Por Mauricio Torres
adnpolitico.com
Las leyes secundarias en materia de energía arrancan este lunes una
etapa crucial, en la que el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá
siete dictámenes —cuatro de ellos ya avalados por el Senado— que
modificarán el marco jurídico que regula el sector desde la
expropiación petrolera de 1938.
Estos
dictámenes incluyen 21 normas y parten de las iniciativas que el
presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso el 30 de abril. Con
ellos, se busca reglamentar la polémica reforma constitucional
promulgada en diciembre de 2013, cuyo eje es abrir la industria
mexicana a la inversión privada nacional y extranjera.
Tanto la
reforma a la Constitución como las leyes secundarias son impulsadas por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción
Nacional (PAN), primera y segunda fuerza en las cámaras,
respectivamente.
Por el contrario, estas propuestas son
rechazadas por los tres partidos de izquierda —de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano—, los cuales
consideran que estas medidas representan la entrega a particulares de
los recursos energéticos del país y exigen que el tema se someta a una
consulta popular.
En el Pleno del Senado, la discusión de los
cuatro primeros dictámenes tomó alrededor de 62 horas distribuidas en
cinco días —del 17 al 21 de julio—, un periodo que los diputados
estiman será más largo en la Cámara Baja, tanto por el mayor número de
documentos a debate como por el mayor número de legisladores (500,
cuando en la Cámara alta hay 128).
Silvano Aureoles, coordinador
de la bancada del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) en la Cámara de Diputados, consideró que el proceso puede
concluir el sábado 2 de agosto pero aclaró que puede extenderse aún
más.
Para agilizar la discusión, la Jucopo acordó que las
reservas que los diputados tengan a cada dictamen se agrupen por temas,
en vez de que sean presentadas de una en una.
Este último
procedimiento se siguió en reformas como las leyes secundarias de
telecomunicaciones, cuando los opositores a la propuesta presentaron
cientos de reservas —todas ellas rechazadas— en una sesión que superó
las 20 horas.
"Se ha aprobado un acuerdo que permite que esta
discusión sea lo más amplia posible", dijo Aureoles a medios el pasado
22 de julio.
"Lo que busca el acuerdo es ordenar el debate (...)
Primero, ordenar que sea del mismo tema. Segundo, que no sea el
monólogo que vimos durante la discusión de telecom, en donde subes y te
desechan y así nos pasamos horas y horas", agregó.
Hasta ahora,
sin embargo, las bancadas no han llegado a un acuerdo sobre qué
horarios tendrán las sesiones, ni sobre si se fijará una hora límite
para la votación de cada dictamen en lo general y que entonces comience
la discusión en lo particular, según legisladores consultados.
En
el Senado, los grupos parlamentarios acordaron iniciar cada sesión
entre las 11:00 y las 12:00 horas y votar en lo general a las 19:00.
Cada reunión del Pleno duró un promedio de 12 horas.
7 dictámenes bajo la lupa
Los
cuatro dictámenes avalados por el Senado incluyen las leyes de
Hidrocarburos, de Industria Eléctrica, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los órganos
reguladores del sector.
Por acuerdo entre los diputados del PRI
y del PAN, tres de ellos se aprobaron en comisiones sin cambios, lo que
implica que si el Pleno les da el visto bueno, serán enviados al
presidente de la República para que los promulgue.
El único en
el que se han hecho modificaciones es en el de las leyes de Pemex y de
la CFE. A propuesta del PRI y del PAN, la Cámara Baja perfila dar mayor
autonomía presupuestal a ambas empresas, un cambio que obligaría a que
el documento regrese al Senado para una nueva revisión.
Los
otros tres dictámenes —con las leyes de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, del Fondo Mexicano del Petróleo y de Ingresos sobre
Hidrocarburos— llegaron a los diputados como cámara de origen porque se
relacionan con el erario público.
El más polémico es el de
Presupuesto, pues plantea que el Estado asuma los pasivos laborales de
Pemex y de la CFE, que en conjunto ascienden a 1.6 billones de pesos.
Si
quedan avalados en la Cámara Baja, tendrán que ser remitidos al Senado,
lo que se prevé ocurra entre el 1 y el 3 de agosto, según dijo el
coordinador del PAN en la Cámara Alta, Jorge Luis Preciado, en un
encuentro con medios el 21 de julio.
La izquierda, por la consulta popular
La
reforma energética y sus leyes secundarias son una de las principales
apuestas del gobierno de Peña Nieto y del PRI, que las describen como
medidas necesarias para modernizar la industria e impulsar el
crecimiento económico del país.
"No se trata de una reforma para
afectar o despojar a nadie, sino para consolidar al país como una
potencia energética, promover el desarrollo y la competitividad de la
industria nacional y tener precios accesibles de luz y gas natural",
dijo el 24 de julio el coordinador de los diputados del PRI, Manlio
Fabio Beltrones.
En el mismo sentido, los legisladores panistas
defienden su apoyo a la reforma argumentando que fue un cambio que su
partido buscó en los 12 años que ocupó el gobierno federal, de 2000 a
2012.
Para la izquierda, en cambio, estas medidas implican
revertir la expropiación petrolera que decretó el entonces presidente
Lázaro Cárdenas, así como un "despojo" para el país.
Por esa
razón, tanto la dirigencia como los legisladores del PRD advierten que
a pesar de que se prevé un triunfo de la mayoría PRI-PAN en las cámaras
legislativas, buscarán que en 2015 el cambio se frene a través de una
consulta popular.
"No nos vamos a detener. Ellos, PRI, PAN,
pueden ganarnos las votaciones en las cámaras de Senadores y Diputados,
pero no nos van a ganar con la consulta popular. Habrá consulta en el
2015 y les vamos a ganar el 'no' a esas reformas en materia
energética", dijo recientemente el presidente nacional del PRD, Jesús
Zambrano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario