por parte del Poder Ejecutivo federal y el gobierno de
la entidad, que se ponen al servicio del gran capital criollo y los
monopolios extranjeros, Antonio Esteban Cruz dio la pelea por el
“derecho a la consulta previa, libre e informada como mecanismo de
inclusión de las comunidades indígenas”. Para ello, hubo necesidad de
recurrir a la organización y la lucha de los indígenas nahuas de la
Sierra Norte de Puebla.
Ante la caída de Antonio Esteban
Cruz, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional
plantea con precisión: “Responsabilizamos del artero crimen de nuestro
compañero al gobierno del estado de Puebla, que después de la formación
del FICAM, mediante llamadas anónimas, hizo amenazas de muerte a varios
integrantes de nuestra organización y de otras organizaciones de la
sierra de Puebla, al gobierno federal ante la implementación de su
política de imposición de proyectos sin ser consultados por las
comunidades, así como ante la falta de solución al conflicto agrario
del predio ‘Paso María Cristina’ y a quienes hayan sido usados como
instrumento del gobierno para cometer este infame asesinato.
“Por lo anterior, exigimos:
“1. El esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero Antonio Esteban Cruz y castigo a los responsables materiales.
“2. Regularización inmediata del predio ‘Paso María Cristina’, municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla.
“3. Diálogo inmediato con el gobierno federal a efecto de atender y
resolver la grave problemática que hemos planteado por conductos
oficiales”.
Es grave la situación
política y social en el estado de Puebla, que mal gobierna Rafael
Moreno Valle, mandatario de militancia panista. A los movimientos
populares, en lugar de darles un trato político y negociar
bilateralmente sus demandas, se les trata con rudeza: golpizas,
encarcelamientos, persecuciones y asesinatos se desarrollan en forma
intermitente. Dicha política ya ha traído como consecuencia la caída de
varios luchadores sociales y elementos del pueblo. El 2 de julio de
2013 fue asesinado el ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla,
destacado intelectual y militante político de izquierda, Óscar Samuel
Malpica Uribe, crimen no resuelto hasta la fecha. En el año en curso,
fue acribillado Antonio Esteban Cruz, y el pasado 19 de julio murió en
un hospital de la capital poblana el niño José Luis Alberto Tehuatlie
Tamayo, después de ser herido con una bala de goma en la cabeza
disparada por integrantes de un cuerpo policíaco. Son crímenes que no
deben permanecer impunes. Las autoridades están obligadas a localizar a
los culpables materiales e intelectuales, detenerlos, procesarlos y
castigarlos de acuerdo con la ley, así como deben derogar la represiva
e inhumana Ley Bala, indemnizar a los familiares del
niño asesinado y a los heridos de la acción violenta del 9 de julio
retropróximo, excarcelar a los presos políticos y cesar la represión
contra el movimiento social. La seguridad de los poblanos así lo
demanda.
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